El pasado 10 de marzo, dentro de la operación contra el blanqueo de capitales  denominada “Ballena Blanca”, se produjo en Marbella una espectacular operación policial con detención de abogados, notarios y empleados de despachos profesionales. Las indiscriminadas y precipitadas imputaciones que se produjeron en las informaciones de prensa, radio y televisión levantaron gran escándalo y una grave conmoción social. El Decano de los abogados implicados salió en su defensa, el Consejo General del Notariado dio una nota aclaratoria y varios notarios –Vicente Moreno Torres, José Aristónico, Leopoldo Martínez Salinas y Blanca Valenzuela– publicaron artículos denunciando las injustificadas acusaciones que se habían vertido a la ligera contra los notarios. Para aclarar la función notarial en este campo y dejar patente el pleno compromiso de los notarios con la lucha contra el blanqueo de capitales ilícitos y las dificultades técnicas que para ello deben superar, el Colegio Notarial de Madrid convocó en su sede –al tiempo que entraban en vigor las nuevas disposiciones que  trasponen la 2ª Directiva Comunitaria, que habían provocado una circular del Consejo y otra del Colegio de Madrid– una mesa redonda en la que participaron representantes de la Abogacía, de las entidades financieras,  de la Comisión de Prevención del Banco de España, de la Policía judicial, de la Magistratura y del propio Notariado, y que fue presidida por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. La reunión giró bajo un lema de Platón (República,  433): La justicia consiste en la perfección con que cada clase  dentro del estado abraza su virtud específica y cumple la misión esencial que le  corresponde.

El acto tuvo lugar, bajo la presidencia del ministro y con asistencia de casi tres centenares de personas, en la sede del propio Colegio Notarial de Madrid –que hubo de habilitar tres salones unidos al principal por circuito cerrado de televisión– y mediante sistema de videoconferencia, en el Colegio Notarial de Galicia y en la Kutxa de San Sebastián. A la mesa redonda, que fue moderada por el Decano del Colegio, José Aristónico García, siguió un animado coloquio que hizo que el acto se prolongara durante más de tres horas. “Nada en el Reglamento objetiva la responsabilidad por acierto de la sospecha, nada permite deducir responsabilidad disciplinaria y consiguientemente desencadenante de un derecho sancionador con respecto al acierto de la sospecha (…)  se trata de que, entre todos y aplicándonos a fondo, podamos contribuir a que el servicio de prevención del blanqueo de capitales sea más eficiente y demos mayor garantía”, dijo el ministro.

Compromiso del Notariado en la lucha contra el blanqueo.
En la presentación, el Decano hizo referencia a que “los capitales ilícitos que aspiran a blanquearse son fruto de los peores crímenes contra la humanidad, proxenetismo, narcotráfico, terrorismo, venta de órganos, incluso genocidios (…) La comunidad internacional clama por una acción concertada que asfixie estos capitales inicuos e impida que se oxigenen a través de sociedades pantalla, operaciones de comercio electrónico, negocios inmobiliarios o cualquier otro artilugio de blanqueo”. Señaló asimismo el Decano las dificultades que encuentran los notarios para detectar los negocios ilícitos que se puedan esconder tras las actuaciones lícitas que tienen lugar en las notarías. “Nada puede hacer el notario español, ateniéndose a su Ley reguladora, para seguir la pista a las corrientes financieras pues, al revés que otros Notariados y a pesar de su reconocida mayor preparación técnica, nunca ha tenido entre sus funciones las de ser depositario, fiduciario o gestor de fondos o patrimonios (…) ¿Qué adelantamos controlando las sociedades que se constituyen en las notarías españolas si se dejan circular impunemente las 100.000 sociedades inverosímiles domiciliadas en Gibraltar, fundamentalmente para comprar en las costas españolas y cuya pista final se pierde en una caja bancaria de algún paraíso fiscal? (…) ¿Qué decir de las sociedades de Panamá, Paraguay, casi cualquiera de las islas del Caribe, los centros financieros de Singapur o Hong Kong, o los privilegios fiscales de Luxemburgo, o las fundaciones de Liechtenstein y Suiza, o las sociedades informales que se crean ad libitum en el Estado norteamericano de Delaware, que no cumplen ningún requisito de seguridad e identificación y sin embargo no tienen ningún control y ninguna restricción operativa? (…) Al notario, que representa la cara rigurosa del control legal, sólo se le confía una parte, la inocente, la netamente impecable, de la operación en su conjunto”. Pese a todas esas dificultades y contradicciones, el Decano aseguró que, aunque se les está pidiendo algo difícilmente controlable y para lo que no disponen de todos los medios, “los notarios intensificarán, en el sentido que la Ley impone, su leal colaboración con todos los estamentos implicados en la lucha contra crímenes tan execrables como los que se suelen esconder detrás de las operaciones de blanqueo o lavado de capitales”.

Las profesiones jurídicas y la lucha contra el crimen organizado.
En las palabras de clausura, tras agradecer la iniciativa de la mesa redonda por esta “institución ilustre que sirve al Derecho con prestigio bien ganado y reconocido”, el ministro López Aguilar pidió el apoyo de los notarios a la lucha contra el crimen organizado, del que forma parte el blanqueo de capitales: “Esta profesión jurídica ilustre integra a un cuerpo de funcionarios del Estado, de servidores del Estado que tienen contacto con la ciudadanía y con sus intereses vivos (…) que tiene en la persona del cliente una referencia principal en el servicio a sus derechos y a sus intereses legítimos, y que por tanto puede aportar mucho a la lucha contra el crimen organizado (…) que se traduce en la generación de impresionantes caudales de dinero ilícitamente obtenido”. Para el ministro “el cuerpo de notarios tiene arraigo social, está formado por personas informadas, ilustradas, conocedoras del Derecho, pero también conscientes del mundo en que viven y del entorno social, de sus preocupaciones y de sus valores a los que debe servir (…) puede jugar un papel muy importante en la lucha contra el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos y consiguientemente contra el crimen organizado”. Añadió que el blanqueo o lavado de dinero tiene, en España, presencia masiva y repercute duramente en un sector de la actividad económica de un tiempo a esta parte”. Al referirse a la incidencia en el sector inmobiliario y “la colusión que presiona sobre las Administraciones públicas, especialmente sobre las locales, e incide claramente enla generación de una fenomenología de corruptelas o corrupción en la definición o ejecución de determinadas políticas urbanísticas”, advirtió que “sería imperdonable que lo ignorásemos y que no lo expresáramos, porque tenemos el derecho y el deber de hacerlo”. López Aguilar expresó su acuerdo con el magistrado Martín Pallín respecto a la necesidad de una Fiscalía europea para la lucha contra la criminalidad supranacional y contra las violaciones de los intereses de la Unión. “Hay en el horizonte de esta Legislatura el desafío de una renovación y actualización constitucional del enjuiciamiento criminal”. Tras asumir que los artículos 262 y 263 de la Ley de Enjuiciamiento criminal “se ve que fueron redactados hace mucho tiempo”, el ministro reconoció la necesidad de actualizar el procedimiento criminal y afirmó que está en la agenda del Gobierno. “La seguridad es un valor progresista, porque no hay mayor injusticia que la inseguridad que padecen los más débiles”, afirmó el ministro, que había seguido con interés todas las intervenciones, y para quien la expresión más señalada de la ambición constitucional de la Unión Europea es “la construcción de un espacio de libertad, justicia y seguridad”, tarea en la que –señaló– España estará en la locomotora de su construcción, para lo que se necesita la participación decidida de los profesionales del Derecho y la Justicia. López Aguilar cerró el acto expresando gratitud y reconocimiento a notarios, abogados, procuradores, en definitiva, todos los sujetos de las transacciones que en el tráfico jurídico pueden dar noticia de operaciones que ayuden a los servicios que luchan contra el blanqueo. “Les quiero convocar a la continuidad en ese esfuerzo para que la seguridad se abra paso en un mundo inseguro (…) para que la Unión Europea sea un actor confiable y un  promotor de seguridad en un mundo abierto, global, en el que tenemos que caminar con perfecta conciencia de cuáles son los males a que nos enfrentamos”.

Análisis individualizados de las operaciones sospechosas.
El director adjunto del servicio ejecutivo de la Comisión de prevención de blanqueo de capitales del Banco de España, Ignacio Palicio, fue el primero en tomar la palabra y subrayar que se vive un momento “especialmente importante” de la lucha contra estas actuaciones delictivas. Atribuyó esta circunstancia a dos razones principales: el cambio de actitud al respecto por parte de países, instituciones y empresas, así como el “riesgo reputacional” implícito, para los sujetos obligados, a cualquier incidencia relacionada con el blanqueo de capitales derivados del narcotráfico, la delincuencia organizada y otros delitos graves. Acontecimientos recientes han evidenciado además la necesidad de reforzar el sistema de prevención del blanqueo de capitales para luchar contra el terrorismo internacional, lo que se ha traducido –dijo– en una reforma profunda del marco regulatorio en la mayoría de los países. Tras subrayar el carácter “fundamentalmente preventivo” de la legislación española, que pretende “proteger nuestro sistema económico y proteger también a cada uno de los sujetos obligados”, Palicio indicó que, a diferencia de otros países, donde se pone el énfasis en mayor número de operaciones declarables, la piedra angular del sistema español es “las comunicaciones individuales de operaciones sospechosas”.  Explicó la doble dependencia del servicio ejecutivo, que funcionalmente depende de la Comisión que preside el secretario de Estado de Interior y desde el punto de vista de medios está adscrito al Banco de España. Es el servicio que analiza las comunicaciones de “operaciones sospechosas” que se reciben de los sujetos obligados a efectuarlas y supervisa la idoneidad de los procedimientos que dichos sujetos obligados tienen establecidos. En definitiva, el servicio ocupa una posición intermedia entre los sujetos obligados –de quienes recibe las comunicaciones, las enriquece y analiza– y las autoridades judiciales y policiales encargadas de la represión de los delitos, a las que traslada los resultados del análisis. El ponente puso especial énfasis en que “la clave y piedra angular de nuestro sistema” es que estos análisis de las operaciones son “individualizados”. Entre los requisitos de las comunicaciones, Palicio se refirió en primer lugar a la relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que intervienen en la operación y el concepto por el que lo hacen, así como la identidad de las personas por cuenta de quienes actúan cuando no lo hacen por cuenta propia. Debe incluirse la actividad conocida de esas personas físicas o jurídicas y la “correspondencia” entre su actividad y las operaciones realizadas. No sólo es preciso relacionar las operaciones y fechas, sino también su cuantía, moneda en que se realizan, lugares de ejecución y finalidad, instrumentos de pago o cobro utilizados, etc., así como los indicios de falta de justificación económica, profesional o de negocio. El representante del Banco de España subrayó el “riesgo reputacional”, en el sentido de que si en un momento determinado “el sujeto obligado, aunque sea de manera inadvertida para él, se ve implicado en un proceso de blanqueo de capitales, la propia esencia y supervivencia de su negocio podrían estar en riesgo”.

La prevención es esencial contra el crimen organizado.
Juan Antonio Gonzalez García, comisario jefe de la Policía judicial, inició su intervención con algunos ejemplos de fraudes por parte de grupos de crimen organizado, como la venta fraudulenta de viviendas previamente tomadas en alquiler y sin conocimiento de los verdaderos propietarios. Delitos que podrían haberse evitado con la comprobación del DNI, escaneado en la notaría, por parte de la Policía judicial. Tras poner de manifiesto la creciente exposición de los ciudadanos al crimen organizado, explicó la puerta en marcha de la Unidad central de delincuencia económica y de grupos de respuesta especial contra el crimen organizado (GRECOS) en las áreas territoriales de más riesgo. Para luchar contra el blanqueo de capitales ilícitos explicó ejemplos de cooperación con Interpol y Europol, así como con las policías judiciales de otros países, especialmente europeos. Se refirió a casos de delincuentes que obtienen en un país grandes ingresos de la prostitución, el tráfico de órganos, el narcotráfico, la venta ilegal de armamento, etc. y que invierten ese dinero, a través de sociedades, en otro país, por ejemplo, en España. En estos casos, la investigación se orienta a detectar bienes por encima del patrimonio conocido, conexiones con actividades delictivas, signos externos de poderío económico, amigos, familiares, relaciones con despachos profesionales, entradas y salidas rápidas de fondos de las entidades financieras, escrituras societarias que empiezan en un paraíso fiscal y luego, a través de varios países, llegan a donde se va a realizar la inversión… El comisario jefe se refirió a la necesidad de que los despachos profesionales adviertan de los casos en que las mismas personas participan en la constitución de numerosas sociedades, o del nombramiento de administradores de cualificada incompetencia, o de sociedades patrimoniales de bajo capital sobre las que se constituyen importantes hipotecas. Aseguró también que la Policía judicial no se dirige nunca a investigar a un profesional, sino que sólo lo hace y comunica al juez cuando de los Registros de la propiedad o mercantil aparece lo que ha pasado en un determinado despacho. No se realizan por tanto “actuaciones indiscriminadas” sobre un profesional de cualquier tipo, sino que la Policía judicial cuenta con la orden y el visto bueno del Juez y de la fiscalía. 

Formación y tecnología en las entidades financieras.
María Valdés Galera, directora de prevención de blanqueo de capitales de CajaMadrid, comenzó su intervención detallando las cuatro perspectivas desde las que el sistema financiero cubre, básicamente, el riesgo de blanqueo de capitales ilícitos. Para las entidades financieras –explicó–, el blanqueo de capitales es un riesgo, no sólo un riesgo legal, sino también un riesgo de imagen y reputación, ya que si una entidad tiene procedimientos o procesos menos elaborados, las personas que se dedican al blanqueo tendrán preferencia por acudir a ella. En consecuencia, un Banco o Caja tiene que prevenirlo en lo normativo, en lo tecnológico, con una intensa formación y sensibilización del personal, y con una política específica de dotación de recursos humanos para la estructura organizativa. Esta política de prevención supone, en las entidades financieras, sofisticados procedimientos de aceptación, identificación y conocimiento de los clientes. Hay casos obvios, de personas incluidas en listas negras internacionales, pero hay otros menos obvios, de personas que ponen dificultades de completa identificación, o cuentas que se abren para recibir y reexpedir ingresos, especialmente si es hacia el exterior, etc. Se presta especial atención a las cuentas “espontáneas”, es decir, a las que no son fruto de la acción comercial, sobre todo si el domicilio del cliente está lejos de la oficina bancaria. Todo ello se complementa con acopio de documentación acreditativa de la actividad profesional o empresarial del cliente. Luego, la tecnología es muy importante para tratar los datos de millones de clientes. Así, se necesitan aplicaciones informáticas que, con periodicidad precisa, den puntuación a los clientes, los ordenen en determinado ranking, etc. En el caso de Cajamadrid tiene 17 variables, con datos personales, como el país de nacimiento, de origen, de nacionalidad, de residencia fiscal… No es lo mismo una persona que ha nacido en un país, tiene la nacionalidad de otro y reside fiscalmente en un tercero, que otra persona en que todo ello coincide en un solo país. Otros datos siguen la tipología de las operaciones del cliente, por ejemplo, si hace muchas operaciones en efectivo, o trasferencias elevadas al extranjero. También es más sospechoso un cliente cuanto más rápido fluyan los fondos dentro y fuera de sus cuentas. Asimismo, la aplicación informática detecta automáticamente los datos para las comunicaciones mensuales telemáticas al servicio ejecutivo del Banco de España, por ejemplo, cheques, trasferencias o efectivos superiores a 30.000 euros, compraventa de moneda extranjera, cargos y abonos en cuentas de titulares residentes en paraísos fiscales, etc. En cuanto a las listas negras internacionales, Cajamadrid no sigue sólo las que, por prevención del terrorismo, imponen el bloqueo de cuentas y saldos, sino también las que no son obligatorias en España, como las listas de Estados Unidos de narcotraficantes y similares. Asimismo se accede a las bases de datos del Registro Mercantil. En el caso de Cajamadrid, toda la información se analiza en tres niveles: la propia oficina, el responsable de riesgos crediticios y los servicios centrales. Puede haber clientes con los que se rescinde la relación, y otros a los que se hace un seguimiento atento. Destacó María Valdés Galera que, sobre estas cuestiones, Cajamadrid impartió en 2004 un curso por Internet a diez mil empleados, y lo complementó con cursos presenciales en las zonas territoriales más sensibles. Y añadió que “después de un curso presencial se dispara el número de comunicaciones de las oficinas a las que están adscritas las personas que han asistido a los cursos”. Tras señalar que se están estableciendo filtros para las relaciones con otras entidades financieras internacionales, renunciando a establecer relaciones o abrir cuentas de corresponsabilidad con ellas si no están activamente implicadas en la prevención del blanqueo de capitales ilícitos, concluyó su intervención con “la mala noticia de que, después de todos estos controles y procedimientos, no podemos estar seguros de que nuestra entidad financiera no esté siendo utilizada. Cada vez el blanqueo es más complejo, los sistemas se sofistican más, intervienen numerosas jurisdicciones y nosotros tenemos una visión parcial de la operativa que se está desarrollando”.

El secreto profesional, la delación y la sospecha.
El Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, con una referencia al núcleo del conflicto entre la colaboración en la lucha contra el blanqueo y el compromiso con el secreto profesional: “Antes de hablar del secreto profesional convendrá decir cómo se guarda un secreto. Y no hay más que una manera de guardarlo, no diciéndoselo a nadie (…) Cuando las constituciones dicen a los ciudadanos que tienen derecho a callar, no sea el camino tan fácil como preguntarle luego al abogado”. Tras explicar que el secreto profesional del abogado es, en nuestro ordenamiento, un sistema “vigoroso, fuerte y adecuado”, añadió que “el abogado, consciente de que su posición es vigorosa y blindada en cuanto a la tutela del secreto profesional, debe ser además consciente de que lo que allí se tutela es precisamente el sistema general de acceso a la justicia, pero no se tutela la evasión de la justicia”. Añadió Martí Mingarro que la convicción de los abogados contra ese mundo procaz y reprochable del blanqueo “de ninguna manera tiene que apartarnos del camino, ni dejar que nadie se aparte del camino, para que las zonas de confusión y penumbra no penetren en lo que tiene que estar esencialmente blindado porque así lo ha querido la sociedad”. Destacó que el secreto profesional no es un invento de los abogados para los abogados, sino “una tradición de la historia jurídica y por tanto de la civilización del mundo occidental para la tutela de los derechos de la ciudadanía”. Señaló en cambio el riesgo de que se mezclen actuaciones profesionales y puso el ejemplo de las auditorías: “El auditor tiene el deber de contar todo lo malo que encuentre y el abogado tiene el deber de callarlo y utilizarlo naturalmente en sede jurisdiccional para la defensa. Si se mezclan esas dos profesiones en su gestión habrá mucho más la tentación de querer tapar lo que no se debe, que ver lucir lo que sí se debe lucir”. Se entra en otro terreno preocupante  cuando el abogado es mandatario. “Usar del mandato para la gestión, sea inmobiliaria, financiera, para hacer de operador ocasional o fijo, es estar en las obligaciones normales de los que están en esos campos. Y no veo forma de hacer una exclusión, porque sería crear un tipo de operador con un blindaje que no tienen los otros”.  Tras referirse a la protección que los poderes públicos españoles dan al secreto profesional del abogado –que tiene menos acogida y comprensión en otros países–, el Decano afirmó que “debemos, en correspondencia, estar muy atentos para que el secreto profesional del abogado, derecho del ciudadano y deber suyo, no se utilice como blindaje para evitar operar en determinados mercados en las mismas condiciones que los demás operadores”. Advirtió, sin embargo, del peligro de crear un mundo sumido en la sombra de la sospecha: “Hacer que una sociedad viva en un mundo plagado de la hipótesis de la delación es muy mal asunto para la vida misma en libertad, es el paso anterior a Orwell, es un paso que no debemos dar (…) No queremos que haya zonas exentas de la ley, sino que queremos que las zonas libres de la sociedad estén exentas del mundo de la delación y de la sospecha”. Los poderes públicos tienen que asumir la carga de una enorme eficacia de gestión y no pensar que, delegando de alguna manera esas funciones, se asume esa carga sin pagar un alto precio social. “En un primer estadio de estas medidas la sociedad se siente defendida, pero en el segundo estadio se siente amenazada”.

El papel de la información es crear alarma social.
El presidente de la Asociación de la Prensa, Fernando González Urbaneja, comenzó su intervención subrayando que “allí donde el deber del abogado es el deber del silencio, el deber del periodista es el contrario, el de informar, el de contarlo todo (…) En el tema del blanqueo de capitales ilícitos, el papel del periodista tiene que ver con eso que llamamos alarma social (…) Si informamos, creamos alarma social”. En la compleja sociedad actual, es creciente la dificultad para el trabajo de los periodistas, como de los fedatarios públicos o de los perseguidores del delito. Los periodistas sufren el acoso de los fiscales, de los magistrados, de los policías, de los delincuentes, de todos aquellos que quieren configurar los hechos de una forma que les favorezca o les permita exponer sus razones. El trabajo del periodista tiene contradicciones que tienen que ver con la inmediatez y la complejidad de la información, y tiene dificultades que tienen que ver con la enorme y creciente capacidad de las fuentes para manipular, para gestionar, para presentar la información de la forma más favorable. Expuso detalladamente González Urbaneja las dificultades y riesgos actuales de la información, así como la dificultad de conciliar calidad y simplificación. “Los periodistas solos no vamos a ser capaces de asumir ese riesgo (…) Es una profesión que requiere mucho más debate, mucha más preocupación, mucha más tutela desde la sociedad que desde los organismos públicos (…) Desde los poderes públicos, la tentación más relevante frente al mundo de la información es la manipulación.” Destacó la importancia de la información libre para las garantías de defensa y de protección individual y colectiva, y para la reputación de las personas y de las instituciones, y concluyó con una referencia a situaciones contradictorias, quizá exigibles por la madurez de la democracia, como que una mayor seguridad jurídica se convierta en inseguridad jurídica.

El inmenso potencial informativo de las escrituras públicas.
La siguiente intervención, que correspondió al notario Juan Álvarez-Sala fue seguida, como es natural, con especial interés por los numerosos asistentes a la mesa redonda, tanto en los cuatro salones abiertos por el Colegio Notarial de Madrid como en los dispuestos en Galicia y el País Vasco mediante videoconferencia. Un amplio resumen de la misma se incluye en las páginas ……. “Me ha correspondido hablar, en el orden o en la secuencia de intervenciones en esta mesa redonda, después del abogado y antes de que tome la palabra el juez. Quizá porque la posición del notario en la vida jurídica está un poco también entre el abogado y el juez”, comenzó, para referirse seguidamente a un “conflicto de lealtades” del notario entre el cliente y el Estado. “El notario continental es una figura anfibia (…) dos cosas a la vez. Como el abogado, es un profesional del derecho que tiene sus clientes, se esfuerza y compite por merecer su confianza, ligado a ellos por un secreto profesional. Pero es también al mismo tiempo, como el juez, un funcionario público a quien el Estado encomienda un control preventivo de la legalidad (..) Por un lado sirve a su cliente, que es quien le paga, y por otra parte, como servidor público, debe servir al Estado antes que al cliente, sobre todo cuando los intereses de uno y otro entran en conflicto”. Relacionó Álvarez-Sala la reiterada y constante información que los notarios proporcionan a las autoridades en materia de inversiones extranjeras, en materia de impuestos, mandando índices y estadísticas periódicas a los Ayuntamientos, a la Delegación de Hacienda, a los propios Colegios Notariales que a su vez irradian esta información, para concluir que no les causa preocupación otra comunicación más, en este caso al Servicio ejecutivo de prevención de blanqueo de capitales. “Lo que nos preocupa no es tener que comunicar, sino saber qué comunicar, cuándo, por qué, en virtud de qué elementos, bajo qué circunstancias, de qué síntomas debemos albergar sospecha”. El carácter asintomático del blanqueo de capitales como actividad delictiva, acentúa esas dificultades, ya que el notario no tiene las claves para desenmascar las complicadas tramas del blanqueo de capitales. “Que una banda de traficantes de armas o de drogas, con ramificaciones en lejanos países, haya utilizado una notaria, incluso que haya utilizado con asiduidad la misma notaría, no convierte al notario en sospechoso ni en negligente”. Se refirió a las tres reglas formuladas en los foros internacionales: conoce a tu cliente, sigue la pista del dinero, comunica tu sospecha. Para las dos primeras, indicó, los Bancos tienen una posición de ventaja, como también las empresas de auditoría, pero en cambio los notarios tienen muy difícil ambas cosas. “Los notarios operamos con sociedades, y no sabemos, no podemos saber realmente con quiénes operan (…) Los verdaderos entresijos de la operación económica el notario no los conoce, ni tiene medios ni oportunidad de conocerlos, no están bajo su control (…) En España, a diferencia de lo que ocurre en otros notariados europeos, el precio de las compraventas inmobiliarias no se entrega en depósito al notario (…) El flujo económico está fuera de su control y difícilmente puede entonces seguir su pista.” Concluyó Álvarez-Sala su intervención advirtiendo que la principal aportación de los notarios en la lucha contra el blanqueo no puede depender “del olfato singular de cada notario, de su sagacidad personal más o menos intuitiva”, sino del potencial informativo del Notariado a partir del material ingente de datos que proporcionan las escrituras públicas. “Lo difícil es conseguir que ese banco inmenso de datos no sea un archivo inerte, sino dinámico, capaz de detectar, a través de un tratamiento informático globalizado y permanentemente renovado, los elementos indiciarios resultado de informaciones cruzadas, poniendo en relación muy distintas notarías, en lugares también muy distantes”. Advirtió finalmente de las contradicciones legislativas que, por una parte, demandan más información y por otra, eliminan formalismos, toleran e incluso a veces fomentan la opacidad de ciertos activos, y permiten la cotización bursátil de sociedades controlables en realidad de modo extra-bursátil.

El dinero ilícito procedente de la corrupción política.
Cerró el turno de ponentes el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien empezó su intervención con una advertencia: “Tratar de enfrentarse a este problema –cuando en los circuitos financieros, en los de producción, en los flujos de capitales, en las transacciones, se introducen factores cancerígenos como son esos capitales procedentes de delitos, de origen pues netamente ilícito– con los instrumentos del pasado, yo creo que es desenfocar la cuestión y situarnos en el desamparo o ante el peligro de una descomposición paulatina de las sociedades y de los mercados”.  Defendió Martín Pallín el papel del juez de Instrucción, al que algunos quieren descabalgar “porque realmente tiene en su poder la llave de la libertad, de la economía, de la dignidad, del crédito social y público de las personas, pero un poder que, administrado y controlado en una sociedad democrática, no creo que a nadie le resulte sospechoso”. Señaló el magistrado que los problemas pueden empezar cuando se ponen en marcha mecanismos normales de investigación que se convierten en extraordinarios, como, por ejemplo, la entrada y registro en el despacho profesional de un abogado o de un notario, o en una entidad financiera o en el propio Banco de España. Se disparan las alarmas, pero muchas veces es imprescindible hacerlo. No se puede avisar previamente de que se va a entrar en un lugar donde previsiblemente están los elementos del crimen, las piezas de convicción, “porque la consecuencia lógica, si esos delincuentes de alto standing no han perdido la cabeza, es deshacerse de las pruebas para que no puedan ser ocupadas (…) El factor sorpresa juega un papel indispensable”. En opinión del magistrado se puede avisar al profesional, pero sólo una vez que la policía ha tomado el control del escenario, para que sea testigo de que las cosas se hacen con arreglo a la ley y con respeto a las garantías. Señaló también que las posibles fugas de pruebas serían mucho más difíciles en una notaría, por la clasificación del Protocolo. Martín Pallín consideró imparable la trasformación legal y subrayó que, si va adelante la Constitución Europea, tendremos una Fiscalía europea con imparable operatividad. Advirtió el magistrado que “tenemos continuas advertencias de la Unión Europea y del Consejo de Europa sobre que España no cumple sus obligaciones en la lucha contra algo de lo que aquí no se ha hablado. Aquí se ha hablado de dinero procedente de la droga, la prostitución, el tráfico de seres humanos o de órganos, la venta ilegal de armas, etc., pero no se ha hablado del importantísimo caudal de dinero ilícito procedente de la corrupción, es decir, de la especulación, el soborno de políticos, los grandes intereses inmobiliarios, por ejemplo. Aquí sí que la labor de los notarios es importante, porque van a pasar por sus manos gran parte de estas operaciones”. Se refirió humorísticamente Martín Pallín al desfasado concepto “agropecuario” del cohecho como la dádiva en contraprestación al favor de un funcionario público. “El peligro no es ese, lo dice la UE en sus últimos informes (..) ahora la necesidad es reforzar la integridad y responsabilidad de las empresas, intensificar la lucha contra la corrupción política y la financiación ilegal de agentes sociales y otros grupos de intereses”. El magistrado fue especialmente rotundo: “Creo que en España es cuantitativamente muy superior el dinero ilícito de la corrupción que, por ejemplo, el de la droga, que está más en los bancos de Nueva York y en los paraísos fiscales”. Por ello, pidió a los profesionales –abogados, notarios, jueces, agentes financieros– que presten especial atención a las maniobras sospechosas, como las trasferencias instantáneas de grandes sumas recién ingresadas, los numerosos pequeños depósitos, etc. y censuró la relajación respecto al control del uso de identidades falsas y testaferros. Elogió la contribución de la mesa redonda al debate sobre cómo deben funcionar los mecanismos preventivos “porque en todo caso, la intervención del proceso penal, la intervención de los jueces, es un  fracaso de la sociedad (…) Nos gustaría intervenir menos porque la sociedad haya sido ágil y haya tenido suficiente conciencia de a lo que se enfrenta”.