Una entrevista de Carlos E. Rodríguez

La Comisión Europea, y particularmente el puesto de Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, es una excepcional atalaya de observación y un responsable puesto de timón, en el que ahora se encuentra un político español de sólida formación económica y jurídica, el socialista Joaquín Almunia, quien responde en esta entrevista a cuestiones de máximo interés general en relación con Europa y con la marcha de la economía española. 

Nacido en Bilbao en 1948, dentro de una familia de la alta burguesía, el que llegaría a ser muy relevante político socialista Joaquín Almunia, y en la actualidad Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, se licenció en Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Deusto y estuvo muy pronto vinculado al proyecto de construcción europeo. Durante unos años trabajó en Bruselas en asuntos profesionales relacionados con la CEE. Por entonces, en los últimos años del franquismo, tomó contacto con el PSOE, y al iniciarse la transición trabajó en la UGT como economista responsable de su gabinete técnico. En 1979 fue elegido diputado, incorporándose al Congreso. Desde diciembre de 1982 hasta marzo de 1991 formó parte de los gobiernos de Felipe González, como ministro primero de Trabajo y Seguridad Social, y luego de Administraciones Públicas. En 1994 fue elegido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, e incluso secretario general del PSOE en el 34 Congreso, de junio de 1997. Fue candidato a la presidencia del Gobierno, perdió las elecciones y tuvo el gesto "propio de la honradez personal y firmeza de carácter que se le reconoce por propios y adversarios" de dimitir como secretario general del PSOE. Fue presidente de la comisión de Presupuestos del Congreso, para finalmente pasar a desempeñar sus actuales altas responsabilidades en la Comisión Europea.

Hay una gran expectativa de que España supere muy pronto la media de la Unión Europea en "renta per cápita", lo que supondrá que se haya completado un salto histórico en muy pocas décadas, desde la situación "de cola" en que nos encontrábamos en 1986 cuando logramos la adhesión. ¿Cómo se valora en las Instituciones de la UE este continuado y sólido crecimiento de la economía española?
España ya ha prácticamente convergido a nivel de renta con la media Europea. Ciertamente, es un salto cualitativo muy importante, y demuestra el largo camino recorrido por nuestro país desde su incorporación a la entonces Comunidad Económica Europea. El notable esfuerzo y las reformas llevadas a cabo en estos últimos 20 años nos han permitido acercarnos a los países más avanzados de Europa.
En estos veinte años, hemos creado más de 8 millones de puestos de trabajo, y hemos elevado la tasa de empleo y reducido el nivel de desempleo hasta niveles similares a los de la media comunitaria. Nos hemos convertido en un socio ejemplar, y desde la UE se ve a España como un modelo de éxito de la política de ampliación en Europa, y demuestra que la integración europea es un motor transmisor de progreso económico y bienestar para todos los ciudadanos de la Unión.

"Desde la UE se ve a España como un modelo de éxito de la política de ampliación en Europa, y demuestra que la integración europea es un motor transmisor de progreso económico y bienestar para todos los ciudadanos de la Unión"

¿Cómo es la actual posición de España en los centros europeos de decisión? ¿Podemos por fin considerar que nuestro país es uno de los grandes motores de la UE?
España ha dejado de ser un país periférico para situarse en uno de los países centrales de la UE. Somos el quinto país de la UE por población y por peso económico, y entre 2001 y 2005 hemos creado el  40% de los empleos de la UE y hemos supuesto el 32% del crecimiento económico de la Unión. Ciertamente, nos hemos convertido en uno de los motores de crecimiento y del impulso al proceso de integración Europea, y el peso de España es adecuadamente reconocido en las instancias europeas.

Como comisario español en un área de extraordinaria importancia, como es la política económica y monetaria, cobra especial valor su análisis sobre las perspectivas a corto y medio plazo del proceso político de la UE. ¿Cómo afectan a España las sucesivas ampliaciones de la Unión? ¿Cómo estamos situados en los grandes centros de decisión de Bruselas?
La ampliación de la UE es beneficiosa para todos los países a largo plazo. Cuando España y Portugal se unieron a la UE, también hubo voces que expresaron su preocupación ante la incorporación de dos países que estaban lejos de los niveles de desarrollo del resto de los países miembros. Sin embargo, 20 años después España ha conseguido converger en términos de renta con la UE, y ha supuesto un estímulo para el crecimiento en toda la Unión.
La incorporación de nuevos países abre excelentes oportunidades tanto para los países que acceden, como para los antiguos miembros. La ampliación supone abrir nuevos mercados y nuevas oportunidades de inversión a todas las empresas establecidas en Europa, así como una excepcional ocasión para que los nuevos países puedan desarrollarse económica y socialmente.
Además, hay otros aspectos que se benefician de un mayor tamaño de mercado, tales como el rendimiento de la inversión en I+D. También, en términos geopolíticos, una Unión ampliada tiene un mayor peso político y estratégico a nivel mundial, y por tanto, una mayor influencia a nivel internacional. La UE es hoy el mayor bloque comercial del mundo, y posee un peso económico similar al de Estados Unidos. Además, la ampliación afianzará la paz y la estabilidad en el Este de Europa, hecho que tiene consecuencias beneficiosas en cuanto a prosperidad y seguridad a todos los ciudadanos de Europa.

¿Hay perspectivas de reanimación del proceso constituyente de la UE tras el "parón" que sufrió el proyecto de Tratado Constitucional? ¿Afecta de alguna manera esta situación de "impasse" político a la actividad económica de la Unión?
Una de las prioridades de la presidencia alemana es desbloquear el proceso de integración europea que gira en torno a la Constitución después del "no" francés y holandés. Todos los Estados Miembros coinciden en la necesidad de relanzar la construcción europea, sin embargo, en estos momentos se está debatiendo en cuanto a las fórmulas más idóneas para superar los obstáculos actuales. La idea de aprobar una declaración, el 25 de marzo en Berlín, con motivo del 50 aniversario del Tratado de Roma, es una excelente oportunidad para reconstruir el consenso en torno a la necesidad de avanzar hacia una Unión Europea más eficaz y capaz de aportar soluciones a las preocupaciones de los ciudadanos.
Habrá que esperar al resultado de las elecciones francesas para poder sopesar con mayor certeza cuáles son las diferentes posibilidades. En cualquier caso, esta situación no afecta en absoluto a la actividad económica, ya que los fundamentos de la unión económica y monetaria o el mercado único no han sido en ningún momento cuestionados. De hecho, el crecimiento económico en el año 2006 ha sido el más elevado desde 2000, y las perspectivas para los años venideros reflejan el gran momento de la economía europea después de las reformas acometidas en los últimos años y del proceso de consolidación presupuestaria.

"Somos el quinto país de la UE por población y por peso económico, y entre 2001 y 2005 hemos supuesto el 32% del crecimiento económico de la Unión. Nos hemos convertido en uno de  los motores de crecimiento y del impulso al proceso de integración Europea"

¿Puede considerarse definida de manera estable la actividad notarial en los países de la UE, tras las recientes decisiones de la Comisión que sentaron la exclusión de los notarios de la directiva de liberalización de servicios en el mercado interior?
En la Directiva de la liberalización de servicios, se excluyen del ámbito de la directiva, por considerarse servicios de interés general, entre otros, profesiones tales como los servicios legales, la salud, o las notarías, o los servicios audiovisuales, entre otros. No obstante, y al entrar estas profesiones dentro del ámbito legislativo de los Estados Miembros, cada país tiene potestad para regular de la manera que le parezca más adecuada estas actividades de interés general.