No cabe duda que la digitalización es, probablemente, el más importante motor de cambio en nuestras sociedades y que es positiva, ya que ofrece nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia en los procesos que redundan en beneficio de los ciudadanos. Pero estos presupuestos no deberían impedir analizar cada incorporación de esta tecnología en nuevos ámbitos desde una perspectiva crítica.

Es cierto que toda novedad tecnológica goza de una pretendida infalibilidad, de tal modo que se considera necesario introducir la digitalización en todos los ámbitos y, una vez instaurada, se juzga positivamente de una forma casi automática. No es ajena a esta rara unanimidad el desconocimiento que, con carácter general, se tiene de las nuevas tecnologías y su funcionamiento. Es difícil tener una posición crítica sobre una realidad cuyos fundamentos técnicos se desconocen, más aún si con ello, uno queda señalado frente una multitud que únicamente jalea los efectos positivos proclamando su carácter inevitable. No hay que olvidar que la tecnología se asocia a modernidad y cualquier crítica acerca de su concreta implantación en un ámbito es sospechosa de inmovilismo.
Frente a esta tendencia conviene afirmar que la digitalización, como todo cambio, exige, en primer lugar, analizar qué se pretende conseguir con su instauración en el concreto ámbito en el que se pretende introducir. Efectuado este análisis de forma crítica, sin presuponer necesariamente que todo cambio vaya a ser positivo, hay que esforzarse en diseñar su implantación de tal forma que, con ella, se cumplan las finalidades que se buscaban. Finalmente sería importante, para evitar equívocos y para poder hacer luego una evaluación exacta de sus efectos, no aprovechar la digitalización para introducir reformas que nada tienen que ver con la misma, pero se pretenden justificar utilizando este sugestivo paraguas.
Esta breve reflexión viene motivada por la entrada en vigor, el pasado 8 de mayo, de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, en la parte relativa a digitalización de actuaciones registrales. Con ella se culmina la reforma de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva que acometió la ley citada. Nuestro legislador, ante la obligación, motivada por la normativa comunitaria, de introducir las herramientas digitales en el ámbito societario, ha decidido acometer la tarea con carácter general. Esta primera decisión debe ser juzgada positivamente pues era lógico aprovechar la oportunidad que se presentaba con la trasposición de la Directiva 2019/1151, para dar una solución global a esta cuestión.

“No cabe duda que la digitalización es, probablemente, el más importante motor de cambio en nuestras sociedades y que es positiva, ya que ofrece nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia en los procesos que redundan en beneficio de los ciudadanos”

Existe consenso acerca de las ventajas que la digitalización puede aportar a las funciones notarial y registral, al documento público y a los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. La incorporación de esta tecnología facilita la conservación de la información, su tratamiento y publicación, y permite una inmediación sin necesidad de presencia física evitando desplazamientos. Pero en unas instituciones que están diseñadas para dotar de seguridad al tráfico jurídico la eficiencia no es el único elemento a considerar por lo que debe imponerse la prudencia a la hora de introducir novedades.
En sede notarial la digitalización se ha concretado en la instauración del protocolo electrónico, el otorgamiento por videoconferencia y la posibilidad de circulación de copias autorizadas electrónicas en el tráfico sin límite de destinatario y finalidad. Las precauciones en materia de seguridad han determinado que se mantenga el protocolo en soporte papel y que el otorgamiento por videoconferencia no se extienda a todo tipo de documentos notariales. Sin caer en el triunfalismo puede afirmarse que la norma permite gozar de los efectos positivos antes enunciados sin merma de la seguridad siendo el reto presente, que estas nuevas figuras sean conocidas y empiecen a utilizarse en la práctica. Por ello desde la revista nos hemos esforzado en una labor de divulgación que en este mismo número se refleja en un estupendo artículo sobre copias electrónicas que no elude un tema espinoso pero importante: el coste de la digitalización y cómo sufragarlo.
En cuanto a la digitalización de las actuaciones registrales la norma viene presidida por varias decisiones fundamentales: el abandono del soporte papel es absoluto, en cuanto al futuro, de tal forma que los asientos que se practiquen tras la entrada en vigor de la ley solo existirán en soporte electrónico, pero el historial pasado de cada finca seguirá constando en los libros físicos anteriores a la implantación del folio real en formato electrónico. Por eso, la implantación del soporte electrónico no es inmediata, se irá produciendo progresivamente a medida que se vayan practicando asientos registrales sobre cada finca. En rigor la entrada en vigor de la Ley 11/2023 es el pistoletazo de salida a un proceso de digitalización que se prolongará mucho en el tiempo, o acaso no termine nunca, pues exige que la finca se vea afectada por una situación jurídica inscribible y que se presente en el Registro el correspondiente título. El proceso podría haberse agilizado si se hubiese ligado la digitalización a la solicitud de información sobre la concreta finca o, más aún, si se hubiese impuesto un traslado generalizado de los libros registrales al soporte electrónico. Estas posibilidades quedan abiertas y debería ponderarse su implantación en el futuro cuando, con el modelo actual, se haya avanzado mucho en el proceso. Mientras tanto, teniendo en cuenta que el traslado total supondría un esfuerzo considerable y que lo importante es que la digitalización se extienda a las fincas que más intensamente son objeto de negocios en el tráfico jurídico, puede admitirse que la norma cumple su objetivo.

“Frente a esta tendencia conviene afirmar que la digitalización, como todo cambio, exige, en primer lugar, analizar qué se pretende conseguir con su instauración en el concreto ámbito en el que se pretende introducir”

Donde el juicio no puede ser tan benévolo, es en todo lo relativo a la publicidad registral, tanto por el diseño de la norma como por su implantación en la práctica. El soporte electrónico ofrece ventajas evidentes en materia de conservación y tratamiento de la información. Una vez digitalizado el contenido del Registro se facilita enormemente su exteriorización que no debería exigir ninguna actuación humana de tratamiento y traslado de la información. Frente a esta realidad que se ha manifestado en todos los procesos de digitalización (pudiendo citarse como ejemplo la forma en que hoy en día se obtiene la información catastral de forma instantánea y gratuita) la Ley 11/2023 ha insistido en mantener la labor intermediadora del registrador para el tratamiento profesional de la información, cuando lo lógico hubiese sido introducir, de una vez por todas, el acceso telemático a los libros del Registro una vez que estos sean digitales. Con esta normativa en la cual no está claro si el acceso es una forma autónoma de publicidad o debe quedar embebida en las tradicionales notas y certificaciones registrales, era de esperar que su implantación acentuase los problemas de diseño. La conclusión es que, tras la Ley 11/2023, la publicidad registral es más cara y no es más segura con el agravante de que también es confuso el régimen de responsabilidad en caso de información incorrecta como se expone en este número. Es verdad que los plazos de emisión de las notas se han acortado, pero no cabe hablar de una información instantánea porque lo que se publica sigue siendo un extracto del contenido registral, con la posibilidad de errores que esa operación conlleva. Solo en el Registro Mercantil y en el limitado ámbito de información que impone la normativa comunitaria puede hablarse de un acceso instantáneo al contenido registral.
Otro de los defectos que puede imputarse a la Ley 11/2023 es la introducción de novedades que nada tienen que ver con la digitalización y que, en ocasiones, van en contra de las finalidades que este proceso pretende. Así ocurre con la expedición de certificaciones tras la práctica de los asientos que genera un coste para el ciudadano inútil en la medida en que le suministra una información que, después de otorgado el negocio y practicada la inscripción, no necesita.
Este juicio crítico no constituye una enmienda a la totalidad: el proceso de digitalización que se ha iniciado lleva incorporado unas potencialidades positivas a las que se ha aludido y que, finalmente, se impondrán. Su inicio es, por ello, una buena noticia y debe contemplarse el futuro con optimismo.

“Este juicio crítico no constituye una enmienda a la totalidad: el proceso de digitalización que se ha iniciado lleva incorporado unas potencialidades positivas a las que se ha aludido y que, finalmente, se impondrán”

Este gran cambio en el modelo de seguridad jurídica preventiva español ha coincidido en el tiempo con un pequeño cambio en nuestra revista en la que se produce un relevo en la dirección. Ignacio Gomá Lanzón, que asume nuevas responsabilidades en la Fundación Notariado, deja el cargo de director que ha desempeñado brillantemente durante los últimos cuatro años, manteniendo la calidad y el interés que, a nuestro juicio, la revista ha tenido desde su fundación en 2005 por José Aristónico García Sánchez. Por todo ello merece nuestro agradecimiento. El cambio puede calificarse de mínimo porque se mantienen sin alteración en sus cargos los miembros del Comité Editorial y de Dirección, así como el subdirector Segismundo Álvarez Royo-Villanova, quienes arroparán al nuevo director Juan Pérez Hereza, que contará también con la ayuda de los compañeros notarios que redactan la información legislativa y jurisprudencial y la imprescindible intervención del staff de la revista, Elena López Ewert y Yolanda Ballesteros García-Asenjo.
Esta nueva etapa viene, por tanto, presidida por la idea de continuidad para que EL NOTARIO DEL SIGLO XXI siga siendo una publicación que pretende combinar precisión técnica y pretensión divulgativa, estudio específico de las materias en las que los notarios somos especialistas y tratamiento de temas de interés general, todo ello presidido por el objetivo de ser interesantes y leídos.
El número actual responde a esta pretensión combinando los grandes temas generales, como la tribuna que repasa la compleja situación internacional, con pequeños problemas domésticos que podrían parecer de menor alcance, pero inciden decisivamente en la vida diaria de muchos ciudadanos. Así ocurre, entre otros temas que se tratan en este número, con la administración de bienes de menores, las ventas de extranjeros no residentes, la seguridad de la financiación hipotecaria o un correcto tratamiento de las falsedades documentales.