PROTECCIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES

SUSPENSIÓN DE LANZAMIENTOS SOBRE VIVIENDA HABITUAL
Real Decreto-ley 1/2024, de 14 de mayo, por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables (BOE 15-5-2024). Descargar

La suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables fue introducida mediante el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, en atención a las circunstancias excepcionales derivadas de la grave crisis económica y financiera que por entonces atravesaba el país.

Concretamente, se introdujo al objeto de paliar el impacto sobre la carga financiera de las familias más vulnerables, que se encontraron en dificultades para hacer frente a sus obligaciones derivadas de la contratación de un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual. En estos casos, el real decreto-ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impedía que se procediera al lanzamiento que culminaría, en su caso, con el desalojo de las familias. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectaba a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudicase al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos vulnerables. Dicho real decreto-ley fue convalidado y tramitado como proyecto de ley, lo que dio lugar a la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. La citada suspensión de lanzamientos se introdujo de conformidad con su artículo 1 por un periodo de dos años desde la entrada en vigor de la ley.
Esta disposición ha sido modificada en repetidas ocasiones a lo largo de los últimos años con el fin de extender esta medida extraordinaria para mantener la protección de los colectivos más vulnerables que justificó en primera instancia su introducción.
Pese a que en los últimos meses la evolución de la inflación ha mejorado, existe incertidumbre acerca del calendario y ritmo de próximas bajadas de tipos de interés que pudieran reflejarse en los préstamos hipotecarios. El efecto negativo de los tipos de interés altos es especialmente perjudicial en las familias más vulnerables, donde se aprecia un mayor incremento de la carga financiera, dada su mayor exposición a deuda a tipo variable, que no se ve mitigado por una mayor remuneración del ahorro.
En este contexto, resulta necesario mantener la protección de deudores y sus familias que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, extendiendo la suspensión durante cuatro años adicionales, hasta el 15 de mayo de 2028, con el fin de evitar que estos deudores y sus familias sean conducidos a una situación de exclusión social.
Este real decreto-ley consta de un artículo y dos disposiciones finales.
El artículo único modifica el primer párrafo del artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, al objeto de prolongar la vigencia de la suspensión de los lanzamientos hipotecarios sobre la vivienda habitual de determinados colectivos vulnerables por cuatro años más, hasta el 15 de mayo de 2028.

CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y PROFESIONAL

MEDIDAS DE MEJORA
Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva de la UE 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (BOE 22-5-2024). Descargar

La Directiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, tiene por fundamento la igualdad entre hombres y mujeres y como objetivo contrarrestar la desventajosa situación de las mujeres en el mercado de trabajo, así como los efectos nocivos derivados de la perpetuación de los roles de cuidado.
El real decreto-ley se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva, integrada por tres artículos que recogen las modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad social y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y catorce disposiciones finales.
Las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 2/2024 se pueden resumir de la forma siguiente:
1. Permiso de lactancia. Se trata de un permiso retribuido reconocido a ambos progenitores de un hijo o hija para el cuidado del lactante hasta que cumpla nueve meses, consistente en un derecho de una hora de ausencia al trabajo, dividida en dos fracciones, o un derecho de reducción laboral de media hora.
El nuevo Real Decreto-ley elimina la necesidad de que exista un previo acuerdo con la empresa o que lo prevea el convenio colectivo, para poder acumular dicho permiso en jornadas completas. Por tanto, dependerá de la mera voluntad de las personas trabajadoras.
2. Negociación colectiva a nivel autonómico y provincial. Otra de las grandes reformas operadas por este Real Decreto-ley es la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, con la finalidad de mejorar la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las Comunidades autónomas, asegurando la aplicación de los acuerdos o convenios más favorables a las personas trabajadoras.
Además, se prevé que los convenios provinciales también podrán gozar de esta prioridad aplicativa cuando así lo regulen los acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico y siempre que su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la establecida en los convenios o acuerdos estatales.
En ambos casos, hay que tener en cuenta que esta prioridad no opera sobre aquellas materias no negociales, como el período de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.
3. Por otra parte, el Real Decreto-ley 2/2024 modifica el artículo 47 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, introduciendo medidas de flexibilización horaria para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos.
4. Subsidios por desempleo. Se establecen dos tipos de subsidio por desempleo: por agotamiento de prestación contributivas o en situaciones de cotizaciones insuficiente.
En ambos casos se fijan unos requisitos generales para el acceso al subsidio: en la fecha de la solicitud del subsidio no tener derecho a la prestación contributiva por desempleo, no encontrarse en supuesto de incompatibilidad, carecer de rentas propias, o bien, alternativamente, acreditar responsabilidades familiares, la inscripción como demandante de empleo, así como la suscripción del acuerdo de actividad.
El subsidio por agotamiento de la prestación contributiva se amplía a menores de 45 años sin responsabilidades familiares, personas que acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses sin responsabilidades familiares, trabajadores eventuales agrarios, trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla y víctimas de violencia de género o sexual.
Se iguala la duración de los subsidios, con independencia de la edad y se modifica la cuantía de los subsidios por agotamiento y de cotizaciones insuficientes, introduciéndose una fórmula de cuantía decreciente, en tres tramos, y se elimina la deducción proporcional en función de las horas trabajadas a tiempo parcial.
En resumen, el Real Decreto-ley 2/2024 introduce medidas de mejora de la conciliación de la vida profesional y la vida familiar de los progenitores, extendiendo dichas medidas a los empleados públicos.

AMNISTÍA

LEY DE AMNISTÍA
Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (BOE 11-6-2024). Descargar

Toda amnistía se concibe como una figura jurídica dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes, cuando los actos que hayan sido declarados o estén tipificados como delito o determinantes de cualquier otro tipo de responsabilidad se han producido en un contexto concreto.
La presente ley orgánica amnistía los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017 (declarados ambos inconstitucionales en las sentencias del Tribunal Constitucional 31/2015, de 25 de febrero, y 114/2017, de 17 de octubre), que se hubiesen realizado entre el 1 de noviembre de 2011, cuando comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023.
Esta ley consta de 16 artículos, divididos en tres títulos y tres disposiciones finales.
El Título I delimita el ámbito objetivo de la amnistía. A estos efectos, primero describe los actos tipificados como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contable ejecutados en el contexto del proceso independentista catalán y vinculados, de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017, declarados ambos inconstitucionales, que quedan exonerados, delimitando el marco temporal en el que deben haberse producido desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023.
Después identifica los actos delictivos a los que, en todo caso, no resultará de aplicación esta amnistía, en el entendido de que no todo hecho ni delito puede ni merece ser amnistiado.
La presente norma específica que sólo los actos de malversación dirigidos a los fines mencionados en la ley pueden acogerse a ella, excluyendo expresamente aquellos que implican un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial.
En este sentido sólo podrán beneficiarse de la amnistía aquellos actos en que los fondos públicos se destinaron a la preparación, realización y consecuencias de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017, así como los que se destinaron a reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña.
Sobre el artículo 1.1, conviene precisar que el hecho de que la presente ley extienda la amnistía a las acciones delictivas que pudieran haberse ejecutado en la defensa de la legalidad y del orden constitucional no supone demérito o reproche alguno para los colectivos concernidos. En ningún caso implica la criminalización de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden público, pues la presunción de inocencia es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico.
El Título II describe los efectos de la exoneración de responsabilidad que supone la aprobación de esta medida en el ámbito penal, administrativo y contable. Asimismo, dedica un artículo a concretar las consecuencias que se derivan de dicha exoneración para los empleados públicos. Y, por último, determina que la amnistía no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción salvo las satisfechas por imposición de sanciones leves o graves al amparo de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, siempre que concurran para ello criterios de proporcionalidad según estime la Administración que impuso la sanción, ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares.
Por último el Título III identifica la competencia para aplicar esta amnistía a cada caso concreto y describe el procedimiento en el orden penal y contencioso-administrativo, así como en el ámbito administrativo y contable, estableciendo un plazo de prescripción de cinco años para que los afectados puedan solicitar la amnistía aquí reconocida. Adicionalmente, se reconoce la posibilidad de interponer los recursos que en Derecho procedan contra las resoluciones que se dicten en aplicación de esta ley.
Por su parte, la disposición final segunda tiene por objeto modificar el artículo 130 del Código Penal para incluir expresamente la amnistía como un supuesto de extinción de responsabilidad criminal, en línea con las previsiones que ya contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La disposición final primera tiene por objeto modificar el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, para adaptarlo a la entrada en vigor de la presente ley. Y la disposición final tercera determina que esta ley entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.