En el Consejo General algunos,  que se consideran  dueños absolutos de la razón y de la fuerza  y amos de las actas y las cuentas,  han guardado éstas en un nicho al que solo ellos y quienes ellos digan, tienen acceso. Ni siquiera los que las han de aprobar pueden examinarlas, han de votar en blanco, purita democracia, como en las Cortes franquistas.
Dicen los historiadores que los efectos de una dictadura tardan décadas en desaparecer  y el ejemplo quizá sea España y en ella este Consejo General,  que arrastra tal déficit de normalidad que aún  exhibe comportamientos  propios de sistemas de trogloditas.  Nadie puede ver las cuentas, salvo el que gasta el dinero (¡qué limpio y bonito suena!).  Nadie más, salvo los amiguetes que digan previamente amen, es decir, que no  las miren.
A todos los demás se les tienden toda clase de barreras, trabas e impedimentos para que les resulten imposibles las consultas. Primero se encargó un dictamen de complacencia (4.500.000 de las antiguas pesetas),  naturalmente pagado  por los fondos de todos, que amablemente  sentenció (¡qué  vergüenza para su colectivo!) que los miembros del Consejo no pueden ver la documentación del Consejo. ¿Quién la puede ver entonces, solo los empleados?
Después, falsificando ignominiosamente el texto de los preceptos alegados ante la Oficina, se adujo que si los decanos vieran las cuentas habría cesión de datos del Consejo a sus miembros: (¡que finura jurídica!), y después se obstaculizó cuanto se pudo las consultas poniendo limitaciones y  barreras  a quien pretendiera ver algo que, naturalmente,  es suyo.  Faltaría más!
Pero esto con el paso de los años no mejora,  sigue igual. El miércoles 27 de junio se   proyectaba la aprobación de las cuentas 2006 en el Consejo. Dos días antes,  lunes, el Vicedecano de Madrid pretendió examinarlas: no fue posible, vuelva usted mañana que no están preparadas ¡36 horas antes de la aprobación!. Al día siguiente, víspera de la aprobación, volvió, tampoco fue posible la consulta. Lo impedía,  por orden superior, uno de los Vicesecretarios del Consejo, uno de los que tienen su notaría como los demás,  pero que además cobran una suculenta cantidad mensual de los fondos comunes  del Consejo,  sin saberse por qué.  ¿Ha pensado este ciudadano quién le paga y para qué?
Hay sistemas políticos que mantienen el secreto como derecho, como patente de corso,  y relegan el debate a  la oscuridad de lo privado, a la soledad de los despachos,  al tejemaneje de los pasillos. Todo fruto de un rancio  despotismo o de una arcaica tiranía, sistemas ambos tradicionalmente apoyados en el secreto casi más que en la violencia.
Por favor, señores: la democracia exige publicidad, luz y taquígrafos, claridad ... Hoy el oscurantismo, la opacidad y el secreto  generan en política  una grave responsabilidad, incluso de orden penal.  Y tanto obstruccionismo huele mal y da que sospechar.
La democracia sanciona severamente  la falta de transparencia. Sobre todo en materia de   cuentas públicas.