JOAQUÍN ESTEFANÍA
Ex director de EL PAIS, es periodista y escritor. Su último libro, de reciente aparición, se titula La larga marcha

Existe un cierto consenso entre los estudiosos para identificar los conceptos de democracia y de ciudadanía. Sólo en la democracia se dan ciudadanos, y si no hay ciudadanía no hay democracia. La ciudadanía, cada vez más, se entiende en la triple concepción que definió el sociólogo británico Marshall: ciudadanía civil, política y social, de tal manera que si falta una de estas partes no hay ciudadanía integral. El elemento civil se compone de los derechos tradicionales para la libertad individual. La ciudadanía política es el derecho a participar en el ejercicio del poder político: la posibilidad de elegir y ser elegido. La ciudadanía social abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad (económica) y a un mínimo de bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme los estándares predominantes en la sociedad.
En el caso de América Latina, la pieza de la ciudadanía que más suele fallar es la ciudadanía social. En los últimos años ha habido avances significativos en lo que se refiere a la democracia (en la mayor parte de los países se reconoce el derecho universal al voto; en general, las elecciones suelen ser lipias; se ha facilitado que las elecciones sean un medio de acceso a cargos públicos y el traspaso del mando presidencial se ha convertido en una práctica común, aunque en algunos casos se haya dado en medio de complejas crisis constitucionales), pero la ciudadanía social no acaba de completarse y, por consiguiente, no se da en toda su extensión el concepto de ciudadanía integral.

"Las sociedades latinoamericanas son las más desiguales del mundo y, según diversos estudios económicos, ello se produce no porque los pobres latinoamericanos sean más pobres, sino porque los ricos son mucho más ricos"

En un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2004, titulado La democracia en América Latina, se describe de este modo la situación (que no ha variado de forma sustantiva desde entonces): los problemas centrales son la pobreza y la desigualdad, que no permiten que los individuos se expresen como ciudadanos con plenos derechos y de manera igualitaria en el ámbito público, y erosionan la inclusión social. Los indicadores muestran que todos los países de la región (no se contempla el caso de Cuba) son más desiguales que el promedio mundial; en 15 de los 18 países estudiados, más del 25% de la población vive bajo la línea de la pobreza y en siete de ellos más de la mitad de la población vive en esas condiciones; ello, incluso, aunque en 11 de los países considerados la pobreza disminuyó y en 15 aumentó el PIB per cápita entre 1991 y 2002.
Lo significativo en esas formas de medición social son las tendencias. Existe un error entre algunos analistas al considerar la situación de América Latina (y muchas veces de todos los países emergentes y del Tercer Mundo) como algo estático. La ciudadanía social avanza en América Latina, aunque el problema es la lentitud insufrible (sobre todo para el que padece sus carencias) de ese avance. Véanse las siguientes descripciones, correspondientes a un informe sobre la cohesión social, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), elaborado más recientemente, en el año 2006: la esperanza de vida al nacer en América Latina llegaba en 2004 a los 73 años (68 en 1990); la tasa de mortalidad infantil (número de menores de un año fallecidos por cada mil nacimientos) ha bajado a 25 en 2004 (42 en 1990); el acceso al agua potable llegó al 89,3% en 2002 (82,6% en 1990); el acceso a la educación primaria alcanzaba en 2003 al 93,3% de los niños (86,8% en 1990); el acceso a la secundaria se situaba ese año en apenas el 64,1%, aunque no pasaba del 30% en 1990; en 2006 quedaban 205 millones de pobres en la región, 79 de los cuales están, además, en la indigencia.
Una situación tan retrasada en lo que se refiere a la ciudadanía social afecta, como explicábamos al principio, a la calidad de la democracia. Sondeo tras sondeo, el Latinobarómetro expresa las siguientes respuestas mayoritarias de los latinoamericanos: la preferencia por la democracia como sistema en el que vivir es relativamente baja; gran parte de los que contestan valora el crecimiento económico por encima de la democracia, e incluso le quitaría su apoyo a un Gobierno democrático si éste fuera incapaz de resolver sus problemas económicos; las personas no demócratas pertenecen en general a grupos con menor educación, cuya socialización se dio fundamentalmente en periodos autoritarios, tienen bajas expectativas de movilidad social y una gran desconfianza en las instituciones democráticas y los políticos; por último, aunque los demócratas se distribuyen en variados grupos sociales, en los países de menores niveles de desigualdad los ciudadanos tienden a apoyar más a la democracia, y sin embargo esas personas no se expresan a través de las organizaciones políticas.
Con estos antecedentes, se define en América Latina una nueva realidad sin precedentes: lo que el PNUD denomina el triángulo de la democracia, la pobreza y la desigualdad. El primer vértice es el de la democracia: todos los países de la región considerados satisfacen genéricamente los requisitos básicos del régimen democrático; sólo los países agrupados en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) comparten este rasgo. El segundo vértice es la pobreza, de la que antes ya hemos definido sus proporciones; esta situación varía de país en país, y a pesar de estas diferencias, comparada con las otras grandes regiones democráticas del mundo, América Latina ofrece la singularidad de la cohabitación de las libertades políticas con las severas privaciones materiales de muchos. Democracia y pobreza, democracia y riqueza son dos combinaciones que generan necesidades, dificultades y riesgos diferentes.
El tercer vértice es la extrema desigualdad: las sociedades latinoamericanas son las más desiguales del mundo y, según diversos estudios económicos, ello se produce no porque los pobres latinoamericanos sean más pobres, sino porque los ricos son mucho más ricos. En este punto se engarza la necesidad de una reforma fiscal que haga pagar a quien más tiene.
A definir estos aspectos, y sobre todo, a analizar cómo salir de este déficit social, va a dedicar sus esfuerzos la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobiernos de América Latina, que se celebrará en Santiago de Chile el próximo mes de noviembre. Minorías, poblaciones indígenas y afrodescendientes, mujeres en situación de pobreza, niños, niñas y ancianos marginados, constituyen grupos en los que la exclusión y la vulneración de sus derechos se da con mayor frecuencia e intensidad. Bajo la bandera de la cohesión social, los participantes en esta cumbre han de demostrar que esas reuniones sirven para algo, más allá de la retórica. Cuanto más igualitaria y protectora sea una sociedad, mayor cohesión social poseerá y, por tanto, más elevado será el compromiso ciudadano. Es decir, democracias con más calidad..