El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tras agradecer a los Príncipes el haber accedido a presidir el acto inaugural del Congreso, puso énfasis en que, para conseguir la seguridad jurídica hace falta la exigencia a los notarios de una conducta especialmente diligente a fin de hacer que los particulares respeten la ley. Han de velar por su cumplimiento cuando es requerida su intervención por los ciudadanos, lo que supone una valoración estricta de cada acto en virtud del derecho. Lo que se ha sintetizado en una afirmación enormemente clara: legalidad a cambio de fe pública. En consecuencia lógica, el estricto cumplimiento de la función notarial no solo obliga a la autorización de los actos conforme a Derecho, previo al control de la legalidad, sino a no autorizar esos actos cuando se pretendan burlar las normas.
El ministro subrayó la labor del notariado español en estos últimos tres años, que ha trascendido el control de legalidad individual de actos, en Ia que ha sido larga tradición de Ia institución, para pasar a una labor de control mucho más ambiciosa que conecte de lleno con las obligaciones de control de la sociedad en relación con actividades ilícitas de blanqueo de dinero o de medidas en el ámbito del fraude fiscal.
Añadió Fernández Bermejo que allí donde se ha llamado a los notarios, la respuesta ha sido inmediata, y el Estado es lógico que reconozca esta actitud del notariado español que ha avanzado en Ia ayuda a la comunidad jurídica a través del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales e igualmente en Ia prevención del fraude fiscal, donde se han incrementado los deberes del notario, contribuyendo a dar Ia imagen de un país que es seguro porque sus instituciones Io son. Para el ministro, el Notariado encarna el sistema de seguridad jurídica preventiva que evita muchos e importantes costes de transacción y habrá que continuar profundizando en esos canales de seguridad que hacen posible que Ia economía se sustente en un ámbito de confianza.