JOSÉ PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ
Director General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña

Desde el momento en el que, en cumplimiento de lo que establece el artículo 147.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006, las competencias ejecutivas en materia de notarias y registros han sido asumidas por nuestra Consellería de Justicia, hemos puesto todo el empeño en que esta circunstancia no modificara el estatuto del notariado, ni deparara perjuicio alguno a las personas que integran este colectivo profesional. Por esta razón la colaboración con el Consejo del Notariado y, en particular con el Colegio de Cataluña, ha sido siempre abierta, como no podía ser de otro modo, toda vez que las funciones que históricamente la administración tiene delegadas en esta corporación son de una gran importancia, de tal forma que desde el gobierno catalán, desde luego, no se concibe el ejercicio de la competencia asumida sin acompasar el ritmo con el Consejo del notariado y sin trabar una colaboración estrecha con el colegio que representa a todos los profesionales que ejercen esta relevante función.

"La Generalitat de Cataluña pretende facilitar el acceso y atraer a las jóvenes promociones de notarios y notarias de otras regiones de España para que opten por las plazas vacantes de las notarías de las ciudades y pueblos de Cataluña"

La colaboración con el colegio se ha explicitado particularmente en lo que se refiere a la cuestión de la acreditación del conocimiento de la lengua catalana. La fórmula consensuada disipa cualquier duda sobre el ejercicio responsable de la competencia por parte de la Generalitat, y refleja la favorable predisposición del cuerpo notarial a comprender la importancia que la lengua propia tiene para los ciudadanos de este país. El esfuerzo colegial por disponer de los más modernos instrumentos de traducción, y el compromiso de los notarios para asegurar que en las oficinas notariales se garantice el uso normal del catalán, son debidamente apreciados por la administración autonómica. 
Desde mi punto de vista, asumir competencias nuevas en este campo representa un reto para procurar mejorar el sistema del modelo centralizado, y nunca puede derivarse de ello una fractura del modelo notarial español, ni una merma a las condiciones estatutarias del cuerpo único estatal. Si en algún momento se ha agitado el fantasma del caos por la gestión desde las comunidades autónomas, o de la generación de perjuicios para el colectivo, lo ha sido desde posiciones interesadas en crear una alarma que, puedo garantizar, es absolutamente infundada. Mi experiencia personal me reafirma en lo que digo. Pertenezco a un cuerpo funcionarial estatal, el de jueces y magistrados, y he tenido ocasión de vivir el antes y el después de las transferencias en materia de justicia a Cataluña. El modelo de gestión del funcionamiento de la administración de justicia, en mi opinión, ha mejorado sensiblemente e incluso, como es de apreciar respecto de los medios personales o materiales, las autonomías que han ejercido con más profundidad sus competencias han servido de motor para la mejora del servicio público en territorios en los que todavía estas competencias siguen asumidas por el ministerio de justicia. Incluso, por lo que se refiere a la gestión presupuestaria, se ha podido elevar el nivel retributivo de los funcionarios, como se ha puesto de manifiesto con las recientes reivindicaciones sindicales para que el ministerio equipare las retribuciones salariales con las que perciben los funcionarios de similares categorías en las autonomías. En nada ha repercutido la descentralización de la gestión en la configuración unitaria y nacional de los cuerpos funcionariales. ¿Por qué habría de repercutir en la gestión del servicio notarial respecto de la ejecución de las políticas legales, que permanecen reservadas al Estado en sus aspectos normativos?

"Razones de prudencia aconsejaron que se respetara el criterio del Ministerio de Justicia en cuanto al ejercicio de su competencia para la realización de la última demarcación notarial y para la reforma del Reglamento Notarial"

Con las experiencias de la gestión que realiza la Generalitat de Cataluña de una importante parcela de las competencias en la administración de justicia, y en el ámbito penitenciario, (donde el trabajo que se realiza es un referente europeo en cuanto a su modernidad y un ejemplo de coordinación con la gestión de prisiones del ministerio del interior), hemos asumido también las competencias en la gestión de determinados aspectos del funcionamiento de las notarias con la evidente finalidad de que la cercanía en la gestión pueda mejorar determinados aspectos de la función notarial dando cobertura a las necesidades de nuestros ciudadanos, pero con la prudencia que debe presidir la transferencia de un servicio público de tanta trascendencia social, y de tanta importancia económica.
Razones de prudencia aconsejaron que se respetara el criterio del Ministerio de Justicia en cuanto al ejercicio de su competencia para la realización de la última demarcación notarial y para la reforma del Reglamento Notarial, puesto que ambas disposiciones normativas ya estaban gestadas antes de la promulgación del Estatuto de Autonomía. Reivindicar de forma tan temprana la exclusividad de la competencia derivada de la ley orgánica que aprobó el Estatuto hubiera sido prematuro e irresponsable, por cuanto sin una reforma previa de los instrumentos normativos, el retraso de la necesaria demarcación hubiese afectado al normal desenvolvimiento de las cosas y a la prestación del servicio notarial, con evidentes repercusiones en el sector financiero y en la vida económica del país.
Motivada por la misma razón de prudencia, la primera actuación de la Consellería de Justicia del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en cuanto a las competencias en materia de notarias, fue la de promover un sistema de gestión conjunta con el Ministerio de Justicia, para ejercer las competencias de forma coordinada, y siempre con la colaboración más estrecha con el colegio notarial. El 18 de abril de 2007 se firmó una declaración conjunta entre el Secretario de Estado y nuestra Consejera de Justicia que tiene por objeto, por una parte, la construcción del modelo de gestión descentralizada, para lo que se creaba una comisión mixta de estudio de las reformas legales necesarias para ajustar el marco normativo al sistema descentralizado que se inauguraba con Cataluña, pero que posteriormente podría extenderse a otras comunidades. Por la otra parte, el acuerdo prevé que, mientras estas reformas no se produzcan, las convocatorias de concursos, traslados y oposiciones se realizarían de forma conjunta.

"Asumir competencias nuevas en este campo representa un reto para procurar mejorar el sistema del modelo centralizado, y nunca puede derivarse de ello una fractura del modelo notarial español, ni una merma a sus condiciones estatutarias"

La posición de la Generalitat de Cataluña en todo momento, como es bien sabido, es  la de facilitar el ejercicio armónico de las competencias con las que mantiene el Estado. No es cierto como se ha dicho, que la segregación de los concursos haya sido exigida por nosotros, puesto que el deseo de nuestra Consellera es el de trabajar conjuntamente para diseñar el marco normativo idóneo, colaborando con quien ejerce la competencia estatal, con las demás comunidades autónomas, y con el colegio de notarios y las asociaciones profesionales que lo representan. Sabemos que únicamente así se garantiza la estabilidad de la función pública y no se producen perjuicios para el servicio público ni para el cuerpo notarial, porque hemos tenido la experiencia de realizar convocatorias conjuntas y sucesivas en otros ámbitos de cuerpos estatales, como los de la enseñanza, las secretarías de ayuntamientos, y los cuerpos de funcionarios de justicia, cuyos modelos de gestión nos pueden servir de referente, incluso en el tema del conocimiento de la lengua catalana.
 El cambio en la gestión, en definitiva, debe servir para mejorar el servicio a los ciudadanos y mejorar el estatuto profesional del Notariado, que en este momento en el que está experimentando una transformación histórica y debe modernizarse para poder desempeñar el papel que necesita una sociedad moderna y avanzada, integrada en la Unión Europea y en un mundo y una economía globalizados.
La gestión descentralizada tampoco es nueva. Desde su nacimiento la función notarial estuvo vinculada a la organización territorial. La reforma del 1862 configuró el notariado español moderno como único en todo el reino, pero estructurado por ámbitos territoriales, primero por ámbitos coincidentes con el de los Tribunales de Justicia, ante cuyas Audiencias se realizaban las pruebas de acceso, y después en Colegios, también territoriales, que han gozado de gran autonomía tradicionalmente, incluso para organizar las oposiciones. Las reformas del Reglamento Notarial de 1935 y 1944, mantuvieron este sistema descentralizado de acceso e incorporación a las plazas vacantes, que funcionó con toda corrección y que es la pauta general en toda Europa. Es un dato curioso que las oposiciones centralizadas y los concursos unitarios, coincidieron históricamente con las grandes demarcaciones, precisamente por la necesidad de coordinar los concursos para las coberturas de plazas consiguientes sin que ningún territorio resultase perjudicado y sin establecer trabas a la movilidad funcionarial.
Pues bien, y para finalizar, la Generalitat de Cataluña, consciente de nuestro déficit de opositores radicados en este territorio, pretende facilitar el acceso y atraer a las jóvenes promociones de notarios y notarias de otras regiones de España para que opten por las plazas vacantes de las notarías de las ciudades y pueblos de Cataluña. Tradicionalmente han sido excelentes destinos y, como pone de manifiesto el cuerpo notarial catalán, son muchos los profesionales procedentes de otras autonomías que se han afincado definitivamente en esta tierra. Termino por ello agradeciendo a la publicación EL NOTARIO DEL SIGLO XXI, la oportunidad que me ha brindado para saludar a la profesión desde este cargo que actualmente desempeño,  para transmitir un mensaje de normalidad sobre el ejercicio de las competencias descentralizadas que hemos asumido, y para invitar a los jóvenes notarios a que se animen a incorporarse a las notarías de Cataluña, con la seguridad de que se alegrarán siempre de haber realizado esta opción.