EL CASO DE LAS CUENTAS DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

Madrid, Redacción.-
Tras intentar reiterada e inútilmente que se le diera acceso a las cuentas del Consejo General del Notariado y de la sociedad informática del mismo, ANCERT, lo que se negó por el Consejo tanto al anterior decano como al entonces vicedecano y ahora decano del Colegio Notarial de Madrid, Ignacio Solís Villa, este último, entendiendo que una mayoría, por mucho que lo sea, no puede hurtar el conocimiento de la información a la minoría, y menos en tema tan sensible como las cuentas, y que de ninguna manera puede pedirse la aprobación de algo que se oculta, decidió, con respaldo pleno de los miembros de la Junta Directiva del Colegio, recurrir en alzada, ante el Ministerio de Justicia, los acuerdos de los puntos 4º y 5º del orden del día del pleno del Consejo General del Notariado en su sesión de 27 de junio de 2007, relativos a "rendición y aprobación, en su caso de cuentas e informe de auditoría del ejercicio económico del 2006 del Consejo General del Notariado" y "aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2006 de la Agencia Notarial de Certificación, SLU (ANCERT)". El recurso se presentó el 5 de octubre de 2007 y asumió la competencia para resolverlo el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, como superior jerárquico de la Dirección General de los Registros y del Notariado, competente para todos los asuntos de régimen y gobierno de los Cuerpos de notarios y registradores.
Entiende Ignacio Solís, que asistió a la repetida reunión en nombre del entonces Decano, José Aristónico García, que hubo un vicio en la formación de voluntad del Pleno del Consejo General del Notariado respecto a esos dos acuerdos, al no haberse proporcionado información suficiente sobre las cuentas, de lo que hay pruebas fehacientes. Al amparo del artículo 343 del Reglamento Notarial, el recurso invoca la nulidad de los acuerdos alegando los artículos 24.1.a) y 62.1.e) de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Por su parte, el Consejo General del Notariado negó, en cuanto al fondo del recurso, que se hubiera negado información suficiente al vicedecano del Colegio Notarial de Madrid y que esa información se proporcionó suficiente, en tiempo y forma, pero además opuso una objeción procedimental de "inidoneidad de la vía elegida por el recurrente", objeción que fue admitida y asumida por el Ministerio.
Así, la información publicada el 29 de febrero último por el diario económico NEGOCIO, bajo el titular "Justicia se desentiende de la transparencia en el Notariado", indica que "El ministro de Justicia es incompetente para resolver sobre el régimen presupuestario y rendición de cuentas de los Colegios Notariales. Con esta afirmación, el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, se ha desentendido del recurso de alzada presentado por el actual decano de los notarios de Madrid, Ignacio Solís Villa, contra la negativa del Consejo General del Notariado, presidido por José Marqueño, a dar más información sobre las cuentas de esta institución".
En efecto, la resolución del secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, indica que la organización corporativa notarial tiene como finalidad fundamental "encuadrar" a unos funcionarios públicos (los notarios) que dependen jerárquicamente del Ministerio, pero que el artículo 343 del Reglamento Notarial sólo permite acudir al ministro de Justicia "cuando el acuerdo adoptado por el Consejo General se refiera a la interpretación y aplicación de la regulación notarial". Entiende Julio Pérez que el encuadramiento jerárquico no implica que todo acuerdo de la organización corporativa tenga por objeto la interpretación y aplicación de la regulación notarial y considera "ejemplo paradigmático de ello" la materia relativa al régimen presupuestario, económico o financiero. De manera que la rendición y aprobación de cuentas pertenece a "la esfera jurídico privada propia del citado Consejo", con lo que no se admite el recurso por falta de idoneidad de la vía elegida para el mismo y se pone fin a la vía administrativa. 
En las informaciones publicadas por distintos medios informativos se pone de relieve "el descontento de muchos despachos notariales con el funcionamiento de ANCERT debido al deterioro visible de la calidad, seguridad y diligencia de los servicios prestados por esta sociedad, y denuncian los defectos de información notarial que padecen las CCAA, Ayuntamientos y Catastros". Han señalado también que "resulta relevante que el nuevo consejero delegado de ANCERT no es notario, ni informático, ni tiene experiencia empresarial" y que "el nuevo director general es licenciado en Biología".También se ha recogido en prensa que "el presidente del Consejo General, José Marqueño, ha participado recientemente en la elaboración del programa electoral socialista en materia de Justicia, presentando incluso dos enmiendas modificativas de determinados puntos del citado programa".
Más recientemente, el rotativo económico LA GACETA DE LOS NEGOCIOS ha informado de la decisión del decano del Colegio Notarial de Madrid, Ignacio Solís Villa, de trasladar el recurso a los Tribunales. Señala el periódico que en junio del año pasado el Consejo General del Notariado "aprobó las cuentas y el informe de auditoría a pesar de que Solís Villa manifestara su disconformidad con la falta de transparencia" y que "solicitó recibir la correspondiente información, que nunca le fue proporcionada". El decano del Colegio Notarial de Madrid explicaba al indicado rotativo que "no puedo aprobar unas cuentas cuando se me niega la posibilidad de examinar la contabilidad, sería tanto como pedirme que las aprobara a ciegas". Citando fuentes notariales, el periódico apunta que en las cuentas existe además "una especie de retribuciones encubiertas de dudoso origen, que son las llamadas compensaciones a altos cargos".
La firme decisión del decano del Colegio Notarial de Madrid, respaldada unánimemente por la Junta Directiva, de no ceder a una aprobación a ciegas de las cuentas ni respaldar el deterioro de los costosísimos servicios prestados por la sociedad informática notarial ANCERT, y la decisión del Ministerio de Justicia de no entrar en la cuestión, por considerarla de la esfera jurídico privada del Notariado, han obligado a que ya se estén preparando los correspondientes recursos ante los Tribunales contra las cuentas del Consejo General del Notariado, según informó a primeros de marzo a LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el decano del Colegio de Madrid.