JAVIER MARTÍNEZ LÁZARO
Vocal del Consejo General del Poder Judicial

Si dijésemos que esta novena legislatura debe ser la legislatura de la justicia, probablemente no haríamos más que repetir algo que se ha dicho al comienzo de casi todas las otras ocho.  Y, sin embargo, nunca la situación de la Justicia, ha requerido mayor inteligencia y atención. Porque el deficiente funcionamiento de nuestro sistema judicial, particularmente el del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, está comprometiendo gravemente su credibilidad. Y si la credibilidad en cualquier institución es la base de su aceptación por los ciudadanos, la credibilidad en el sistema judicial es la base imprescindible para sustentar la credibilidad del conjunto del sistema democrático, porque la  finalidad de la Justicia es actuar frente a las posibles perversiones de las demás instituciones que lo integran.

"Quizás la nueva legislatura permita, tras la elección de un nuevo Consejo,  retomar a los partidos políticos más significativos el espíritu que condujo al fenecido Pacto por la Justicia"

Es difícil que los ciudadanos mantengan su confianza en instituciones que se apartan de la función para las que fueron constitucionalmente diseñadas. La función del Consejo General del Poder Judicial es garantizar la independencia de los jueces mediante un gobierno propio e independiente y su principal competencia el nombramiento de los altos cargos judiciales y de los magistrados del Tribunal Supremo. Sin embargo el Consejo tiene pendiente, en algunos casos desde hace más de dos años, el nombramiento de cargos de esta naturaleza al no haber sido capaces los vocales que lo integramos de alcanzar los acuerdos necesarios.
Para muchos la razón de esta inoperancia radica en que el Consejo General del Poder Judicial no ha sabido situarse en un territorio independiente de la pugna política partidista. No es desde luego un problema nuevo, se arrastra desde los primeros años de nuestra andadura democrática, pero en los últimos tiempos algunos factores han acentuado esta sensación de falta de independencia y politización partidista: entre ellos la dureza de la confrontación política centrada en gran parte en la vida judicial y particularmente en el juicio por el atentado terrorista del 11M y la difícil coexistencia entre un Consejo elegido por un parlamento de mayoría conservadora  y un gobierno progresista.
Esta permanente división de los vocales que integran el Consejo en bloques coincidentes con los partidos mayoritarios es difícilmente comprensible para los ciudadanos. Es cierto que los vocales pueden tener sus propios posicionamientos ideológicos como el resto de los ciudadanos, e incluso es normal la coincidencia de los que tiene posiciones afines, pero ello no justifica la permanente división en bloques. Porque mientras que los ciudadanos organizados que integran partido político se presume deben renunciar a posiciones individuales una vez conformada la voluntad mayoritaria del partido, los vocales que integran el Consejo, no se encuentran  ligados por mandato imperativo alguno conforme al Art. 119 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que debería posibilitar posturas más plurales y  coincidencias no siempre previsibles o determinadas por los posicionamientos de  los partidos que propusieron a cada uno de los vocales.

"La función del CGPJ es garantizar la independencia de los jueces mediante un gobierno propio e independiente"

Esta falta de una dinámica propia e independiente ha llevado incluso a algunos a considerar al Consejo General del Poder Judicial como una institución constitucionalmente fracasada. Desde estos planteamientos la justicia podría ser gobernada por el ejecutivo o, en sede parlamentaria, desde la Comisión de Justicia, dando carta de naturaleza legal a lo que en el fondo es el habitual funcionamiento de la institución. La cuestión, por lo tanto, es si el  Consejo cumple una función útil a la división de poderes y a la independencia judicial. Creo pese a todo lo dicho y aún teniendo en cuenta todas sus deficiencias que el Consejo es la institución que mejor garantiza estos objetivos porque su propia existencia hace de ellos valores perseguibles a los que se trata de subordinar la naturaleza, funciones y organización de la institución. Renunciar al papel que debe cumplir el Consejo General del Poder Judicial sería tanto como renunciar a los valores que determinaron su creación: algo así como propugnar, ante un deficiente funcionamiento de las instituciones democráticas, su sustitución por otras de naturaleza autoritaria. Además, no puede olvidarse que la finalidad  del Consejo es garantizar la independencia de los jueces y magistrados y pocos podrán negar que en nuestro sistema judicial, cuyo gobierno corresponde al  Consejo, el juez que quiera ser independiente puede serlo.
Partiendo por lo tanto de que el Consejo es la organización más apta para garantizar la independencia de los jueces el debate debe situarse en como puede superar las marcadas deficiencias entre lo que constitucionalmente se  espera de la institución y lo que ésta es realmente. El debate se ha polarizado excesivamente en torno al sistema de elección de los vocales judiciales: elección corporativa o parlamentaria. Ninguno de estos sistemas aportan un plus a la independencia del Consejo y el posicionamiento a favor o en contra de uno u otro responde a la idea, veraz o no, de que siendo la carrera judicial mayoritariamente conservadora el sistema corporativo garantiza mayorías de esta naturaleza mientras que el sistema parlamentario aproxima más la ideología de los vocales del Consejo a la de la sociedad.
Particularmente creo que se trata de una discusión superflua pues el mejor sistema es el que goce del más amplio consenso entre los grandes partidos y el único que ha sido consensuado entre ellos es el sistema mixto actual. Sería inconcebible que cada nueva mayoría parlamentaría impusiese un nuevo sistema de elección en un constante tejer y destejer que instrumentalizaría aún más la institución. Algunas medidas legales, no obstante, podrían proponerse para potenciar la independencia de los vocales, como la incompatibilidad, tras su cese como tales, para ocupar otros cargos públicos durante determinado tiempo; o la reducción de las competencias del Consejo en materia de informes por ser una de las competencias más susceptibles de instrumentalización política; o la publicidad de las sesiones del Pleno, siguiendo el modelo italiano, para aumentar la transparencia de su actuación.
Pero lo esencial es la asunción por los vocales del Consejo, y particularmente por quien lo preside del papel y significado constitucional de la institución. Parece fácil pero no lo es. Lo demuestra el que la crisis alcanza a otras instituciones relevantes que también parecen haber perdido el significado de su papel. El anecdotario, al respecto, es rico en los últimos meses: visualización de una intensa confrontación en el tribunal Constitucional entre jueces según sus presuntas afinidades políticas; críticas del Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional por... ignorar la constitución; críticas del Fiscal General por similar motivo y quejas del Tribunal Constitucional al Gobierno, ni más ni menos, por la actuación del Fiscal General; e incluso intromisión del Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo en un conflicto laboral entre el Ministerio de Justicia y los funcionarios dependientes del mismo, al margen de cualquier competencia en este terreno.

"El deficiente funcionamiento de nuestro sistema judicial, particularmente el del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, está comprometiendo gravemente su credibilidad"

Esta dificultad para que  instituciones tan relevantes en el sistema judicial  cumplan adecuadamente su papel quizás tenga una causa común: su sensibilidad a la  confrontación política externa, particularmente cuando esta alcanza una extrema virulencia y se ventila en gran parte en el terreno de lo judicial. Ello sitúa a las grandes fuerzas políticas ante la responsabilidad de impedir el deterioro, evitando la permanente judicialización de sus conflictos, alcanzando los acuerdos precisos para el normal funcionamiento institucional y respetando y propiciando al máximo la independencia de quienes las integran.
Quizás la nueva legislatura permita, tras la elección de un nuevo Consejo, retomar a los partidos políticos más significativos el espíritu que condujo al fenecido Pacto por la Justicia y realizar una apuesta fuerte por el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Sin ella el futuro se presenta más bien incierto.