FERNANDO RODRÍGUEZ PRIETO
Notario Coslada (Madrid)

En el anterior número de esta Revista el Director General de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalidad de Cataluña trataba de tranquilizar con palabras animosas sobre las consecuencias de la asunción de competencias notariales por parte de su administración autonómica. Nos indicaba su objetivo de mejorar el anterior modelo centralizado, sin causar merma a las condiciones estatutarias del cuerpo único estatal. Y su aspiración de consolidar un sistema de gestión conjunta con el Ministerio de Justicia de forma que, en materia de oposiciones y concursos, se siguieran los criterios de la declaración conjunta  de 18 de abril de 2007 conforme a la cual lege data, es decir, hasta que se produjeran las reformas legales pertinentes, y por tanto en principio indefinidamente, las convocatorias de concursos, traslados y oposiciones se realizarían de forma conjunta.
En esta concreta materia no puedo dejar de manifestar mi extrañeza, tal vez algo ingenua, por el empeño de las fuerzas políticas preponderantes de Cataluña en conseguir estas competencias si el resultado, al menos por ahora, se aspira a que sea idéntico al que se hubiera producido sin la asunción de las mismas, pero por un camino mucho más complejo. Joaquín Leguina, uno de los grandes políticos retirados de la escena prematuramente por esa nueva clase política de curricula mediocres y preparación endogámica que, no precisamente con ventaja, ha sustituido a la de la transición, nos recordaba recientemente cuál es la ley de oro de toda burocracia: reclamar las mayores competencias para ejercerlas con las mínimas exigencias de responsabilidad. Tal vez sea éste el caso una vez más.

"Si consideramos la proposición de Ley Orgánica que el Parlamento de Cataluña ha presentado en el Congreso, y el afán de emulación que caracteriza a nuestras Comunidades Autónomas, podemos dar por seguro que la fiesta no se acaba"

Lo cierto es que, a pesar de tan buenas palabras y de la satisfactoria experiencia del primer concurso de se convocó de forma conjunta, en el último no ha sido posible mantener tal nivel de colaboración y, tal vez y según se comenta, por conflictos ajenos a la cuestión, se ha producido el indeseado efecto de la existencia de dos concursos separados. Con el agravante de que se trataba, además, del primer concurso al que estaban obligados a presentarse toda una nueva promoción de notarios. Por unos pocos días, a través de una convocatoria tramitada con sospechosa rapidez, se ha adelantado el concurso de la Dirección General, lo que ha dejado sin opciones a los nuevos notarios que hubieran querido ir a Cataluña. Pero bien podría haber sucedido justo al revés. Como también podrá suceder en el futuro. Y desde luego, gane quien gane la próxima carrera, ninguna solución es satisfactoria cuando los concursos son separados.
De poco han servido, por tanto, los encomiables esfuerzos realizados conjuntamente por las dos principales asociaciones de Notarios, Joaquín Costa y Foro Notarial, que se dirigieron a ambas administraciones para solicitar que continuaran los concursos conjuntos. Pusieron de manifiesto tales asociaciones las “gravísimas disfunciones que afectan al interés general”, con efectos indeseables que “dilatan y dificultan la cobertura de plazas vacantes” en ciertos territorios que se derivan de la convocatoria descoordinada. No hace falta insistir en que tales efectos, una vez más a la vista, ciencia y paciencia del grupo gobernante del Consejo, y con su aparente pasividad, se han producido finalmente. Basta echar un vistazo al concurso resuelto por la Generalidad. Tal vez ahora hayan aprendido que si aspiran a cubrir sus vacantes, de lo que se trata es de ser aún más pillos y de correr más la próxima vez. Como tanto se oye el los patios de los colegios: “tonto el último!”. Ya se ve en qué ha quedado la aspiración de mejorar el modelo.
Este desenlace no hace sino poner de manifiesto las disfunciones de un sistema de relaciones bilaterales entre las regiones y el estado para la gestión de los asuntos comunes, es decir, de esta estructura confederal inaugurada por el Estatuto de Cataluña en la que tan alegremente nos estamos organizando para afrontar el futuro. Tal vez en algún otro planeta habitado por bonachones alienígenas estos sistemas de co-gobierno pueden tener alguna oportunidad. Pero desde luego en el nuestro históricamente siempre han terminado en fracaso, cuando no en algo peor. Para quien quiera seguir creyendo que este progreso no es sino un avance progresista, o, como también se ha dicho, un ingenioso método de acercar la Administración al ciudadano, puede ser muy ilustrativa la lectura del libro de Francisco e Igor Sosa “El Estado Fragmentado. Modelo austro-húngaro y brote de naciones en España”. De la historia se pueden tomar lecciones.

"Este desenlace pone de manifiesto las disfunciones de un sistema de relaciones bilaterales entre las regiones y el estado para la gestión de los asuntos comunes"

Si consideramos la proposición de Ley Orgánica que el Parlamento de Cataluña ha presentado en el Congreso, y el afán de emulación que caracteriza a nuestras Comunidades Autónomas, podemos dar por seguro que la fiesta no se acaba, a pesar de sus daños colaterales que ya se han comprobado en materia de concursos. Éstos, sin embargo, a pesar de su gravedad, son nimios comparados con  los que pueden derivarse del hecho de que la Generalidad (y en el futuro otras Comunidades) se anime un día a convocar sus propias oposiciones. Tal hecho, junto con el establecimiento de una regulación y disciplina específica, supondría sin duda a medio plazo la desaparición de la unidad del cuerpo notarial, dijeran lo que dijeran ampulosas declaraciones legales. Y, lo que es peor para los intereses generales, el fin de la libre circulación de documento notarial por todo el territorio nacional pues, como muy bien ha dicho Rodrigo Tena, no puede separarse el valor y eficacia de las escrituras y demás documentos notariales de la fuente que las autoriza. Podemos así llegar a un modelo alemán, de notariado atomizado por territorios donde la libre circulación documental que establecen las normas federales en la práctica no existe, porque no puede existir. Un modelo, por cierto, lamentado por sus disfunciones por el propio notariado alemán, que anhela como objetivo esa unidad de cuerpo y de funciones que parece que en España hemos empezado a desechar.