Hace 7 años, en Junio de 2001 nos congratulábamos "del pacto para la Justicia que acababan de suscribir los dos partidos políticos con mayorías capaces de asumir funciones de gobierno. Y aplaudiendo el resultado obtenido, nos preguntábamos si era más digna de admiración y aplauso la actitud de los gobernantes que, como Aznar y Arenas de un lado y Rodríguez Zapatero de otro, habían sentido la necesidad de elevar a asunto de Estado el problema endémico de la justicia, la de quienes como Michavila, López Aguilar o Astarloa habían logrado con imaginación y generosidad encontrar una solución paccionada y estable, o la del ministro Acebes que había sabido contagiar a todos su decisión inquebrantable de alcanzar una solución histórica en materia de tanta sensibilidad social".
No ha pasado ni siquiera una década y el estado de la justicia no solo no ha mejorado sino que se ha agravado hasta convertirse en un alarmante problema social. La muerte de una niña en Huelva ha hecho reconocer al Consejo General del Poder Judicial que en el orden penal hay 270.000 resoluciones sin ejecutar, cifra que el Presidente de la Abogacía Carlos Carnicer, que incluye en su cómputo las resoluciones del orden civil, administrativo y social, eleva a una cifra superior al millón. Y si se hicieran estadísticas de las demandas y denuncias en curso y de las demoras y aplazamientos que arrastran y repiten hasta la desmoralización de los litigantes, probablemente todos caeríamos en una melancolía paralizante.

"Tendrán los políticos, al abordar este problema, la obligación moral de prescindir de las expectativas de votos si han de hacer concesiones a la oposición ó al Gobierno. Sería lastimoso que dentro de otros 7 años tuviéramos que avergonzarnos de un nuevo fracaso como el del Gran Pacto por la Justicia de 2001"

La situación es de extrema gravedad. Porque no es solo que no se ha encontrado remedio a la situación humillante del destinatario de la justicia, ese arquetipo que la literatura universal ha estereotipado en Joseph K. Es que ya la sociedad va percibiendo que es inútil e infructuoso acudir en demanda de justicia a unos tribunales que no resuelven, que los propios abogados te desaconsejan esa opción aunque tengas cartas de triunfo, y que los ciudadanos comienzan a autorregular su conducta con reglas que prescinden del recurso a los Tribunales, lo que a corto plazo premia al delincuente y da ventaja al moroso penalizando al cumplidor, y a largo plazo limita la contratación y la expansión económica, de lo que es prueba recurrente la renuencia de los propietarios a arrendar sus viviendas.
El Estado de Derecho no puede asentarse sobre un trípode de solo dos patas. No se trata de buscar culpables. Imputar a resabios franquistas o a la falta de acuerdo en puntos concretos un problema endémico, es sólo echar cortinas de humo que ya no encuentran incauto a quien engañar. Si a todos nos corresponde alguna parte de responsabilidad, una mayor cuota corresponde desde luego a los políticos, a todos, porque la situación va empeorando irremisiblemente y nunca ha habido mejoras ni siquiera transitorias. Es preciso que Gobierno y oposición y todos los estamentos implicados aborden una cuestión que está llevando a los ciudadanos especialmente a los honestos, al pesimismo de la desesperanza de que les sea reconocido su derecho a obtener justicia.
Es preciso aplicar la informática a la ordenación de las causas y no escatimar recursos técnicos, humanos y presupuestarios. Es preciso aligerar las causas pendientes descargando a los juzgados de cualquier labor administrativa (¿hasta cuando se aplazará la nueva ley de Jurisdicción Voluntaria y por qué no se reintegra sacando fuera de los juzgados todas las competencias no contenciosas?). Hay que potenciar el arbitraje, importar fórmulas innovadoras de resultados contrastados, que las hay, como la conciliación obligatoria de Alemania en conflictos inmobiliarios, explorar nuevos caminos que den satisfacción cumplida a las pretensiones sociales de la justicia. Cualquier fórmula novedosa debe ser objeto de atención y estudio.
Tampoco estaría de más articular con urgencia una ley de Justicia Preventiva que permitiera dejar fijados y contrastados con la ley de forma inatacable actos, declaraciones y posiciones contractuales, ya que experiencias de siglos acreditan que una buena justicia preventiva reduce a límites asumibles la conflictividad social mientras que duplicidades y medidas obsoletas e inadecuadas como las que previene la legislación vigente puede producir a medio plazo una mayor "judicialización general", que hará inútiles los esfuerzos y sacrificios que ahora hagamos por resolverla.
Y sobre todo tendrán los políticos, al abordar este problema, la obligación moral de prescindir de las expectativas de votos si han de hacer concesiones a la oposición ó al Gobierno.
Todo antes de ver frustrado el nuevo intento de lograrlo. Sería lastimoso que dentro de otros 7 años tuviéramos que avergonzarnos de un nuevo fracaso como el del Gran Pacto por la Justicia de 2001 con que se inicia este reclamo.
Si fuera así, tal vez los políticos y los demás responsables estarían moralmente obligados a declarar la quiebra técnica de este Estado de Derecho.