Las naciones, los países, las áreas económicas, disfrutan de vidas largas, casi invulnerables. Las personas sólo tienen una y es muy corta. Ciertos individuos han tenido la mala suerte de nacer en lugares deprimidos o directamente miserables, en zonas de guerra o de violencia crónica, con escasas o nulas expectativas de supervivencia, no digamos de futuro. No pueden esperar a que dentro de unas cuantas décadas sus países les ofrezcan una oportunidad. La necesitan ahora. Y precisamente por eso, están dispuestos a arriesgar su vida en una patera o a abandonar a unos hijos, quién sabe si muchos años, por conseguir un trabajo mal remunerado.

"Por lo que se refiere a los 'sin papeles' las cosas están muy claras: la Europa rica predica la mano dura"

Esas personas -muchas llegaron sin papeles- han contribuido de manera decisiva al desarrollo de nuestras modernas y tecnificadas sociedades. Han realizado trabajos muy necesarios que nadie más estaba dispuesto a asumir, liberando así mano de obra para otros fines productivos. Cuando se les ha dado la oportunidad han regularizado su situación y han contribuido al mantenimiento de sistemas públicos hasta ese momento gravemente amenazados, haciendo uso de ellos en menor medida al que correspondería en función de su aportación. Se han comprometido a fondo con el país que les ha acogido. Han trabajado duro, han comprado pisos, han pedido préstamos, han creado aquí mucha más riqueza de la que han repatriado a sus familias de origen. Visto el saldo resultante, no les hemos hecho ningún favor. Nos lo han hecho a nosotros.
Pues bien, la crisis actual ha terminado por aclarar definitivamente la crudeza de esta pura relación comercial. A medida que la demanda de trabajo barato disminuye como consecuencia de la desaceleración económica, las desventajas del fenómeno se manifiestan con mayor claridad, y los políticos, siempre atentos a los deseos del votante medio, han encontrado en una imagen de aparente "firmeza" un argumento electoralmente muy rentable. La idea de fondo es que esas desventajas las va a sufragar principalmente la parte débil.

"Lo más curioso de todo es que se nos pretende presentar este grupo de medidas como un gran avance en la concesión de derechos a los inmigrantes"

Por lo que se refiere a los "sin papeles" las cosas están muy claras. La Europa rica predica la mano dura. Existe incluso algún país en el que mientras se utiliza intensivamente el código penal en la lucha contra la inmigración ilegal, se bloquean los procesos por delitos que no crean "alarma social", entre ellos los que aparecen imputados algunos de los promotores de la propia norma. Mientras tanto, el Parlamento Europeo aprueba la directiva de retorno, que permite detener a los inmigrantes durante dieciocho meses (seis, más doce en determinadas condiciones), impide a los expulsados volver a entrar en la UE en cinco años, no incluye un control judicial de los detenidos en el plazo de 72 horas y permite que los niños puedan ser enviados a países distintos de los de su origen sin garantías. Pero lo más curioso de todo es que se nos pretende presentar este grupo de medidas como un gran avance en la concesión de derechos a los inmigrantes, como un mínimo que los Estados deben respetar pero pueden mejorar. Quizá sea cierto, porque el argumento nos ha permitido enterarnos de que en algunos países, como Dinamarca, Holanda, Suecia o el Reino Unido, la detención podía tener una duración ilimitada.
Este argumento reconfortante se combina con otro que nunca falta: la solución al problema de la inmigración ilegal pasa por disminuir la desigualdad entre áreas del planeta, poniendo en marcha iniciativas comunes que contribuyan a sentar las bases del desarrollo en el Tercer Mundo, especialmente en África. Tarea compleja, mientras dedicamos a tal fin unas décimas del PIB y las combinemos con medidas proteccionistas que dificulten la exportación en esos países y con juegos especulativos en el mercado internacional de materias primas, incluidos alimentos básicos. Pero, en cualquier caso, aunque dejásemos la hipocresía a un lado y nos pusiéramos a la tarea en serio, siempre será demasiado tarde para millones de personas que no viven la larga vida de sus naciones, sino la suya propia. Gente a quien si no la disuade atravesar el océano en una cáscara de nuez, no se amilanará por un conjunto de medidas legislativas difíciles de conocer y que, además, para mayor inri, se presentan como garantistas. El resultado previsible para los próximos años será la aplicación intensiva de las medidas represivas anunciadas.
La perspectiva para nuestros actuales inmigrantes -"legales"- siendo sin duda mejor, no es precisamente tranquilizadora, como se analiza con mayor detalle en las páginas interiores de este número. Las crisis económicas repercuten en primer lugar en las rentas más bajas. No es sólo que el incremento del coste de la vida y de los tipos de referencia de los préstamos incidan con mayor intensidad en las economías más modestas, es que la desaceleración general que todos estamos viviendo es una grave crisis en determinados sectores, precisamente en los tradicionales de absorción de mano de obra inmigrante (como el de la construcción). Por eso, si a los datos indicados le añadimos el fantasma del paro, debemos concluir que el panorama es muy preocupante. En los cinco primeros meses de este año cien mil inmigrantes han perdido su empleo en nuestro país. La mitad de los apuntados al paro durante el mismo periodo son inmigrantes, pese a que su porcentaje en la población total no llega al 10%. A todo ello se ha unido una política comercial francamente agresiva  por parte de algunas entidades de crédito, que veían en este sector una oportunidad de negocio y vinculación a largo plazo muy atractiva. Ahí están para demostrarlo miles de tasaciones excesivamente generosas, financiaciones al 100% y productos como las cuotas crecientes que ahora empiezan a pasar factura.

"Lo que en este momento procede es reflexionar sobre la manera de que los platos rotos no los paguen sólo unos"

Lo que en este momento procede es reflexionar sobre la manera de que los platos rotos no los paguen sólo unos. La esperanza en un masivo retorno es ilusoria, fuera del caso de los originarios del este de Europa -y está todavía por ver- como consecuencia del creciente desarrollo de sus países de origen. Para los demás, las medidas adoptadas por el momento por el Gobierno -sirva como ejemplo la decepcionante de ampliación del plazo de las hipotecas- son de virtualidad muy escasa. Más útiles podrían ser otras de carácter fiscal, como, por ejemplo, la exención por tributación de las plusvalías generadas por las daciones en pago efectuadas por el deudor a la entidad de crédito, que en realidad no ponen de manifiesto ninguna ganancia efectiva. En un Estado social y democrático de Derecho, como afirma la Constitución que es el nuestro, afrontar esta tarea no es sólo una obligación moral, pero no se hará mientras nosotros, los ciudadanos, no seamos verdaderamente conscientes de su necesidad y justicia.