JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ
Diputado por Navarra (PSOE) y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

EL ESTADO DE LA ECONOMÍA, A DEBATE

La situación económica, ahora y siempre, tiene que ser analizada desde un planteamiento sereno y razonado, huyendo de euforias o alarmismos injustificados. Es evidente que la economía se ha convertido en una de las principales cuestiones, sino la más, de la agenda política. No es menos cierto que desde hacía tiempo, desde antes de la victoria del PSOE en las Elecciones Generales de 2008, éramos conscientes de que la larga fase de crecimiento económico que comenzó en 1993 tenía que cambiar, sí, cambiar. Pero, ¿qué se entiende por cambiar? Existía consenso, y existe, acerca de la necesidad imperiosa de modificar el patrón de crecimiento de nuestra economía, excesivamente dependiente del sector de la construcción. El programa electoral del PSOE para las Elecciones Generales de 2004, las de hace 4 años, no las de marzo de 2008, dedicaba un capítulo entero, “hacia una economía más productiva” a esta cuestión. En este capitulo se decía con claridad:” el objetivo de nuestra alternativa económica es sentar las bases de un crecimiento económico equilibrado y sostenible, con un horizonte de largo plazo que se traduzca en aumentos de la productividad y del ahorro. Ello nos permitirá, de paso, esquivar los riesgos actuales de la economía española, altamente endeudada y enladrillada, escasamente productiva y poco preparada para hacer frente a una hipotética, aunque no previsible a corto plazo, escalada de tipos de interés sobre los que no tenemos control directo”, (página 104).
Desde hace tiempo coincidíamos en la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento, desde hacía tiempo éramos muchos los economistas y también los militantes del Partido Socialista que creíamos en la necesidad de modificar nuestro patrón de desarrollo. Y lo hacíamos desde bastante antes de que el PSOE llegara al Gobierno, también durante los años de gobierno del Partido Popular (PP). Lo hemos seguido defendiendo después de volver al Gobierno en 2004, cuando muchos agentes económicos seguían comportándose como si el alza permanente de los precios inmobiliarios y de la actividad en ese sector no fuera a tener nunca fin. He querido destacar esta clara y antigua toma de conciencia porque hasta hace poco tiempo, menos de un año, no existía evidencia objetiva alguna que permitiera aventurar un cambio de tendencia económica.
A pesar de la inexistencia de indicios de desaceleración, y mucho menos de recesión o crisis, el Gobierno no ha dejado de adoptar medidas durante estos cuatro años con el fin de modificar, y hacerlo estructuralmente, nuestro modelo de crecimiento. Esa voluntad ha marcado la política económica del Gobierno desde su primer día de trabajo en 2004. Así se creó la unidad para el Impulso de la Productividad, integrada por los Secretarios de Estado de Economía, Hacienda y Presupuestos y el Director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, con el objetivo de poner en marcha las medidas necesarias para incrementar la productividad de la economía española.
En febrero de 2005, cuando la economía crecía al 3,5 por 100 sin que nadie aventurase cambios a medio plazo, se aprobó el Plan de Dinamización que contemplaba más de cien medidas para lograr un crecimiento económico equilibrado y duradero. En octubre de 2005 vio la luz el Programa Nacional de Reformas con sus siete ejes de actuación: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, Programa AGUA –Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua-, aumento y mejora del capital humano, estrategia de I+D+i a través de Ingenio 2010 para impulsar el desarrollo tecnológico, aumento de la competencia, reformas en los mercados de bienes y servicios, mejora del marco regulatorio y las Administraciones Públicas, mercado de trabajo y diálogo social. Otras medida relevante adoptada en este tiempo, antes de cualquier indicio de desaceleración, fue el Plan de Fomento Empresarial con más de cincuenta medidas para impulsar la internacionalización, la innovación empresarial y el espíritu emprendedor, y para conseguir los objetivos de la Estrategia de Lisboa.
Mientras, el crecimiento del PIB superó el 3 por 100 durante todos los trimestres de la pasada legislatura, incluso el último de 2007, se crearon 3 millones de empleo en el mismo periodo de tiempo -más de medio millón en 2007-.
En otoño de 2007 se aprobaron los Presupuestos Generales para este año, todavía en un marco de claro crecimiento. El presupuesto destinado por el Gobierno a la I+D+i para el presente ejercicio prácticamente triplica el del comienzo de la legislatura anterior. En 2004 eran 2.900 millones de € y para 2008 están presupuestados 7.700 millones.
Insisto en estos datos porque creo que es importante recordar cuándo y cómo se ha  producido la actual desaceleración económica, sin duda de manera más rápida e inesperada que otras vividas con anterioridad. Cuando se celebraron las Elecciones Generales el pasado 9 de marzo no se habían comenzado a publicar indicadores negativos. Es más, seguían apareciendo excelentes indicadores. A mediados de diciembre de 2007, Eurostat publicó un dato histórico para la economía española. Por primera vez desde el ingreso de nuestro país en la Unión Europea en 1986 España superaba la renta per cápita de Italia y reducía en 3 puntos su diferencial con la Zona Euro, el mayor avance de convergencia registrado desde 1997.

"La situación exige medidas de protección y de reforma del sistema productivo basadas en los elementos de fortaleza de nuestra economía y compatibles con el mantenimiento de los avances alcanzados en nuestro país en protección social, confianza en nuestras instituciones y capacidad de alcanzar acuerdos"

Después de más de 30 años, en 2005 se registró por primera vez superávit en las cuentas públicas, 0,96 por 100 en 2005, 1,83 en 2006 y 1,3, en 2007, al mismo tiempo la deuda pública se ha reducido hasta situarse en torno al 34 por 100, el nivel más bajo de los últimos años frente al 48,7 por 100 de 2004. La reducción de la deuda implica ahorro en el pago de intereses recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, pasando de representar el 16 por 100 del gasto no financiero en 2004 a algo menos del 11 por 100 en 2008.
Con todo, la situación económica ha cambiado claramente. A pesar del esfuerzo del Gobierno por poner en marcha todo tipo de medidas destinadas a modificar nuestras pautas de crecimiento económico con el fin de reorientar su composición estructural primando los sectores de mayor capacidad de generación de valor a medio y largo plazo. Aquellos basados en la tecnología y el conocimiento, lo cual exigía como se estaba y se sigue haciendo multiplicar el esfuerzo en I+D+i, reformar mercados, apostar por la educación, el capital humano, las infraestructuras y el desarrollo sostenible. En 2007 comenzó a gestarse una importante crisis financiera internacional provocada por las empresas afectadas por la crisis de las hipotecas subprime, problema que hundía sus raíces en acontecimientos vividos en los Estados Unidos en ejercicios anteriores a esa fecha. En agosto de 2007 la bolsa de Nueva York reaccionó, por primera vez y con fuerza, a la baja por este motivo. En este momento la lista de entidades afectadas es amplísima, y sus efectos sobre el funcionamiento de los mercados financieros internacionales, la oferta de liquidez en los mercados monetarios, y en consecuencia sus efectos sobre el crecimiento mundial, evidentes y claramente negativos.
Éste no ha sido el único elemento pernicioso. El ascenso de los precios del petróleo, de las materias primas y alimentos ha complicado el escenario. La subida se ha convertido en una evidente fuente de inflación en Europa que ha llevado al Banco Central Europeo (BCE), cuya misión estatutaria es evitar el alza de los precios, a endurecer paulatinamente su política monetaria elevando tipos. Ese tensionamiento monetario, en un momento de ralentización y de crisis de liquidez en los mercados internacionales provocadas por la crisis de las subprime no se puede decir que haya, precisamente, contribuido a compensar algunos de los problemas. Mientras, el único efecto positivo de la fortaleza del euro frente al dólar ha sido su contribución a reducir la factura energética, si bien los sectores exportadores y abiertos a la competencia global están sufriendo en exceso esa apreciación cambiaria de la divisa común.
En nuestro país, no es menos cierto que durante los últimos años el déficit comercial español ha ido creciendo de manera preocupante, alimentado por el fuerte crecimiento de las importaciones –cada vez en mayor medida por causa del desequilibrio energético-, reforzando las necesidades de financiación de la economía española en los mercados internacionales.
En este momento la economía española está experimentando una clara desaceleración, el mercado de trabajo se está ajustado de forma intensa reduciendo el ritmo de creación de empleo, la inflación ha repuntado y los indicadores de consumo –ventas de vehículos, etc.- y las ventas de viviendas muestran una tendencia claramente descendente. Indicadores como la afiliación a la seguridad Social o la recaudación por IVA apuntan en la misma dirección, mientras la bolsa tampoco atraviesa por sus mejores momentos.
Al escribir estas líneas los mercados financieros apuntan que lo peor de la crisis financiera ya ha pasado, habiendo demostrado el sector financiero europeo en general y el español muy en especial su fortaleza, la solidez de sus balances y lo adecuado de su regulación y sistema de supervisión. Sin embargo las tensiones subsisten como demuestra el repunte del euríbor.
Algunas economías europeas como la alemana han registrado durante el primer trimestre de 2008 indicadores esperanzadores que pueden estar mostrando los primeros indicios de superación de la situación. En nuestro país, la solidez de nuestros indicadores económicos permiten afrontar la situación con garantías de volver a crecer a ritmos próximos a los del potencial de crecimiento de nuestra economía en 2009.
El escenario actual es peor que el de hace un año y nadie, ni desde el PSOE ni desde el Gobierno, hemos o ha tratado de ocultar nunca este empeoramiento.
En este contexto, ¿qué margen tienen las autoridades económicas españolas para poner en marcha medidas de política económica para salir lo antes posible de esta situación de crisis?
Tal y como explicó el Presidente en el debate extraordinario celebrado en el Congreso de los Diputados el 2 de julio de 2008, se han adoptado en total más de 50 medidas, que van a movilizar e inyectar 65.000 millones de euros a familias y empresas, algo que ningún otro país europeo puede poner sobre la mesa como ha hecho España.

"Algunas economías como la alemana pueden estar mostrando los primeros indicios de superación de la situación. En nuestro país, la solidez de los indicadores permite afrontar la situación con garantías de volver a crecer a ritmos próximos a los del potencial de crecimiento de nuestra economía en 2009"

El Gobierno ha puesto en marcha ya dos paquetes de medidas que van a complementar la reducción de 400 euros en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) que empezará a aplicarse en el mes de julio. Las adoptadas en el segundo Consejo de Ministros de la legislatura y las anunciadas por el Presidente de Gobierno en la presentación del Informe económico del Presidente del Gobierno de 2008.
En el segundo Consejo de Ministros de esta legislatura el Gobierno adoptó un plan de medidas dirigidas a paliar los principales problemas detectados: la pérdida de poder adquisitivo de las familias, la falta de liquidez de las empresas, el aumento del desempleo y la desaceleración de la construcción, sobre todo la de carácter residencial. El superávit acumulado durante toda la anterior legislatura, que no es una casualidad sino el resultado de una visión progresista y eficaz de la política económica y de la gestión de las cuentas públicas, permite recurrir a él en situaciones de menor dinamismo para estimular la economía y asegurar la protección social. Ahora es el momento de aprovechar el ahorro acumulado en años anteriores.
Así mismo, otra medida, anunciada antes de las elecciones de marzo, la deducción en cuota de los 400 euros tendrá un efecto directo en las nóminas de junio para más de 16,4 millones de contribuyentes, y permitirá que casi 1,8 millones de asalariados, autónomos y pensionistas dejen de pagar el IRPF. Esta medida, en combinación con otras como la posibilidad de ampliar el plazo de las hipotecas sin coste alguno, que facilita a las familias a que adapten el pago de su hipoteca a su nueva situación, debe servir para mejorar la renta familiar disponible y estimular el consumo.
Las medidas adoptadas para el empleo, en particular el plan de recolocación de parados, ayudarán especialmente a los que se encuentren con más dificultades e inciden directamente en adecuar mejor la oferta a la demanda de trabajo y fomentan la movilidad laboral, que es una de las asignaturas pendientes de nuestra economía. La rehabilitación de las viviendas, la inversión en la obra pública y la dotación de mayor liquidez a las pequeñas y medianas empresas contribuyen a mejorar el entorno de nuestras ciudades, a mejorar la sostenibilidad energética de nuestros edificios, a incrementar la productividad y la competitividad de nuestra economía y a hacer posible que se puedan llevar a cabo más proyectos de inversión desde empresas de menor tamaño. La aceleración de las devoluciones mensuales de IVA para las empresas, la ampliación de las líneas de financiación para las pequeñas y medianas empresas y las medidas destinadas a ayudar a los sectores afectados por la subida de los carburantes apuntan en la misma línea.
También hay que destacar que ya se ha celebrado la primera reunión del nuevo proceso de diálogo social que tiene como objetivo afrontar la desaceleración económica y aprovechar el desafío para seguir adoptando las reformas y medidas necesarias que permitan a nuestra economía crecer más y mejor.
Termino subrayando la conciencia de las dificultades por la que atraviesa la economía española. La situación exige medidas como las que se están adoptando, medidas de protección y de reforma del sistema productivo basadas en los elementos de fortaleza de nuestra economía. Medidas compatibles con el mantenimientos de los avances alcanzados en nuestro país en protección social, con las subidas de las pensiones mínimas, las ayudas a nacimientos y a la vivienda, el permiso de paternidad o las ayudas a la dependencia.
En definitiva, una situación que exige confianza en nuestras instituciones y en las medidas que adopte el Gobierno y otras instancias, y una situación que, desde la perspectiva de los agentes económicos y sociales, y de los partidos políticos, exige capacidad de alcanzar acuerdos, algunos serán duros, y serenidad.