No ha sido infrecuente, en éste y en otros países, que determinados casos judiciales que por su gravedad o significación han llegado a alcanzar una gran repercusión mediática, terminen por servir de piedra de toque para comprobar la fiabilidad no solo del propio sistema judicial, sino, incluso, del sistema político en que aquél se enmarca. Esto está ocurriendo, sin duda, con el caso Mari Luz, cuyo origen, desenvolvimiento y últimas incidencias revelan a la perfección un estado de desorganización, penuria de medios, irresponsabilidad y falta de criterio político verdaderamente preocupante. En su origen, el caso vino a probar a las claras las actuales deficiencias de la Administración de Justicia, algo sobradamente conocido para los más próximos, pero sus ramificaciones finales lo que demuestran es el aparente desinterés de nuestros responsables políticos por afrontar su reforma en profundidad.
Las ineficiencias que el caso detectó (carencia de medios, lentitud, indefinición de competencias, delegación de responsabilidad, etc.) no son privativas de la Administración de Justicia, dado que afectan a toda la Administración pública, y puede que aún más allá, si bien es quizá en ese ámbito (junto con el de la sanidad y la enseñanza pública) donde puede resultar más visible dada su gravedad.  Pero lo cierto es que las causas son comunes y si repercuten en la judicatura es precisamente porque ésta participa también de las características clásicas de la burocracia tradicional. Como explicó perfectamente Max Weber, es una herencia derivada de la recepción del Derecho Romano y afecta, en mayor o menor medida, a todos los países que sucumbieron a su poderosa autoridad. Era técnicamente necesario poner en manos de especialistas –de especialistas que habían estudiado en las universidades el Derecho Romano- unos procedimientos judiciales cuya complejidad estaba destinada a crecer al mismo ritmo que una economía cada vez más racionalizada.

"Los partidos dominan a los órganos constitucionales, pero como los dominan más en provecho propio que en interés general, los servicios se deterioran paulatinamente, incrementándose el coste político de afrontar una reforma radical para la que, además, los que podrían impulsarla no tienen especial incentivo"

No obstante, no cabe duda de que la Justicia presenta incluso un grado de burocratización (en el mal sentido de la palabra) muy superior a ciertos sectores de la Administración pública, que, por mor de sus presupuestos abundantes, dirección política única, jerarquía, incentivos y fines (normalmente recaudatorios), ofrecen un nivel de eficacia mucho mayor. La conclusión es que la modernización es posible, que incluso el objetivo a conseguir está definido (una oficina judicial no solo mejor dotada sino mucho mejor organizada), pero, también, que falta de forma manifiesta el impulso político para afrontarla.
El espectáculo ofrecido por nuestros partidos a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial es suficientemente significativo. Cualquier observador imparcial no puede dejar de sacar la impresión de que la finalidad de proporcionar a los ciudadanos un servicio público acorde con las necesidades actuales de nuestra sociedad ocupa un lugar subordinado en las preocupaciones de los políticos, aparentemente más interesados en asegurarse una cuota de poder en el Consejo de cara a influir en determinados nombramientos clave y limitar en su propio beneficio la supuesta independencia del Poder Judicial.
Al singular proceso de selección de los finalmente nombrados, cuya idoneidad para el cargo nunca suscitó la más mínima duda, se añadió el de su Presidente. El reparto de puestos fue puro y duro, designándose directamente como vocales a hombres y mujeres de partido de fidelidad reconocida, sin objeción por la otra parte. Una vez designados, los vocales independientes e inamovibles que debían elegir al Presidente del Consejo, se enteraron de a quién iban a votar por la prensa, que se limitó a recoger las manifestaciones del Presidente del Gobierno sobre el acuerdo al que había llegado con el líder de la oposición. Sobra decir que la elección se produjo por unanimidad, pese a que, en privado, muchos manifestaron sus dudas sobre la idoneidad del único candidato.
El problema básico no es sólo que de esta manera se termine por desvirtuar el diseño constitucional, que pretendía incentivar el consenso en los nombres y no el reparto en los números, sino que el procedimiento de designación, al margen de arrojar dudas sobre la competencia profesional de los designados, crea una red de dependencias, incentivos y prioridades, más sensibles a los intereses a corto plazo de los mandantes que de los finales de la propia organización judicial.

"Los vocales independientes e inamovibles que debían elegir al Presidente del Consejo, se enteraron de a quién iban a votar por la prensa, que se limitó a recoger las manifestaciones del Presidente del Gobierno sobre el acuerdo al que había llegado con el líder de la oposición"

En un extenso mensaje al Parlamento de la nación, el 26 de junio de 1991, el entonces presidente de la República italiana, Francesco Cossiga, alertaba sobre “los efectos devastadores de la partitocracia”, “que inevitablemente acaban por deslegitimar las instituciones representativas”, originando “una creciente desafección popular hacia nuestro sistema de gobierno”. Criticaba especialmente los “acuerdos contractuales de poder entre los partidos”, con la consiguiente “disfunción de las instituciones, carencias y lentitud en la Administración de Justicia, e insuficiente respuesta de los servicios a la demanda social”. Todo ello al margen de la frecuencia con la que la propia Constitución sufre modificaciones tácitas “por vía de prácticas y convenciones no siempre conformes a su espíritu”. Poco después, el 19 de junio de 1992, en una extensa entrevista en el suplemento del periódico Die Zeit, el presidente de la República Federal de Alemania, Richard Von Weizsäcker, denunciaba la “conversión de los partidos en un sexto órgano constitucional no previsto en la Constitución, que, yendo cada vez más lejos, en parte ha dominado completamente a los otros cinco”.
Los partidos dominan a los órganos constitucionales, pero como los dominan más en provecho propio que en interés general, los servicios se deterioran paulatinamente, incrementándose con el tiempo el coste político de afrontar una reforma radical para la que, además, los que podrían impulsarla no tienen especial incentivo. Pero lo más grave es que una vez traspasado determinado nivel de ineficiencia o una vez que, por razón de casos escandalosos que alcanzan gran repercusión, los ciudadanos adquieren clara conciencia del problema, lo que empieza a estar en juego no es ya el propio servicio, sino el sistema político que lo sustenta. El caso italiano ha sido paradigmático y, para nosotros, debería ser motivo de profunda reflexión, porque no es infrecuente que el hartazgo de los ciudadanos ante el irritante espectáculo de instituciones fundamentales socavadas o simplemente paralizadas por intereses de partido, mientras los problemas reales de la gente siguen sin ser resueltos, termine por hacer atractivos supuestos remedios radicales, a la postre mucho peores que las enfermedades que tratan de curar.