MARÍA ROSA ROTONDO
Presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales

LOS LOBBYS, UNA INSTITUCIÓN A DEBATE

En los últimos tiempos se observa el uso creciente del término "lobby" en el tratamiento de cuestiones de actualidad que afectan a la política y los desarrollos económicos en España. Sin embargo, se percibe al mismo tiempo un desconocimiento de esta actividad profesional, tan consolidada en otros países de nuestro entorno, particularmente en el mundo anglosajón y en Bruselas, como resultado de la creciente importancia de la política europea en los asuntos que conciernen a las empresas.
El término lobby proviene de la actividad desarrollada desde el siglo XIX en los pasillos del Congreso y Senado norteamericanos, cuando representantes de las circunscripciones electorales abordaban en los pasillos o en la entrada ("lobby", en su traducción inglesa) a los Congresistas para trasladarles sus puntos de vista sobre cuestiones políticas que les afectaban directamente. Si nos remontamos aun más en el tiempo, en el siglo XVII los miembros del Parlamento Británico ya trataban con sus electores cuestiones como el presupuesto o los impuestos, una forma clásica de permitir a la sociedad civil el acceso a la clase política y al mismo tiempo, recabar su apoyo para las siguientes elecciones.
Muchas empresas en España todavía no se plantean o desconocen las razones por las que deberían "hacer lobby" a la Administración y en el Congreso. El objetivo final de toda campaña de lobby es siempre mejorar el entorno empresarial en el que opera la compañía. Sin embargo, existen un buen número de razones adicionales para desarrollar esta actividad, ya sea influir en la elaboración de una ley o reglamento específico, modificar desarrollos legislativos que inciden en la actividad empresarial o sectorial, influir en el debate político, dar a conocer a la empresa y sus objetivos ante las instituciones, o proporcionar información especializada y actualizada sobre sectores específicos. Todos ellos son motivos suficientes para que cualquier empresa desarrolle esta actividad de manera profesional, ya sea por sí misma con un profesional en plantilla, o a través de una agencia especializada.

"La 'Iniciativa para la Transparencia Europea' ha culminado tras un proceso de contula con la aprobación el 27 de mayo de este año de una Comunicación (COM 323 2008 final) que establece la aprobación de un Códido de Conducta y Registro de representantes de grupos de interés"

Otra razón para contar con profesionales de las relaciones institucionales es la creciente complejidad del procedimiento legislativo en nuestro país, con legislación elaborada a varios niveles: comunitario, nacional, autonómico e incluso local, que afectan directamente a la actividad empresarial. Cada vez es más necesario que las empresas sean capaces de influir en todos estos niveles y casi siempre, hay que hacerlo de distinta manera. Para ello, es imprescindible tener un conocimiento especializado del funcionamiento de las instituciones, del procedimiento legislativo, de los calendarios que se manejan y de la mejor forma de dirigirse a unos u otros en función de sus intereses, sus competencias y del lugar que ocupa en la cadena legislativa.
En las democracias modernas, la libertad de expresión se ejerce no solo a través de los individuos sino, también, a través de las organizaciones de la sociedad civil sirviéndose de diferentes canales y medios. Las relaciones institucionales son uno de ellos. De ahí la importancia de la participación de los grupos de interés en el proceso de toma de decisiones.
Desde el punto de vista de los profesionales agrupados en APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales) los grupos de interés desempeñan un papel importante y legítimo en el proceso democrático. Nosotros hablamos de relaciones institucionales que consisten en facilitar la relación de una empresa con las Instituciones que forman parte de su área de interés. Como ya hemos dicho, el elemento subyacente a esta actividad parte del reconocimiento del derecho fundamental de las empresas tienen derecho a acceder a las Instituciones y de forma muy especial a los poderes ejecutivo y legislativo a fin de trasladar sus intereses, recabar y trasladar información y conocimientos, defender su situación o sus intereses, e instar o cambiar legislación que les afecta.
En última instancia, es labor de las instituciones y del legislador equilibrar los distintos intereses individuales para identificar el interés general de la sociedad. Por tanto, el lobby es una actividad profesional y transparente, orientada a enriquecer el proceso de elaboración de legislación, aportando información o la visión sobre el equilibrio de intereses que se pueden ver afectados por la misma. Hacer lobby es, por tanto, radicalmente distinto del amiguismo, del tráfico de influencias o de la prevaricación.
De hecho, el Comisario Anti Fraude y Vicepresidente de la Comisión Europea Siim Kallas ha defendido públicamente que "no hay nada malo con el lobby, que es una profesión hornada y de vital importancia en una democracia"
Además, el Parlamento Europeo reconoce que "los grupos de interés privados, públicos o no gubernamentales son un modo de proporcionar conocimientos expertos específicos en sectores económicos, sociales, ecológicos, científicos y de toda índole".

"Los grupos de interés desempeñan un papel importante y legítimo en el proceso democrático. Esta actividad parte del derecho de las empresas a acceder a las Instituciones a fin de trasladar sus intereses, recabar y trasladar información y conocimientos, defender su situación o sus intereses"

Por tanto, se puede afirmar que los grupos de interés, como parte del proceso democrático, facilitan la labor de los representantes del sector público, haciendo de mensajeros y transmisores de las necesidades e intereses de la industria y dando mayor transparencia a las relaciones entre el sector público y privado. De esta manera, contribuyen a mejorar el proceso legislativo y la definición de las políticas públicas.
Las normas relativas a los grupos de interés son, en definitiva, una forma de garantizar la transparencia del debate democrático. En España, no hay por el momento norma alguna que regule la actividad de los grupos de interés en el Congreso. En otros países, por el contrario, es una actividad regulada desde hace tiempo.
En JUL se aprobó en 1995 la "Lobbying Disclosure Act" en la que se crea un Registro dentro de la House of Representatives y que incluye obligaciones tales como declarar los ingresos que excedan los $ 5,000 y el cliente para el que se realizan los contactos.
En el Reino Unido la Association of Professional Political Consultants tiene un Código de Conducta que incluye obligaciones similares a la norma norteamericana. Además, junto con otros colectivos profesionales que también tienen como objetivo influir en el proceso legislativo o político, se han aprobado una serie de "Principios de Conducta" complementarios a los códigos de autorregulación que establecen pautas de actuación tales como transparencia, honestidad, integridad y exactitud en la información.
En Bruselas se lanzó la "Iniciativa para la Transparencia Europea" que ha culminado tras un proceso de consulta celebrado entre Diciembre de 2007 y Abril de 2008 con la aprobación el 27 de mayo de este año de una Comunicación (COM 323 2008 final) que establece la aprobación de un Código de Conducta y un Registro de representantes de grupos de interés que ha entrado en vigor, con carácter voluntario, el 23 de junio de 2008.
En España tuvo entrada en la Mesa del Congreso el pasado 22 de abril una Proposición No de Ley ante el Pleno del Congreso por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana/ Izquierda Unida/ Iniciativa per Catalunya Verds sobre la creación de un Registro de Lobbies o grupos de interés. Es evidente por tanto que ya existe una necesidad real y acuciante de regular de una manera u otra la actividad profesional de estos grupos. 
Por este motivo, en Diciembre de 2007 se constituyó la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, la primera Asociación que agrupa específicamente a los profesionales de las relaciones institucionales o lobbistas.
El objetivo principal que nos ha impulsado a constituir la asociación es la necesidad de profesionalizar y dar transparencia a la actividad consistente en trasladar a las instituciones intereses legítimos de colectivos y empresas. Con más de 20 miembros, todos ellos personas dedicadas al lobby de forma profesional, APRI tendrá mucho que decir en la regulación de la actividad en España.