JOAQUÍN ESTEFANÍA
Escritor y periodista. Fue director de EL PAÍS entre 1988 y 1993, y dirige la Escuela de Periodismo de la UAM/EL PAÍS

Al salir hacia el aeropuerto, los miles de visitantes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, capital del Estado mexicano de Jalisco, se encuentran con una gigantesca valla publicitaria que reza: “Pena de muerte a los asesinos y a los violadores”. A los visitantes extranjeros les sorprende tal virulencia, pero no a muchos de los mexicanos que la observan: la sicosis de violencia relacionada con la inseguridad ciudadana, los secuestros de gente de la clase media para cobrar un rescate o los enfrentamientos de las fuerzas del ejército y la policía con las bandas de narcotraficantes (o entre las propias bandas) está más acentuada que nunca.
En lo relacionado con esta última modalidad de violencia, las cifras son contundentes. En los últimos dos años se han producido más de 8.000 muertos, muchos de ellos inocentes que se encuentran en medio de las disputas, aparte de gigantescos decomisos de drogas, centenares de deportaciones, decenas de deportaciones y filtraciones en el seno del aparato del Estado, cómplices de los narcos. El presidente mexicano, Felipe Calderón, que acaba de cumplir los dos primeros años de su mandato, fue contundente al describir la penetración del narco en la policía, en un informe enviado al Senado de la nación: la mitad de la policía de México “no es recomendable”. De los 56.000 agentes examinados por la Procuraduría General de la República, el 49% no debería tener ni placas ni pistola; el porcentaje se eleva al 61% cuando se trata de policías locales. Y hay casos aún peores: en Baja California, nueve de cada diez policías son corruptos, lo son alguna vez o están a punto de serlo. La corrupción que detalla el informe de Calderón no es exclusiva de los agentes que patean las calles –mal pagados y peor valorados tras décadas de mordida- sino que asciende hasta los mas altos despachos. La prensa mexicana relata, día a día, nuevos episodios de corrupción policial: jefes de Interpol con sobresueldos de los señores de la droga, agentes de élite involucrados en el secuestro de hijos de empresarios, responsables de los aeropuertos, muy condescendientes con las maletas llenas de droga, etcétera. El zar antidroga de EEUU, John Walters, declaraba recientemente sobre este asunto: “El narcotráfico mexicano carece aún de bases para ser un grupo terrorista. Los sicarios se esconden entre los ciudadanos, en los vecindarios, e incluso en las mismas instituciones gubernamentales. La solución para erradicarlo está centrada en seleccionar a las fuerzas de la ley que lo deben combatir, y no en ejercer una fuerza brutal que usualmente se utiliza en países que enfrentan amenazas más serias” (revista Proceso, de 30 de noviembre de 2008).

"Diversas instituciones privadas estudian la solución de levantar la prohibición sobre las drogas, para evitar los mercados negros que generan y la multiplicación del crimen organizado alrededor de las mismas. Hacen analogías con lo sucedido con el final de la ley seca del alcohol, en los EEUU de 1933"

El analista venezolano Moisés Naím, director de la revista Foreign Policy, escribe en su libro Ilícito (editorial Debate, Madrid 2006) que siempre han existido contrabandistas, traficantes y piratas, pero nunca como hoy, con la capacidad de operar a nivel mundial conectando los lugares más remotos del planeta y las capitales más cosmopolitas a la velocidad de Internet o de sus jets privados, con un poder económico que mueve más del 10% del comercio mundial (10 veces más que hace una década) y, sobre todo con el poder político que han acumulado en todo el mundo. “Nunca los criminales habían sido tan globales, tan ricos, ni tan políticamente influyentes”. Según Naím, tráficos como el de drogas, armas, etcétera, son ilícitos y rompen con todas las reglas: las leyes, reglamentos, licencias, impuestos, embargos y todos los procedimientos que los distintos países utilizan para organizar el comercio, proteger a sus ciudadanos, aumentar los ingresos fiscales y velar por la aplicación de los códigos éticos. Incluyen compras y ventas que son completamente ilegales en todas partes y otras que pueden ser ilegales en algunos países y aceptadas en otros. En el caso del tráfico de drogas, la parte del negocio de más valor añadido (el transporte del producto a EEUU) pasó de Colombia a México, y los grupos de este último país adaptaron con rapidez su negocio a las valiosas ventajas de la globalización.
La inquietud sobre la expansión del narcotráfico en América Latina se manifestó en la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, reunida en San Salvador en los últimos días de octubre y primeros de noviembre pasados. Los representantes de los 22 países presentes pasaron sobre ascuas sobre el temario previsto (la juventud y el desarrollo) para centrarse en los dos huracanes que hacen padecer a los ciudadanos de la región: la crisis financiera (problema coyuntural) y la fuerza del narcotráfico (estructural). En su comunicado final se decía que las organizaciones de narcotraficantes ya tienen dinero y armas suficientes como para hacer frente a las autoridades de “muchos” Estados iberoamericanos. Los países se manifestaron impotentes para abordar en solitario la extensión del narco: “Debemos coordinar esfuerzos para romper el vínculo entre las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico y las que se dedican al tráfico ilícito de armas, que generan un alto índice de violencia y pérdida de vidas”.
En el año 2004, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró un exhaustivo informe sobre la democracia en América Latina. Uno de sus capítulos se dedicaba a las causas de las limitaciones de las democracias latinoamericanas y ahí, entre los poderes fácticos que jugaban un papel muy importante, se relataba la amenaza del narcotráfico como un doble desafío. Un desafío directo porque los narcos intentan controlar segmentos significativos del aparato estatal y partes importantes del territorio, además de crear fuertes incentivos para trasladar parte de la actividad desde la economía formal a la sumergida. Pero además, genera desafíos indirectos, entre los que se destacaban dos: el primero, que al atraer la atención del Gobierno de EEUU, desarrolla nuevas formas de presión externa que limitan aún más la esfera reacción de las autoridades nacionales; el segundo tiene que ver con la corrupción, ya que el dinero sucio tiene efectos devastadores sobre el comportamiento de una parte de los dirigentes políticos y sobre el funcionamiento de las instituciones.
Ante tal poder de penetración, diversas instituciones privadas estudian la solución de levantar la prohibición sobre las drogas, para evitar los mercados negros que generan y la multiplicación del crimen organizado alrededor de las mismas. Hacen analogías con lo sucedido con el final de la ley seca del alcohol, en los EEUU de 1933. Pero este debate todavía no ha llegado a los organismos multilaterales, y multilateral debería ser la solución.