MIGUEL VICENTE-ALMAZÁN
Notario de Valencia

Son ya muy numerosos los trabajos y comentarios que desde diferentes instancias      -institucionales como Colegios, Consejo General, o particulares- se han hecho respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno de la nación el pasado 14 de agosto  y al subsiguiente proyecto de Real Decreto que plasmaba en texto legal la intención del Gobierno de rebajar con carácter general los aranceles de notarios y registradores de la propiedad en un 20%. De entre ellos
No sólo por razón del número de trabajos que glosan suficientemente el proyecto, sino también por el hecho de haber sido, al menos de momento, paralizado, no es oportuno añadir más comentarios a los ya publicados.
Procede en cambio reflexionar sobre otros extremos de índole sociológica, política y corporativa.
En primer lugar cabe destacar que por primera vez se ha dado la digna y decidida actitud de alzar la voz serena, pero firme, para defender los legítimos intereses del notariado, que no olvidemos, no coinciden necesariamente con los de los notarios, sino que son más amplios, pues son los intereses de una función pública del Estado y por tanto de los ciudadanos. Es, no obstante, de lamentar que esta defensa haya sido emprendida con más convicción y coraje por el notariado como reacción espontánea colectiva de sus individuos y sus organizaciones asociativas o meramente de opinión, e incluso por el cuerpo de registradores, que por los propios representantes institucionales del notariado, que en su línea editorial –me refiero a “El Consejo Informa”- han parecido entender y aceptar la medida, y cuya actitud ha sido la de doblegar la cerviz mansamente para poder ser considerados como interlocutores válidos, no se sabe muy bien en qué otros asuntos de mayor importancia. La primera lección, pues, es que el camino correcto para el futuro no puede ser el de la mansedumbre, la resignación y el miedo, sino el de la convicción en la bondad del sistema, la transparencia y la decisión en su defensa.
Particularmente claro ha quedado que la capacidad de interlocución de nuestros representantes oficiales es manifiestamente insuficiente. Su influencia no traspasa el nivel más ínfimo de la Administración, como demuestran las inmediatas declaraciones del representante del Ministerio de Justicia –recuerdo, nuestro ministerio- deplorando la paralización de la medida nada más saberlo.
La segunda reflexión es si a la vista de la evolución registrada, por poner un plazo, desde principio de los años ochenta -primeras rebajas arancelarias relativas a VPO y todas las que han seguido- debemos mantener con la misma convicción el arancel fijo como sistema de retribución notarial.
Las razones en su favor son de sobra conocidas ya que permite el acceso igualitario al servicio notarial a todos los ciudadanos, a un coste contrastadamente asequible y comparativamente ventajoso para el consumidor respecto a los países de nuestro entorno y, además, asegura la independencia del notario, base de la imparcialidad y del asesoramiento equilibrador a la parte débil, al proporcionarle una retribución digna.

"O el Notariado toma conciencia de que el camino a seguir es la permanente defensa de la bondad de nuestro sistema arancelario o haremos bien en empezar a crear un estado de opinión favorable a la completa liberalización de los honorarios notariales"

Pero el problema no está en el arancel fijo, del que somos partidarios, sino de su desnaturalización por el modo que ha venido siendo manipulado –y lo digo tanto en el sentido propio de su tratamiento como en el de su utilización espuria con fines demagógicos- por la Administración, a quien corresponde su determinación. La práctica instaurada y ya consolidada de introducir rebajas arancelarias cada vez que se legislaba sobre actos que debían otorgarse en escritura pública se ha convertido en una cláusula de estilo. Esta práctica que indudablemente puede ser adecuada en determinados casos –motivos sociales, modificaciones legislativas que puntualmente obligan a adaptaciones en masa de determinadas figuras o instituciones- hecha sin criterio ni jurídico ni económico ha acabado desfigurando la lógica interna del arancel que al final no resulta ni equitativo ni eficiente. No se puede generalizar como ocurre actualmente el resultado económico de que unos documentos acaben sistemáticamente pagando a otros pues es radicalmente injusto, y el consumidor no lo entiende y se rebela contra ello.
La apoteosis de la ligereza en el tratamiento de los aranceles ha venido determinada por el proyecto de real decreto que el gobierno preparaba, que de haberse consumado hubiera ocasionado en estos momentos de crisis económica la asfixia económica de muchos despachos, con la secuela de pérdida de empleo y deterioro del servicio notarial.  De hecho es la culminación de un largo proceso en que la Administración ha seguido el dudoso método científico conocido como ensayo-error. El ensayo ha consistido a lo largo de estos años únicamente en decretar rebajas arancelarias sin ningún criterio -¿porqué un veinte por ciento y no un diez o un veinticinco?- y el error es que como el colectivo notarial, por razones que entran más en lo patológico que en lo razonable, no se quejaba, se entendía seguramente que la idea había sido buena, pero insuficiente. Al final del proceso se ha llegado al ensayo-acierto: esta vez sí que hemos dado en la línea de flotación, ahora hemos acertado en la cuantía, sí que hemos llegado al límite que consciente o inconscientemente andábamos buscando.
El Real Decreto proyectado venía además adobado con otros condimentos que desde los inicios han acompañado al proceso, pero ahora en tono superlativo: destilaba desconfianza hacia los notarios y su práctica en la aplicación del arancel, tenía saña en la imposición de obligaciones excesivas e injustificadas, y adolecía de supererogación en el cumplimiento del mandato del Gobierno al superar con creces el fatídico numeral 20 en determinados supuestos, aparte de introducir el difícilmente digerible gratis total de las copias simples y el desprecio intelectual y moral que suponía la ausencia de memoria económica, sustituida por una vacua explicación para vestir al muñeco.
Así las cosas, no existen motivos objetivos para pensar que tras este episodio, momentánea y felizmente resuelto, el futuro vaya a derrotar por otros rumbos distintos. Por ello para finalizar sólo se me ocurren dos vías posibles: A) o el notariado en su conjunto toma conciencia de que el camino a seguir es la permanente vigilia y defensa de la bondad de nuestro sistema arancelario y correlativamente sus representantes surgidos de las pasadas elecciones impulsan y logran consolidar su capacidad de interlocución con la Administración, mundo de la política y fuerzas sociales y económicas –lamentablemente escasa hasta ahora- lo que además debe pasar por la puesta en marcha de la actividad de lobbying sin ningún complejo, de forma organizada, pública y transparente, lo que no está reñido con la discreción, B) o haremos bien en empezar a crear un estado de opinión favorable a la completa liberalización de los honorarios notariales, pues de esta manera sabremos a qué atenernos y cada cual tendrá por lo menos la posibilidad de acomodar su ejercicio a unos parámetros más predecibles y no vivir la esquizofrenia en que se ha convertido el ejercicio notarial sometidos a la vez a la competencia feroz y a la negación de armas adecuadas con que defenderse. Recordemos que nosotros no somos “Gladiator” y además quien haya visto la película se acordará de que el pobre acaba muriendo en la arena.