Se ha consumado la anunciada exclusión apriorística de candidatos y Colegios. El grupo excluido, con el que no se ha contado ni para escuchar su opinión o sus propuestas, representa casi al 50% del Notariado. Hay que deducir que este reparto excluyente de cargos supone también una asunción exclusiva de responsabilidades.

"Y no deberían repetirse otras muchas cosas que esta revista ha denunciado, y algunas más que no lo ha hecho"

Lo más grave es que esta actitud de la camarilla que marcará la ruta de este período es la misma que marcó la dirección en el período anterior. Son los mismos y con los mismos collares. Y ello significa continuismo en una política que ha marcado el período más sombrío de la historia del cuerpo. De ninguna credibilidad pueden gozar las afirmaciones de cambio de rumbo de quienes han sido responsables ciegos de lo anterior y han apoyado acríticamente cuantas propuestas llegaban a la mesa del Consejo General aunque fueran poco satisfactorias para el notariado, al que sacrificaban en espera de unas promesas que luego se frustraron, como el nuevo Reglamento, que sin aportar utilidad en sí  trajo un importante recorte a la fe notarial  (el art. 143 con el que no se contaba), y al que le cercenó el Tribunal Supremo los dos más preciados trofeos con los que erróneamente querían justificar los promotores su política de concesiones. Uno era ese cúmulo de formulaciones redundantes e innecesarias sobre el indiscutible control de legalidad del notario --que solo podrían servir para alardear y vacunarse frente al síndrome registral que padecían--. El otro era el blindaje frente al taxativo texto reglamentario que prohíbe las cantidades que algunos estaban percibiendo de los fondos del colectivo. Ambos trofeos fueron arrebatados por el Tribunal Supremo al anular los preceptos que los sustentaban.  En cambio por el camino e incólumes quedaron las concesiones: el art. 17 bis y el 24 de la Ley del Notariado, la dependencia administrativa de los notarios frente a todos los funcionarios, la publicidad general e incontrolada del Índice Único, las rebajas arancelarias incesantes y tantos otros escalones que el Notariado ha bajado en la que se puede considerar período más preocupante de la historia del cuerpo.
Se marchó el anterior presidente, portavoz y ejecutor de esa política. Se ha marchado entre ofensas a miembros del Tribunal Supremo cuyas consecuencias son imprevisibles y vapuleos al cuerpo registral. Y en el orden interno, reprobando y expedientando a disidentes y no afectos y  dejando una fractura dentro del cuerpo, que cada día, a la vista del continuismo que se ha propugnado ahora desde dentro, será más difícil de restañar. Se ha marchado con una carta de despedida que, como se comenta en un editorial de esta revista, es una carta rumiando su fracaso en el exterior --a pesar de las múltiples visitas de contenido y resultado desconocidos, a las que habría que añadir por cierto su penosa visita a las Cortes españolas única cuyo contenido sí se conoce porque esta publicado en su Boletín--, y en el interior lamentando la situación del colectivo de la que no habla porque hablar de ello, dice,  le da tristeza, como si el tema le fuera ajeno a él, cuando la tristeza es la que deja en el cuerpo notarial que ha tenido que sobrellevar un periodo del que lo más positivo que queda para el futuro es el ejemplo de lo que no hay que hacer.
No debería repetirse más una política mezcla de autoritarismo y oscurantismo propio de las dictaduras de baratija, en la que ni a los miembros del Consejo se permite ver informes y contabilidad. Donde se sustraen por sistema al pleno para ser decididas en comités de afectos los temas de interés colectivo. Donde reinaba un régimen de opacidad que conllevaba la condena de la transparencia y de la crítica, y aun de las meras noticias que diera esta revista (como si contar las cosas que no gustan fuera peor que hacerlas), al tiempo que se filtraban a medios públicos afines cualquier noticia que pudiera caer sobre el enemigo aunque perjudicara al colectivo. 
No debería repetirse esa política defensiva --propia de las dictaduras--  frente a cualquier enemigo imaginario, sea externo (los registradores), sea  interno (la minoría disidente del Consejo), aunque  --como se dijo poco ha en un medio de Cataluña-, la búsqueda y definición de un enemigo cohesione al grupo y facilite su dirección y control, además de permitir volcar en ese enemigo artificialmente creado la responsabilidad de los propios fracasos.

"Lo más grave es que esta actitud de la camarilla que marcará la ruta de este período es la misma que marcó la dirección en el período anterior"

No debería repetirse una política bifronte resultado de dividir al colectivo en dos mitades, la de los que sirven y pueden ser útiles, frente a los que se muestra el lado obsequioso, y los supuestamente enemigos frente a los que aparece el lado tiránico y arbitrario. No es propio y nunca se había visto esto ni nada parecido en el colectivo notarial.
Y no deberían repetirse otras muchas cosas que esta revista ha denunciado, y algunas más que no lo ha hecho.
Ahora ha habido un relevo. El sucesor ha afirmado para serlo que era preciso continuar con esa política porque así lo demandaban el ministerio y la hoja de ruta. Luego en otros foros, cuando ha convenido, ha dicho que todo va a ser diferente. Para que el cambio fuera creíble debería renegar de la política que ha estado ratificando sin fisuras y punto por punto durante años y de lo que es corresponsable. Y eso no será posible mientras no se desmarque de un camarilla a la que se debe y a la que no puede defraudar porque es la que le ha designado.