La reunión del Consejo General del 30 de enero pasado confirmó, lo que no parece que pueda constituir una sorpresa para nadie, la decisión adoptada por una mayoría de decanos unos meses antes. El decano de Andalucía, Antonio Ojeda, fue designado Presidente por el tiempo que le resta para la jubilación, y el decano de las Islas Canarias, Javier Guerrero, Vicepresidente. Como miembros de la Comisión Permanente se designó a Manuel López Pardiñas (País Vasco), César Belda (Valencia) y Carlos Fernández de Simón (Murcia). Quedan fuera del sistema los decanos de Cataluña, Madrid, Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha.
No se ha comunicado, sin embargo, la decisión (sin duda ya tomada) sobre si  el Vicepresidente pasará a ser Presidente tras el retiro de este último, o si, por el contrario, ocupará ese puesto uno de los miembros de la Comisión Permanente. Puestos a evitar incertidumbres, y dentro del espíritu de transparencia y cercanía que ofrece el nuevo equipo directivo (pese a ser prácticamente idéntico al anterior), sería algo natural y deseable.
Sin embargo, la experiencia nos demuestra que una cosa es predicar la transparencia -algo consustancial a la retórica política- y otra muy distinta ejercerla de forma efectiva. Dado que el actual Presidente es el antiguo Vicepresidente, el actual Vicepresidente un miembro de la anterior Comisión Permanente, y esta última está prácticamente integrada por los que sobreviven del anterior equipo y por los sustitutos vulgares de los que ya han pasado a una vida más tranquila, no sería lógico esperar una política distinta a la que han venido manteniendo hasta ahora. Y esta no se ha caracterizado precisamente por la transparencia. El escandaloso y sospechoso secretismo con relación a las cuentas del Consejo y de ANCERT, privando de cualquier tipo información sobre ellas nada menos que a los decanos que conforman la minoría y que tienen que votarlas, es suficientemente revelador. También haber impulsado y apoyado una reforma reglamentaria en la que, entre otras perlas, se declara el secreto -no de las deliberaciones- sino de los mismos acuerdos del Consejo.
En relación a la transparencia, los notarios de a pie no aspiran a esfuerzos ímprobos. Se conformarían con que se aplicase la Ley. Y si no la Ley al menos las sentencias del Tribunal Supremo. Pero cabe sospechar que la nueva política de transparencia consistirá en interpretar las normas y las sentencias de la forma que sea conveniente para conseguir los efectos apetecidos: que las cuentas sigan siendo secretas para la minoría, que los acuerdos lo sean para todos y que las compensaciones institucionales consistentes en una cantidad alzada y fija sean, pese a ello, compensaciones institucionales. Transparencia sería informar, al menos al Consejo tras la sentencia del Alto Tribunal, si en el caso de notaría convenida esas compensaciones se han ingresado en el fondo común, lo que sería natural dada su naturaleza.
El nuevo (viejo) equipo directivo ofrece una mano tendida a los excluidos. Ya se les recordó, en la famosa carta en la que se les informaba de su decisión de excluirles, el "deber de todos de trabajar lealmente al lado del equipo que resulte elegido democráticamente en el seno del Consejo, sin que sea obstáculo la diferencia de opiniones, siempre enriquecedora". Sin embargo, no se les escuchó antes de decidir su exclusión, no se les escuchó antes de repartirse los puestos, no se les deja examinar las cuentas, por lo que poco interesa escuchar lo que pueden decir sobre ellas. No parece por ello que, en opinión de la nueva (vieja) mayoría, se considere la diferencia de opiniones como algo especialmente enriquecedor. Más bien esa diferencia es algo que se considera no sólo incómodo, sino singularmente desleal y malintencionado, digno de la calificación de réprobo que con tanta liberalidad aplicó el antiguo Consejo a los que persistían en la disidencia. A la vista de cómo ha iniciado el nuevo su andadura, parece que ya se vislumbran nuevos candidatos a tan digno título.