JOAQUÍN ESTEFANÍA
Periodista y economista. Fue director del EL PAÍS entre 1988 y 1993

La historia muestra cómo en tiempos de una crisis económica tan extrema como la que estamos viviendo, que tiene el potencial para convertirse en una de las peores que recordamos los humanos vivos, los ciudadanos redescubren de forma aguda la necesidad de instituciones eficientes, la exigencia de lo colectivo, el interés de estar bien gobernados, la importancia de los servicios públicos y su buen funcionamiento; en definitiva, la significación de un Estado bien engrasado y de un welfare lo más comprensivo posible.
Es en estas condiciones cuando se abandonan las visiones lineales del progreso. Durante mucho tiempo, casi un cuarto de siglo, ha primado una forma de entender las cosas que subrayaba, sobre todo, que las causas del avance de un país se identificaban con el uso de los factores productivos de que dispone: capital, trabajo y tecnología, básicamente. Es lo que los profesores José Antonio Alonso y Carlos Garcimartín, en un excelente y muy oportuno libro (Acción colectiva y desarrollo. El papel de las instituciones, editorial Complutense) han denominado el hardware de la economía. Con la extensión y profundidad de la crisis, se ha añadido otro elemento básico, probablemente marginado en relación a su relevancia: la calidad del marco normativo y de unas instituciones que cuando funcionan bien, reducen la incertidumbre, aminoran los costes de transacción y facilitan la coordinación social. Son el software de la economía y de la sociedad.

"Hay instituciones a las que Jean-Paul Fitoussi ha denominado 'organismos ademocráticos' y cuyo principal ejemplo son los bancos centrales que cada vez influyen más en la vida de los ciudadanos y que se han puesto al abrigo de las decisiones políticas, con enormes grados de autonomía operacional"

Quizá el ejemplo más explícito de este nuevo enfoque lo tengamos en las primerísimas medidas tomadas, o anunciadas, por Obama al llegar a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero. Antes incluso de abordar el cierre de Guantánamo o de establecer las pautas para su programa de estímulo a la economía, el nuevo presidente de EEUU hizo tres cosas y pespunteó una cuarta: la congelación de los sueldos de los altos cargos de la Administración, la demanda de máxima transparencia en la aplicación de la ley de Información (una ley que en España aún no existe y que regula el acceso de los ciudadanos a todos los papeles que genera la Administración, excepto aquellos que incidan directamente en la seguridad o en la intimidad de los individuos), y la regulación de la actividad de los lobbies con esa misma Administración. Por último, anunció la reforma de todas las instituciones de supervisión financiera, tocadas del ala por la explosión del escándalo Madoff, definido por las autoridades judiciales como "de proporciones épicas".
Pocos días después, en la reunión anual del Foro Económico Mundial, en la ciudad suiza de Davos (en la que apenas hubo representación, en esta ocasión, de la nueva Administración americana, como si quisiera despegarse de los mensajes antirregulatorios que una y otra vez han salido de ese tipo de convocatorias), el principal mensaje de los allí reunidos fue la demanda de instituciones reguladoras sólidas. La metástasis de la crisis financiera, propiciada en primer lugar por los que abusaron  de la ausencia de cualquier control, e incrementada por la impotencia de las instituciones regulatorias nacionales (ante la multinacionalidad de prácticas de las entidades bancarias), ha convencido incluso a sus propios protagonistas de que la autorregulación es una enfermedad infantil de la economía de mercado y de la necesidad de supervisores y reguladores globales y eficaces para que las cosas puedan seguir funcionando en el futuro.

"Se ha abierto otro debate sobre las llamadas formaciones G (G-7, G-8, G-20, ...) por su protagonismo en las soluciones de la crisis. Son reuniones inorgánicas de países que, con el pretexto de su mayor efectividad, han abandonado cualquier veleidad de representatividad"

Al tiempo se ha abierto otro debate sobre las llamadas formaciones G (G-7, G-8, G-20,...) por su protagonismo en las soluciones de la crisis. Las formaciones G son reuniones inorgánicas de países sin infraestructura orgánica alguna, sin mandato oficial, que se instituyen por cooptación entre ellas sin que el hecho de que aparezca algún país superior a los fundadores sirva para que éstos abandonen y dejen paso al nuevo sino que se añaden cambiando la numeración de la formación G correspondiente (ahora parece que España puede sumarse al G-20, en cuyo caso devendría en el G-21, pues ninguno de los anteriores participantes dejaría ese club privado). Por otra parte, con el pretexto de su mayor efectividad, estas formaciones han abandonado cualquier veleidad de representatividad, y sustituyen en muchos casos al mandato de las organizaciones creadas en Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial, e incluso a la propia Organización de las Naciones Unidas.
También hay discusiones sobre otras instituciones a las que el economista francés Jean-Paul Fitoussi ha denominado "organismos ademocráticos" y cuyo principal ejemplo son los bancos centrales. Instituciones que cada vez influyen en la vida de los ciudadanos (por ejemplo, subiendo o bajando los tipos de interés) y que se han puesto al abrigo de las decisiones políticas, concediéndoseles enormes grados de autonomía operacional. Pasemos de puntillas hoy sobre las agencias de calificación de riesgo, empresas privadas que ponen nota a las economías de naciones y empresas, y que en muchos casos han entrado en conflicto de intereses (sus clientes, los que les pagan, son los mismos a los que califican). Estas agencias, que no tienen ningún tipo de regulación pública, han jugado en la crisis actual el mismo desgraciado papel que las empresas auditoras tuvieron en 2001 en Enron y demás escándalos de la América corporativa: no se enteraron de lo que estaba pasando, y si se enteraron miraron para otro lado protegiendo sus intereses.

"Con la profundidad de la crisis, se ha añadido otro elemento básico: la calidad del marco normativo y de unas instituciones que cuando funcionan bien, reducen la incertidumbre, aminoran los costes de transacción y facilitan la coordinación social. Son el software de la economía y de la sociedad"

Aunque sea consecuencia de las dificultades y tengamos que hacer de la necesidad virtud, bienvenido sea el ventilador sobre instituciones que desde hace tiempo pertenecían al paisaje, sin actualizar sus deberes para con la sociedad. No discutamos sólo del capital, el trabajo y la tecnología, que también, sino sobre el papel protector y la eficacia del software de la economía.