FRANCISCO SOSA WAGNER
Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de León

Me pide esta Revista una colaboración y como me ha impresionado la lucidez del editorial “¿Vuelta al Estado?” del número correspondiente a noviembre/diciembre, añado mis propias cogitaciones a ese magno asunto.
La crisis financiera y económica tiene que alargarse y repercutir en las instituciones políticas y administrativas. Sería frívolo que dejáramos pasar la oportunidad que esta inestabilidad  proporciona para no reflexionar seriamente acerca de ese artefacto que nos permite vivir en colectividad y al que llamamos Estado. Si su historia es la historia de permanentes mudanzas y de transformaciones visibles, es evidente que nos encontramos en una de ellas y en España conoce una edición especial por las características de nuestra arquitectura constitucional.
La polémica acerca de la dicotomía mercado-Estado es artificial y no creo que conduzca a puerto seguro alguno. El futuro habrá de ser el de una sabia y seria combinación de ambos elementos que son los que han permitido el magnífico desarrollo económico y social de Europa en la segunda mitad del siglo XX.
De mayor interés me parece el que plantea el deterioro del sistema democrático. Saludado con enorme entusiasmo el fin de la dictadura, sufre hoy nuestra democracia una degradación notable, consecuencia de la perversión de algunos mecanismos básicos del sistema.Y este efecto perturbador tiene un origen bien claro que es preciso señalar con el dedo y meter en él la  pluma: los partidos políticos que nos han gobernado y gobiernan. Si queremos ser sinceros y no militar en el tartufismo, procede proclamar que expresan deficientemente el pluralismo político, concurren muy mal a la formación y manifestación de la voluntad popular y carecen de la condición de instrumento para la participación política (todas las señas de su identidad contenidas en la Constitución). A menudo no respetan la ley y por supuesto ni en su estructura interna ni en su funcionamiento son democráticos. Es decir, que es todo pura falacia y mientras no se tenga constancia de esta evidencia y se levante acta notarial de ella, seguirán las piezas fundamentales del edificio del Estado construidas en el vacío, con riesgo serio de descrédito irreversible y, al cabo, de desplome.

"Enderezar los pasos dados de forma tan atolondrada exige señalar una meta que no puede ser otra que la del Estado federal. Un Estado que, cuando está asentado y produce frutos cuajados (USA, Alemania etc), no es sino una modalidad del Estado unitario"

Porque además carecen de ideas y carecen de recursos económicos. De lo único que andan sobrados es de tópicos, la cuenta corriente de lugares comunes de que disponen es ubérrima. También la de insultos desaforados se halla bien nutrida, insultos -y esto es lo peor- mal urdidos cuando el insulto se debe cultivar como el arte bello que es poniendo en ello inspiración, fantasía, un punto de plástica y una coma de alegoría.
Pues bien, lo estremecedor es que a estas organizaciones tan débiles y tan poco de fiar están entregados artilugios tan serios como son el Estado y las demás Administraciones públicas. Se adueñan de ellas porque este es su cometido cuando ganan las elecciones  pero es que además se adueñan de todo lo que se mueve en cualquier rincón de la sociedad. O lo intentan por lo menos. Da lo mismo que se trate de los premios literarios oficiales -escandalosamente urdidos por las tramas políticas- que de un sillón académico o un puesto en el consejo de administración de una Caja de Ahorros. ¡Ay del pintor que no tenga padrinos políticos! No habrá institución pública que lo ampare y sus cuadros acumularán polvo en el desván particular sin que jamás vean la gozosa luz de una exposición ni los acaricie la pupila del aficionado. ¡Ay del conferenciante que quiera perorar en un Ateneo o Club financiado con dinero público: o es de la cofradía mangoneante o que se olvide del micrófono! ¡Ay del funcionario que no sintonice con los mandamases del ministerio o de la consejería o con el alcalde de turno! A este desventurado le esperan pocos días de gloria administrativa y muchos de oscuridad retributiva y parálisis funcional.

"¿Qué decir de la Sanidad? En este ámbito tan delicado se ha llegado a situaciones tan pintorescas como que en algunas regiones se restringe la dispensación de unos fármacos que en otras se recetan con largueza"

Si todo este panorama fuera poco inquietante, añadamos lo que ocurre con instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Constitucional, el Consejo del Poder judicial etc, entregadas a la voracidad de las cuotas de los partidos que intentan -y logran en las ocasiones señaladas- hacer y deshacer en su interior.
Conclusión: la democracia ha sido secuestrada por los partidos políticos. Procede liberarla de ellos. ¿Suprimiéndolos? No. Recuperando el verdadero sentido de las palabras constitucionales a ellos referidas: funcionamiento democrático, cauce efectivo de participación, instrumento para el pluralismo ... Es mi firme convicción que la democracia actual necesita que alguien tenga la valentía suficiente para colgar en la puerta de ese templo que es el Parlamento las “noventa y cinco tesis” que en su día colgó Lutero en la puerta del castillo de Wittenberg.  
En España nos encontramos además con un Estado debilitado por la forma en que se ha acometido la descentralización, especialmente en los últimos años. Si en los años de Felipe González o de José María Aznar, el Gobierno dirigió el proceso autonómico, el actual a lo más que aspira es a coordinarlo. Se nos sermoneará que España está más cohesionada que nunca pero la realidad se aleja de esta suerte de hipnotismo que se viene administrando desde los púlpitos de la corrección política. Precisemos:  España, esa compleja entidad colectiva plena de esencias y presencias, va a su aire: productiva, inquieta, creadora, cada vez más ajena a los discursos políticos, siempre a medio camino entre la fábula y la ficción tragicómica. A esa España no aludo. Me refiero al Estado que, sometido al pulso de la fragmentación, ofrece las trazas de un astro menguante.
Los ejemplos a exhibir son tan abundantes que emiten ya sonoras alarmas. Así, en el problema del agua chapotean conflictos derivados de la política de obras hidráulicas pero también las previsiones de los nuevos Estatutos que han tenido la mano larga a la hora de apropiarse de ríos enteros.  Por su parte, los dineros públicos han desatado una guerra entre Comunidades, enfrentadas hoy ya las ricas con las pobres, las del este con las del oeste, y las del sur con las del norte. Se lanzan entre ellas balanzas como proyectiles, o se recurre a acuñar criterios de inversión del Estado en función de los intereses de cada cual: quién blande la población, joven o envejecida, castiza o inmigrante, quién la superficie forestal, quién el turismo, solo falta que se invoque el consumo de sidra o el de paella para allegar recursos y construir fortunas regionales.
Pues ¿qué decir de la Sanidad? En este ámbito tan delicado se ha llegado a situaciones tan pintorescas como la que ofrecen los distintos calendarios de vacunaciones o la más inquietante del gasto farmacéutico pues en algunas regiones se restringe la dispensación de unos fármacos que en otras se recetan con largueza. De igual forma son manifiestas ya las diferencias que existen entre Comunidades en relación con las listas de espera, con la salud bucodental, con los servicios de salud mental y otras especialidades y superespecialidades.
Si pasamos a otro servicio público vertebrador, el de la educación, las conclusiones son las mismas, solo que en este ámbito nos encontramos en un estadio más maduro de fragmentación, agravado por la vuelta de tuerca que se percibe en la política lingüística de las Comunidades bilingües. Pero hay más: en el caso de la enseñanza superior, y respecto de los títulos universitarios, una responsabilidad indeclinable del Estado (artículo 149.1. 30 de la Constitución), la ley reciente de Universidades opera con una agresiva frivolidad: se suprime el modelo general por lo que el panorama que se avizora es el de una diversidad abigarrada de títulos de libre denominación en cada universidad, vinculados tan solo a directrices mínimas del Gobierno, válidas para vastas áreas de conocimiento, y a la intervención -más bien formal- de la Comunidad autónoma y del Consejo de Universidades, que siempre habrán de preservar  “la autonomía académica de las Universidades”.
A todo esto hay que añadir la amenaza, que pende sobre el empleo público, de aprobar diecisiete leyes de funcionarios, y sobre la justicia que, si el Todopoderoso no lo remedia, verá nacer en breve diecisiete Consejos regionales judiciales, como si no fuera castigo suficiente el general de Madrid. Etc, etc ...
De verdad ¿exige la diosa de la autonomía que ardan en su pebetero tantas y tan variadas ofrendas?
Para sortear la angustia, se impone una pregunta final: ¿tiene todo esto remedio? Creo que sí. En mi opinión, enderezar los pasos dados de forma tan atolondrada exige retomar el camino y señalar una meta que, a estas alturas, no puede ser otra que la del Estado federal. Un Estado que, cuando está asentado y produce frutos cuajados (USA, Alemania etc), no es sino una modalidad del Estado unitario, con potentes instrumentos de cohesión y con junturas bien engrasadas.                  
Lo demás es crear poderes neofeudales y facilitar la consolidación de redes clientelares. Es decir, asumir el riesgo cierto de la esqueletización del Estado.