En el Colegio Notarial de Madrid: JORNADAS ORGANIZADAS POR LA FUNDACION MATRITENSE DEL NOTARIADO, COPRODELI Y LA COMUNIDAD DE MADRID.

OBJETIVO DE LAS JORNADAS

Madrid, de nuestra Redacción.-
La Fundación Matritense del Notariado y la “Fundación Comunión, Promoción, Desarrollo y Liberación” (COPRODELI), con apoyo de la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Madrid, han organizado unas Jornadas sobre LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO MOTOR DEL DESARROLLO que tuvieron lugar los días 18 y 19 de febrero en los salones de actos del Colegio Notarial. Se pretendía dar a conocer, tanto desde el punto de vista teórico como con la exposición práctica de proyectos concretos, particularmente en Latinoamérica, la importancia de la seguridad jurídica en general y de la formalización de la propiedad en particular, como medio idóneo para fomentar el desarrollo económico, y por tanto la estabilidad y modernización política, de las sociedades en vías de desarrollo. Lógica consecuencia de ello es el papel fundamental que la seguridad jurídica puede cumplir en el ámbito de la cooperación internacional. Las jornadas fueron moderadas por el notario de Madrid Rodrigo Tena Arregui.

18 de febrero: La seguridad jurídica como motor de desarrollo

JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY
Consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid

Javier F.-Lasquetty: El objetivo de la cooperación al desarrollo es mejorar la vida de las personas que menos tienen, comenzando por asegurar sus libertades más fundamentales

Javier Fernández-Lasquetty inauguró las Jornadas poniendo de manifiesto que el objetivo de la cooperación al desarrollo es mejorar la vida de las personas que menos tienen, comenzando por asegurar sus libertades más fundamentales, el respeto de sus derechos y el aumento de sus capacidades para cambiar con su propio esfuerzo sus condiciones de vida.
El punto de partida es afianzar la libertad en las sociedades con más necesidades: libertad política, libertad económica y libertad de pensamiento y de creación. Con libertad es como se iniciará el desarrollo cuya consecuencia principal será la reducción de la pobreza y la construcción de las bases de un futuro de prosperidad. Pero para que este ciclo se cumpla es necesario que esas sociedades cuenten con instituciones sólidas e independientes pues la verdadera causa de la riqueza de las naciones es contar con instituciones respetables y eficaces que protejan la libertad.
El imperio de la ley y las instituciones democráticas hacen posible que el Estado pueda garantizar el cumplimiento de los contratos, la igualdad ante la ley, el respeto al derecho de propiedad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Condiciones necesarias para generar confianza y, por lo tanto, sentar las bases para el desarrollo económico y social.
Por todo lo expuesto, la Comunidad de Madrid ha hecho del fortalecimiento institucional una seña inequívoca o un signo distintivo de la cooperación madrileña. Por eso el nuevo Plan de Cooperación 2009-2012, aprobado esta misma semana, o hace muy pocos días, el pasado 9 de febrero por la Asamblea de Madrid, considera al fortalecimiento institucional como un sector prioritario.
Desde el año 2005, por tanto los últimos tres años, cuatro años, la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo 140 proyectos de desarrollo dirigidos al apoyo a la sociedad civil y al fortalecimiento de las instituciones en los que hemos invertido cerca de 26 millones de euros.
La clave, por tanto, del éxito de los países que han sabido salir de una situación de pobreza es haber desarrollado unas instituciones que potencien ese círculo virtuoso que va de la confianza a la inversión y de la inversión al desarrollo.

JOSÉ MANUEL GARCÍA COLLANTES
Notario de Madrid

José Manuel García Collantes: estamos ante un momento de extraordinaria gravedad pues las cifras sobre pobreza en el mundo que ofrece el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas son auténticamente escandalosas

Señaló el ponente que más que de seguridad jurídica como motor de desarrollo prefería hablar del “Derecho como motor del desarrollo”, es decir, de la utilización del Derecho como arma en la lucha contra la pobreza. En este sentido es evidente que el Derecho en general contribuye al desarrollo desde el momento en el que contribuye a la justicia y la justicia es el presupuesto de la paz y no puede haber desarrollo sin paz.
Continuó indicando que estamos ante un momento de extraordinaria gravedad pues las cifras sobre pobreza en el mundo que ofrece el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas son auténticamente escandalosas y nos deben mover a una reflexión muy seria. Aún así, es posible salir de la miseria y hacia ello se encamina la ONU con el programa indicado que establece la erradicación de la pobreza como uno de los “objetivos del milenio”.
Precisamente ha sido Naciones Unidas una de los organismos que ha promovido y auspiciado la creación en el año 2005 de la comisión llamada “Legal Empowerment of the Poor”. Esta comisión, cuyos resultados finales han sido presentados en junio del pasado año 2008, ha tenido como objetivo poner de relieve la importante contribución que los juristas están llamados a desempeñar en la lucha contra la pobreza. Es ya muy significativo el título del documento redactado por esta comisión:”Making the Law Work for Everyone”.
Este documento parte de la constatación de una realidad: la mayoría de los personas inmersas en una situación de pobreza extrema en el mundo viven fuera del amparo del ordenamiento jurídico, sin una protección legal básica que les reconozca derechos sobre sus viviendas, sus bienes y su trabajo. Y esto supone consecuencias muy negativas. Por ejemplo, al no contar con derechos de propiedad, tienen el temor de ser expulsados por la fuerza del lugar en el que viven; al no tener acceso a la justicia, son víctimas de la corrupción y la violencia; si son dueños de una empresa “informal”, no pueden invocar la protección de las leyes comerciales; incluso, si no fueron inscritas al nacer, no pueden recibir servicios públicos. Como se observa, se trata de circunstancias todas ellas vinculadas a la “ausencia de derechos”.
Como medidas de solución, el documento mencionado establece cuatro pilares jurídicos sobre los que ha de sustentarse el desarrollo de los pueblos. El primero es “el acceso a la justicia y al Estado de Derecho”; el segundo es “el acceso a la propiedad”; el tercero se refiere a los derechos laborales y el cuarto a los derechos comerciales. En cualquier caso, tras leer las conclusiones, la impresión que se obtiene es que el segundo pilar, el relativo al acceso a la propiedad, es el principal de todos ellos, base y sustento del resto.
Con ello se llega al planteamiento de que “la propiedad es el auténtico motor del desarrollo”. Pero no cualquier propiedad, sino una propiedad perfectamente formalizada, es decir, una propiedad representada por títulos reconocibles y fiables. Porque una propiedad así representada adquiere un valor muy superior en cuanto constituye, entre otras muchas cosas, un título válido para servir de base al crédito territorial.
Esta idea, que desde luego no constituye ninguna novedad en Europa (en España estaba ya bien presente al tiempo de la desamortización), ha sido desarrollada con toda extensión en la actualidad por el economista peruano Hernando de Soto a través de su teoría del valor económico de la propiedad formal conforme a la cual una propiedad sin documentar produce incertidumbre y ello genera una desvalorización del dominio.
Y aquí es donde tienen un gran campo de actuación los juristas y más en concreto los notarios, como especialistas en “titulación de la propiedad”, en otorgar títulos fiables y seguros desde un punto de vista jurídico e incluso físico, que completados con la importantísima publicidad registral,  revaloricen el dominio. Una titulación fiable, unida a la publicidad registral, puede constituir actualmente una lucha eficacísima contra la pobreza.
Pero no hay que olvidar que de poco han de servir unos títulos “cuasiperfectos” en su elaboración si éstos no se producen dentro de un sistema que permita que dichos títulos desarrollen todo su potencial de valoración jurídica y económica de la propiedad que representan, así como que favorezca la transferencia y movilidad de la misma de manera, rápida, segura y a bajo coste. Y a la consecución de estos objetivos estructurales se ha de dirigir también la acción de los juristas. Y a esta tarea están llamados muy especialmente los notarios del mundo desarrollado que han de procurar el establecimiento en los países en vías de desarrollo de instituciones de seguridad jurídica preventiva eficaces y capaces de generar documentos susceptibles de generar la confianza de los propios poderes públicos que acaben otorgando a aquéllos un verdadero carácter legitimador, probatorio y ejecutivo.    

FRANCISCO CABRILLO
Economista y Presidente de Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid

Francisco Cabrillo: Lo que produce la prosperidad es la sociedad que utiliza los recursos naturales así como un elevado nivel de capital humano y unas instituciones que garanticen la primacía del Derecho y el cumplimiento de los contratos

El punto de partida de la intervención de Francisco Cabrillo fueron los resultados tan distintos obtenidos en los últimos 50 años en  las políticas de desarrollo económico, en ocasiones fracasos abiertos. En buena medida, a juicio del ponente, el problema tiene su origen en la doctrina de que los sistemas económicos convergen y que lo necesario es planificación, es decir, gran intervención estatal. Esta visión está ya superada. Uno de los errores ha sido estudiar por qué los países son pobres en vez de preguntarse por qué algunos países que antes eran pobres dejaron de serlo.
Lo que produce la prosperidad es la sociedad que utiliza los recursos naturales así como un elevado nivel de capital humano y unas instituciones que garanticen la primacía del Derecho y el cumplimiento de los contratos. Esa sociedad será próspera. Y el “Rule of law”, el dominio del derecho, es vital para conseguir que funcione la economía. Una propiedad segura da a los ciudadanos la confianza para emprender actividades comerciales, para ahorrar una parte de su renta y para planificar su actividad en el largo plazo.
Desde el año 2007 se publica un índice internacional de derechos de propiedad. En su primera edición rezaba así su prologo: “En gran parte de los países en vías de desarrollo y en el mundo post-soviético todavía la mayoría de la gente no tiene acceso a un sistema adecuado de derechos de propiedad y se ven obligados a actuar con gran frecuencia al margen de la ley”.
Otra cuestión distinta es qué tipo de instituciones jurídicas serían las más adecuadas para países en vías de desarrollo. Se puede enfocar de muchas maneras pero en esencia es saber si tenemos que establecer un sistema jurídico ¿cuál es el modelo más adecuado? Y el tema en el que se ha centrado realmente buena parte del debate ha sido el tema de las ventajas del sistema del Common Law frente al sistema del derecho civil o del derecho continental o el derecho codificado.
En general ha habido mucha más literatura defendiendo la tesis de la superioridad del Common Law por varios motivos: que garantiza los derechos de la persona y la libertad en grado superior al derecho continental, hasta el tema de la eficiencia, que es sobre lo que se ha centrado la literatura. Es decir, ¿qué es más eficiente para el desarrollo económico? ¿Un sistema de derecho codificado o un sistema en el que de alguna manera los jueces vayan resolviendo cuestiones?.
El tipo concreto de instituciones es un problema técnico que se va a basar en el funcionamiento de las instituciones comparadas, sin duda ninguna, pero también en la tradición y en la experiencia de cada país. Evidentemente, no es lo mismo un país que haya sido una colonia británica donde el sistema del Common Law más o menos llega a funcionar, que un país latinoamericano que tiene una tradición de derecho continental y donde introducir determinadas instituciones del Common Law en determinados casos puede ser eficiente pero en otros casos puede no serlo.
No tiene sentido plantear un programa de desarrollo económico si no se presta una especial importancia al mundo del derecho y a la seguridad jurídica. Instituciones como el Colegio Notarial de Madrid que tiene como principal objetivo la seguridad jurídica, a juicio del ponente, tienen mucho que aportar en este campo.

CÁNDIDO PAZ-ARES
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid

Cándido Paz-Ares: el Derecho o la seguridad jurídica constituye la arquitectura oculta del progreso. Y lo que caracteriza a nuestras sociedades occidentales es la posibilidad de construir el futuro con certeza

La reflexión general es que el Derecho o la seguridad jurídica constituye la arquitectura oculta del progreso. Y lo que caracteriza a nuestras sociedades occidentales es la posibilidad de construir el futuro con certeza, como decía Max Weber.
El principal problema que se plantea al comprar una propiedad es si después de tomar posesión podré ser inquietado en el uso y disfrute de la misma. Cuando concierto un contrato el problema es saber si las expectativas que yo he depositado en la contraparte serán cumplidas en el futuro.
Por lo tanto, lo que llamamos la tasa de descuento expresa el diferencial de valor que existe entre lo que tenemos en el momento presente en mano, entre el pájaro en mano y el pájaro volando. Y todo aquello que logre establecer o reducir la distancia entre el pájaro en mano y el pájaro volando es lo que llamamos seguridad jurídica.
Y este problema nos lo podemos encontrar en nuestra propia experiencia cotidiana: la propiedad inmobiliaria, los contratos...  El problema es viejo, y no es una cuestión discreta; la certidumbre es un problema de grado y hay que ir avanzando progresivamente en ese grado.
Otro tema digno de análisis es el relacionado con el sistema institucional de organización del notariado. A juicio del ponente, el notario tiene una función primordial en reducir esa diferencia que, al final, es reducir la incertidumbre del futuro. La historia del notariado está asociada al nombre de la seguridad jurídica cuya función es reducir la incertidumbre. Los notarios son proveedores de seguridad jurídica. Los notarios son esos raros híbridos que cumplen una función privada y una función pública.
El proceso contractual pues tiene básicamente tres fases, una fase precontractual donde se identifican las oportunidades de ganancia de las dos partes; una fase contractual en sentido propio que es donde se negocian los detalles del mismo; y una fase postcontrato que es la del cumplimiento.
En la fase precontractual rige una racionalidad común, conjunta, porque todas las partes quieren lo mismo. En la fase contractual de la negociación rige una racionalidad concesiva, hay que hacer concesiones una parte a otra porque esto es la negociación. Y en la fase postcontractual del cumplimiento rige una racionalidad estrictamente individual, cada cual, una vez que ha firmado el contrato, quiere sacarle el mayor provecho.
Para cubrir los problemas de la racionalidad individual en estas tres fases del proceso negociador, los notarios han desarrollado no sólo habilidades y capacidades, sino una cierta tecnología transaccional que ayuda a reducir la incertidumbre.
Pues bien, el notario cumple estas tres funciones, como mediador, como árbitro y como ejecutor. Es muy importante el papel del notario: que audita la situación, construye el instrumento jurídico que mejor sirve para que las partes logren sus intereses e imprime fe pública, con lo cual determina o establece un producto muy importante para que luego tenga una rápida ejecución sin necesidad de un largo proceso monitorio y genera información jurídica de primera calidad.
Y del otro lado, del lado público, porque las transacciones no sólo tienen costes y beneficios privados, tienen efectos externos y ahí es muy importante que el notario aparte de cumplir esta función facilitadora en el orden privado, cumpla una función obstaculizadora en el ámbito público. Y esa función obstaculizadora consiste en no dar entrada, en guardar la puerta de las transacciones que entran en el sistema jurídico, impidiendo que aquellas que no son conformes con las leyes pues puedan hacerlo.

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR
Ex Ministro de Justicia y Diputado

Juan F. López Aguilar: No hay análisis económico en estos momentos con respecto de esta crisis planetaria que estamos padeciendo que no ponga de manifiesto hasta qué punto la seguridad jurídica jugará un papel determinante en la recuperación de la confianza.

El ponente comenzó su exposición poniendo de manifiesto que la seguridad jurídica se encuentra reflejada en el Título Preliminar de nuestra Constitución, siendo un eje vertebral de nuestro orden constitucional de convivencia que tiene ya 30 años. En el artículo 9 de la CE, junto con otros principios que complementan la seguridad jurídica, se mencionan la interdicción de la arbitrariedad, la prohibición de normas retroactivas o sancionadoras que resulten restrictivas de derechos individuales. Es seguro que los progresos de la sociedad española en temas sociales, en el crecimiento de nuestra economía etc. han tenido que ver con el fortalecimiento de la seguridad jurídica.
A juicio del ponente es importante destacar cómo afecta a la seguridad jurídica un mundo que cambia. Ha tenido lugar un proceso de globalización en el que se encierran oportunidades espectaculares para la humanidad. Pero también se encierran amenazas que generan inseguridad; incluso su peor expresión: miedo, pánico, terror, a escala global. Y que, por lo tanto, afectan también al valor de la seguridad.
Otra de las dimensiones de la seguridad jurídica ha sido la estructuración cada vez más compleja del propio orden de convivencia que es España: 17 Comunidades Autónomas que hace 30 años no existían producen Derecho y lo hacen todos los días. 8.100 municipios, 50 diputaciones provinciales, 7 cabildos insulares, consejos insulares etc.
Finalmente, una reflexión dinámica. Estamos en un tiempo de cambio que pone de manifiesto, primero, que al igual que sucede con aquellos que la Constitución consagra como valores superiores del ordenamiento jurídico -libertad, igualdad, justicia, pluralismo político, que nunca están realizados por entero, la seguridad jurídica tampoco está enteramente completada ni satisfecha, ni en España ni en ninguna de las grandes sociedades y democracias avanzadas con las que hemos querido compararnos toda una vida y, por tanto, en cuyo club ya descollamos como una sociedad de éxito.
En segundo lugar, otra de las dimensiones dinámicas es la relativa a la revolución tecnológica, que plantea horizontes de optimización de la capacidad de proveer seguridad en las transacciones jurídicas, al tráfico jurídico, pero también plantea nuevos desafíos, en cuanto la amenaza con nuevas formas de ciber-criminalidad.
Y el tercero, la importancia que tiene en este mundo globalizado proveer seguridad a escala global. No basta sólo ser competitivos, en la medida que seamos capaces de afirmar nuestra seguridad jurídica, en la escala doméstica. Tenemos que poder fiarnos de los demás en este mundo globalizado, porque las transacciones son cada vez más globales, en todos los ámbitos, lo que constituye una dimensión crucial de la economía del tiempo que nos toca vivir, mucho más que nunca antes en la historia de la humanidad, pero también en el tráfico humano.
No hay análisis económico en estos momentos con respecto de esta crisis planetaria que estamos padeciendo que no ponga de manifiesto hasta qué punto la seguridad jurídica  jugará un papel determinante en la recuperación de la confianza.

19 de febrero: la seguridad jurídica como vía de cooperación

MIGUEL RANERA SÁNCHEZ-PARDO
Sacerdote diocesano y Presidente de COPRODELI

Miguel Ranera: La formalización de la propiedad es uno de los pilares del desarrollo ya que permite a los más necesitados capitalizar su patrimonio y al estado realizar eficazmente sus funciones urbanísticas, fiscales y subsidiarias de la vivienda para los pobres

Diversos factores interrelacionados constituyen lo que entendemos por desarrollo. (Esta reflexión fue la introducción que planteó el ponente para comenzar su intervención). De ahí que su medición no pueda centrarse solamente en variables económicas. Constituye el objetivo último de las acciones que emprenden las ONG y otros agentes sociales.
“¿Qué podemos esperar del Colegio de Notarios cuando quiere hacer cooperación para el desarrollo?: Que aporte lo que sabe hacer, proveer seguridad jurídica. Esperamos que aporten fondos, experiencia y sensibilización para que se consiga el objetivo de la seguridad jurídica de las personas y de sus propiedades, para que ésta se convierta en factor de desarrollo”, espetó. La formalización de la propiedad es uno de los pilares del desarrollo ya que permite a los más necesitados capitalizar su
patrimonio y al estado realizar eficazmente sus funciones urbanísticas, fiscales y subsidiarias de la vivienda para los pobres.
El ponente lo ejemplificó con las dificultades que se les plantean a la hora de desarrollar sus programas sociales en Perú. Dificultades que tienen que ver con lo jurídico y que obstaculizan el desarrollo. En 2007 la Región de Ica sufrió un terremoto que destruyó 48.208 viviendas. A día de hoy Ica sigue derruida. Cuando nos preguntamos “por qué no se reconstruye Ica” encontramos tres razones, expuso:
Primera, la gente no tiene títulos de propiedad, no tiene saneadas sus propiedades. Cuando intentas ayudarle tienes que seguir el debido proceso, y las personas que lo necesitan no pueden aportar lo debido. Resulta que el Estado se siente incapaz de ayudar. “-Se te cayó tu casa, muy bien, demuéstrame que este terreno es tuyo.” “-No te lo puedo demostrar.” “-Entonces ¿cómo te ayudo?, porque a lo mejor estoy ayudando a un pícaro, o a uno que tiene cuatro terrenos. No se trata de que haga cuatro casas para un señor. Tengo que tener certeza de que tú necesitas esto; de que esta es tu única propiedad y de que no es para que hagas lucro con ella, porque el subsidio es para darte una vivienda no para que hagas negocio a costa de los recursos públicos. Por lo tanto, demuéstrame que esto es tuyo y que no tienes otras propiedades.” “-No sé cómo demostrarlo porque todo está hecho un caos.” “-Entonces no sé cómo ayudarte.”
En este contexto surgió este proyecto, expuso el ponente: “Saneemos las propiedades, ayudemos a que la gente formalice su propiedad y en ese momento va a tener acceso a los subsidios que el Gobierno ofrece para que puedan tener una vivienda digna. Si vemos el problema desde la perspectiva de las microempresas nos encontramos con el mismo problema. Las empresas informales ni pueden recibir subsidios ni pueden recibir créditos, ni tampoco hacer facturas, etc. La informalidad es un freno para al crecimiento de las empresas al limitar el acceso a clientes y mercados. Es necesario, por tanto, apoyar la seguridad jurídica: la formalización, tanto de propiedades, como también de contratos.
El ponente continuó con la explicación del modelo de intervención de la Fundación COPRODELI. Escogen una zona en base a criterios de máxima necesidad e intervienen en las diferentes áreas que comprenden el desarrollo humano, a saber; la salud, la educación, el empleo y la vivienda. Conjugan los programas asistenciales con los autosostenibles para minimizar la dependencia y a la vez atender a todos. Es un enfoque que establece un compromiso y unas relaciones duraderas con la comunidad, tanto con las autoridades locales como con los ciudadanos de a pié. Se adquiere visibilidad y credibilidad ante la gente. Además se maximizan los recursos al concentrarse todos los servicios en el mismo lugar.
Por último Ranera hizo una breve retrospectiva de COPRODELI. De 1989 a 1994 proporcionó un servicio de ayuda alimentaria con ayuda de la Unión Europea que atendía a cerca de 60.000 personas. A partir del año 1994 se centró en educación. En el 2007 se incluyó el factor empleo y la vivienda social. Actualmente COPRODELI es una ONG grande en Perú. Cuenta con 14 colegios y 8 centros médicos. Tienen 8 casas con unos 1000 niños de la calle, 9 bibliotecas, 2 parques industriales con cerca de 100 microempresas, y por último la vivienda. Sector donde estamos poniendo nuestros esfuerzos, sobre todo a raíz del terremoto en 2007. Es la problemática que nos reúne hoy aquí y que dio origen a este proyecto.
El proyecto para promover el saneamiento legal ya está perfilado. Está consensuado con notarios peruanos, con los registros públicos de Ica, con el Ministerio de Justicia de Perú, con el Ministerio de Vivienda, y junto con la cooperación técnica que aporta Comunidad de Madrid y el Colegio Notarial de Madrid.

ABEL RIVERA PALOMINO
Abogado. Jefe de la Zona Registral XI-Ica-Perú. Ex-Registrador Público

Abel Rivera: La invasión es la forma mayoritaria en que las personas o los pobladores en el Perú, y en la región Ica, acceden a la propiedad

Comenzó su exposición dando unas cifras importantes para situar el contexto de la problemática que existe en esta región. La Regiòn Ica se encuentra a 300 kilómetros de la capital del Perú. Ica tiene una población de 711436 habitantes. Tras el sismo de Agosto de 2007 se destruyeron 46.455 viviendas y resultaron afectadas 72.433 viviendas de un universo de 166.174 viviendas. En la zona de Ica,  Pisco y  Chincha viven aproximadamente 642,253 personas, según los censos que se realizaron después del sismo. De estos 642.253 personas, 218.430 sufrieron la destrucción total de sus viviendas. Estamos hablando de un 34% de la población que perdió totalmente sus viviendas. Del total de viviendas,  el 84% del 100%  sufrió en alguna forma la afectación de sus viviendas.
En cuanto al régimen de tenencia de la propiedad, el 34% que sufrió la perdida total de sus viviendas y  84% que sufrió la afectación de sus viviendas, curiosamente manifestó, en el censo realizado, que su casa era propia; y  un porcentaje bastante significativo de ellos, señaló que la forma de adquirir la propiedad fue a través de medios violentos o por invasión. En general, el poblador no suele divulgar el hecho de que adquirió  la propiedad por invasión.
¿Cuál es el tipo de vivienda que más se ha destruido? Fundamentalmente las casas independientes, en esta zona de Ica no hay un régimen de tenencia  de departamentos en edificios.    Se realizó una encuesta de hogares en la zona afectada realizada por el Ministerio de trabajo-PNUD - OIT  en la que se preguntó al poblador cómo les afectó el sismo. Y la mayoría dijo que el sismo le ha afectado en la destrucción de su casa. La siguiente pregunta: “¿Qué espera usted después del sismo?”. La persona decía “nada, yo no espero ayuda de otros ”. “¿Por qué?”. “  tendré que tener paciencia”. La mayoría de encuestados esperaba superar este problema -según esta encuesta - “trabajando sin esperar ayuda de otros, por cansancio o por inercia”. Este dato es importante conocerlo porque nos ayuda a saber que, en esta situación de pobreza que viven estas personas,  no esperan nada de las instituciones.
En el diagnóstico de la problemática de la tenencia de la propiedad en la zona de Ica se han identificado hasta 17 factores que establecen que la persona no pueda acceder a un título de propiedad. 17 factores que se pueden ubicar en cuatro grupos importantes. El primero, por la informalidad en la adquisición. Como bien aquí se ha dicho la invasión es la forma mayoritaria en que las personas o los pobladores en el Perú, y en la región Ica, acceden a la propiedad. Otro aspecto sería el alto costo de la formalización para el ciudadano promedio.    El tercer elemento es que las personas desconocen las ventajas reales y jurídicas de la formalización. El cuarto aspecto que también es importante, es la percepción de que los trámites son engorrosos.
El problema de la formalización es que por lo general la forma de adquirir la propiedad es mayoritariamente mediante medios violentos. La invasión es una problemática que no es de actualidad, ya que desde el año 1950 comenzaron estos fenómenos. El Estado, por acción y por omisión, ha ido incentivando estos fenómenos. Por ejemplo, existe una entidad estatal llamada COFOPRI, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, que tiene como función la de titular o formalizar aquellos casos de inicio violento pero que terminan en inscripción en el registro con la participación estatal.
Se ha establecido que la construcción del derecho de propiedad en el Perú se basa por tres etapas bien definidas. La primera etapa que es la construcción de un derecho expectaticio que sucede a la invasión, la persona espera que alguna entidad estatal como COFOPRI o similar pueda formalizar su propiedad. En esta fase del derecho expectaticio algunas personas “transfieren” su propiedad y hasta se lucran con este caso.
El segundo paso del derecho expectaticio es el derecho legal o el otorgamiento del titulo. Ese titulo por lo general es otorgado por COFOPRI o los municipios. Este segundo estamento, ya da más confianza a la persona, le permite hacer más inversión en el predio, se activa con mayor auge el mercado de ventas de construcciones, de edificaciones y, en algunos casos, de transmisiones de padres a hijos.
El derecho registrado, el tercer paso. Este paso es el que tiene mayor incidencia jurídica y no es entendido por el poblador, ya que no basta sólo con tener el título sino que hay que inscribirlo. COFOPRI realiza titulación masiva y otorga títulos registrados. Pero en la problemática advertida por el registro, el problema más grave está en el poblador individual, que según la legislación peruana tiene dos procedimientos para acceder a esa titulación. Puede recurrir o a la vía jurisdiccional (con una demora sólo en la primera instancia 106 días útiles, y con unos 20 pasos y un costo de unos 1.500 dólares). O puede optar por el procedimiento notarial que es mucho más corto, menos oneroso y mas integral (demora no menos de 45 días útiles).Se debe realizar campañas a fin de difundir las ventajas de la formalización individual a través de los procedimientos notariales.
Por último. queda claro que el sistema más cómodo y ventajoso es el notarial.

FERNANDO SÁNCHEZ-ARJONA
Notario

Fernando Sánchez: El dotar de seguridad jurídica a millones de personas y pueblos, que se encuentran en una situación de desamparo legal es algo que va más allá del mercado o del desarrollo económico

El ponente planteó, en primer lugar, la necesidad de cooperación en las zonas más pobres del planeta, especialmente en Iberoamérica, Asia y especialmente África, cuya situación se agrava aún más como consecuencia de los fenómenos socio-económicos acaecidos en los últimos tiempos, como la migración del campo a la ciudad, los asentamientos irregulares en las periferias de los núcleos urbanos, los desplazamientos causados por los conflictos armados o por catástrofes naturales, y en general, las situaciones de ocupación territorial irregular de fincas rústicas y urbanas.
El dotar de seguridad jurídica a millones de personas y pueblos, que se encuentran en una situación de desamparo legal, como meros poseedores de tierras, o viviendas, sin certeza alguna sobre su situación legal, es algo que va más allá del mercado o del desarrollo económico. Es algo que debe vincularse al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la seguridad personal, física y jurídica, a disfrutar de una vivienda digna, y por tanto, a la misma protección de la persona y de la familia. Y a esta finalidad responden los programas que tienen por objeto la titulación masiva de tierras y viviendas, especialmente en Iberoamérica, lo cual fue objeto de debate en las pasadas Jornadas Notariales Iberoamericanas, celebradas en Asunción (Paraguay) en el mes de junio del año 2.008.
A continuación, e íntimamente relacionado con lo anterior, el ponente planteó la siguiente cuestión: ¿Constituye la seguridad jurídica una herramienta valiosa para la lucha contra la pobreza? ¿Es la titulación una adecuada vía de cooperación? Como es sabido, la respuesta afirmativa a estas preguntas constituye el eje de las tesis económicas de Hernando De Soto, al sostener que el capitalismo puede favorecer a los más pobres, meros poseedores de fincas, rústicas o urbanas, dotándoles de títulos de propiedad, que convierta sus “tierras muertas” en “capital vivo”. El ponente, sin embargo, prefirió centrarse en las críticas que, especialmente desde el ámbito de la cooperación , se han hecho a De Soto, con el fin de contra argumentar, en diversa forma y grado, dichas críticas:
1º.- Frente a la crítica de que las ideas de De Soto “suenan” a políticas muy conservadoras, neoliberales, y por tanto, poco proclives a favorecer a los más necesitados, el ponente señaló que la titulación de la propiedad nada tiene que ver con el neoliberalismo, al contrario, constituye un mecanismo de freno, de control frente a posibles abusos por parte de los más poderosos, que son quienes más provecho obtienen de la situación de informalidad.
2º.- Por otra parte, se dice que De Soto no aporta solución alguna respecto del problema de la titularidad de los terrenos. Es decir, las situaciones posesorias que hemos descrito encierran una enorme controversia en cuanto a la propiedad de los terrenos. ¿A quién pertenecen realmente las tierras ocupadas? ¿Cómo se solucionan las situaciones conflictivas? ¿A quién se da el título de propiedad? El ponente recordó que existen, principalmente, cuatro vías para la solución de un conflicto: el mutuo acuerdo, la mediación, el árbitro, y el juez, y destacó que el notariado puede y debe cooperar en esta materia, ya sea documentando los acuerdos que se alcancen, ya sea como mediador, o incluso como árbitro, lo cual enlaza con el título de la Jornada, “la seguridad jurídica como vía de cooperación.”
3º.- Además, se han criticado mucho los procedimientos de titulación masiva porque no se adaptan a los sistemas tradicionales de propiedad existentes en otros lugares del mundo, especialmente en África, donde prevalece la propiedad comunal o colectiva de la tierra. En esta crítica estuvo de acuerdo el ponente, pero señaló que ello no significa que no pueda llevarse a cabo la formalización de los derechos, sino que ésta debe hacerse con arreglo a la naturaleza de las instituciones civiles, legales o consuetudinarias, del lugar en que se lleve a cabo dicho proceso.
4º.- Por último, se dice que la titulación, por sí, no es suficiente para el desarrollo del mercado, cuando el valor de las fincas no justifica los riesgos del crédito. En este punto, el ponente puso de relieve que nadie imaginaba en los años setenta que los microcréditos de Muhammad Yunus constituyeran una esperanza para millones de personas, preguntándose lo siguiente: ¿Por qué negar la posibilidad de que la titulación de las tierras o viviendas de los más pobres pueda dinamizar, o incluso multiplicar, la riqueza generada por los microcréditos?
Y finalmente el ponente concluye: “Sin duda, resulta más palpable, más evidente, la cooperación internacional que tiene por objeto el desarrollo de proyectos alimenticios, sanitarios, educativos, etc.. Pero, a mi juicio, la cooperación que tiene por objeto establecer programas que puedan proporcionar seguridad jurídica a los más desamparados, constituye una vía primordial para la solución de muchos de los conflictos existentes en el mundo, siendo la de vivir en paz y seguridad una de las principales aspiraciones de todo ser humano”.

PERCIVAL MANGLANO
Director de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid

Percival Manglano: La cooperación al desarrollo en España es joven, pues hasta el año 1981 España era un país receptor de ayuda al desarrollo. La cooperación al desarrollo se empieza a desarrollar a finales de los años 80

La cooperación al desarrollo en España es joven, pues hasta el año 1981 España era un país receptor de ayuda al desarrollo. La cooperación al desarrollo se empieza a desarrollar a finales de los años 80.    
La intervención del ponente se centró en el punto de vista de un donante, como es la Comunidad de Madrid, dentro del mundo internacional de la cooperación al desarrollo. Manifestó que nadie ha descubierto el elixir de la eficacia de la cooperación al desarrollo, y la Comunidad de Madrid tampoco. Pero existe un marco administrativo que sirve de orientación y que se acaba de aprobar, el Plan General 2009-2012, en su 3ª edición, que marca las grandes estrategias para lograr el desarrollo.
Este plan tiene distintas prioridades. En relación a las geográficas, la Comunidad de Madrid está muy centrada en Latinoamérica. Por otra parte las subvenciones se conceden principalmente a ONGs. En el caso de Madrid prácticamente dos de cada tres euros que se invierten en cooperación al desarrollo se hace a través de ONG.
Uno de los ejemplos del tipo de proyectos objeto de las Jornadas, se llevó a cabo con la ONG Transparencia Internacional, ONG de referencia en ese mundo de transparencia y de lucha contra la corrupción. Fundada por un alemán, ex empleado del Banco Mundial, ex responsable de la oficina del Banco Mundial en Kenia, que a principios de los años 90 escandalizado por las prácticas corruptas de aquel país decide dejarlo todo y crear esta ONG para luchar contra la corrupción en el mundo.
En el año 2007 la Comunidad de Madrid se alió con Transparencia Internacional para llevar a cabo un proyecto en Perú. A finales del año 2006 en Perú hubo elecciones regionales. En esas elecciones Transparencia Internacional planteó a los candidatos que firmasen un compromiso de transparencia en el caso de que saliesen elegidos. Tras la celebración de las elecciones Transparencia Internacional colaboró para que se fomentase la transparencia en su gestión respecto de los candidatos elegidos que habían firmado el convenio, y el resultado ha sido muy positivo.
Un segundo ejemplo, con final menos feliz. En Mauritania en el año 2005 un golpe de Estado supuso la llegada al poder de una junta militar que organizó una transición a la democracia con elecciones celebradas entre 2006 y 2007. En esa transición se decidió que se iba a reservar una cuota de oficiales electos a mujeres. El problema práctico al que se enfrentaron fue que, como las mujeres tradicionalmente habían estado siempre aisladas y marginadas del sistema político, no tenían la formación necesaria para ejercer su tarea caso de ser electas. Por lo tanto, en contacto una  secretaria de Estado de la Convención de la Mujer en Mauritania y con el Instituto de Estudio Jurídicos Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, se organizaron cursos de formación para las mujeres candidatas que se fuesen a presentar a las elecciones. Lo lamentable es que en agosto de 2008 volvió a haber un golpe de Estado en Mauritania y todos  estos logros se paralizaron. El presidente que había sido elegido democráticamente fue depuesto por un golpe apoyado por los militares.
El ponente finalizó con otra anécdota. En agosto de 2007 tuvo lugar el terrible terremoto en Perú y la Comunidad de Madrid ofreció sus recursos tanto materiales como humanos para atender a las víctimas del terremoto. Y parte de los recursos que solicitaron las autoridades peruanas a través de la Agencia Española de Cooperación era personal médico. Un médico español de origen peruano se ofrece para ir a Perú a ayudar a sus compatriotas.
El equipo médico, seis personas, viajaron a Pisco, en particular a la zona de San Clemente, y atendieron a los heridos en una tienda de campaña. Se dirigió a ellos una señora a punto de dar a luz. La señora dio a luz con la ayuda de este equipo, y  en agradecimiento llamó a su hija España.
La situación es muy simbólica. Un español de origen peruano ayuda a dar a luz a una señora peruana que pone a su hija el nombre de España. Y todo esto en el contexto del terremoto de Perú y de Pisco. Estas son el tipo de actuaciones que llenan de orgullo a aquellos que trabajan en Cooperación al Desarrollo y que motivan siempre a seguir adelante.