CARLOS DIVAR
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial 

LA CRISIS DE LA JUSTICIA

Solemos afirmar a menudo que la Justicia española ha sido tradicionalmente la gran olvidada dentro del conjunto de los poderes del Estado y ello -señalaba yo recientemente- contrasta con su posición de clave de bóveda de nuestro Estado de Derecho. Pese a los esfuerzos de las distintas Administraciones (estatal y autonómica) por dotar a nuestra Justicia de medios humanos suficientes e infraestructuras judiciales modernas, y pese al compromiso y a la labor de las Cámaras legislativas por proporcionar a los jueces y magistrados los instrumentos legales adecuados a los fines constitucionales a los que servimos, es evidente que la tutela judicial sigue sin obtener el grado de efectividad esperado y aún estamos lejos de alcanzar las cotas de satisfacción ciudadana deseables.
Todo ello favorece la proyección a la sociedad de una imagen de la Justicia no positiva ni para los usuarios ni para los profesionales. El Poder Judicial aparece entre las instituciones peor valoradas en términos absolutos y relativos aún a pesar del general reconocimiento de su importancia como pilar del Estado.

"La tutela judicial sigue sin obtener el grado de efectividad esperado y lejos de alcanzar las cotas de satisfacción ciudadana deseables. El Poder Judicial aparece entre las instituciones peor valoradas a pesar del general reconocimiento de su importancia como pilar del Estado"

Cercano ya su trigésimo cumpleaños, no son pocos los retos que asume, pues, el Consejo General del Poder Judicial. En un tiempo en que lo judicial ha adquirido un mayor protagonismo mediático, el Consejo General no ha sido impermeable a las críticas a la Justicia. No deja de ser paradójico, pues el Consejo no es un órgano judicial (y, por consiguiente, no es solidario de las decisiones de los tribunales), ni tampoco es responsable de la dotación de medios personales y materiales para la Justicia (labor que corresponde al Gobierno de la nación y a la mayoría de los Gobiernos autonómicos). Con todo, la percepción del Consejo General como cabeza visible de la Justicia española sin duda ha contribuido a este hecho, pero ello no debe desenfocar la realidad a la opinión pública acerca del destinatario real de muchas de las críticas que recibe.
A los pocos meses del comienzo de su sexto mandato, el Consejo, consciente de esos retos, ya está liderando el proceso de transformación y modernización de las estructuras judiciales para adaptarlas a las legítimas exigencias de los ciudadanos, que demandan una Justicia rápida y de calidad, haciendo realidad los ideales constitucionales. Para ello cuenta con la colaboración de quienes tienen competencias para proporcionar los medios necesarios a ese fin, en un marco de entendimiento y transparencia sobre la base estable del Pacto para la Justicia. En esta tarea resulta esencial la contribución de los Jueces y Magistrados españoles, cuyo esfuerzo y dedicación no alcanza siempre los resultados pretendidos y su justa valoración por la sociedad a la que sirven, debido a la inadecuación de los medios puestos a su disposición.
Las protestas judiciales de semanas atrás, sobre las que ya se ha escrito y dicho en demasía, han servido en todo caso para alertar a la ciudadanía de una situación en muchos casos insostenibles y para concienciar a todos los poderes públicos responsables de la necesidad de sentar las bases para colocar a la Justicia española en el lugar que le corresponde, y devolver a los ciudadanos la confianza en una justicia fuerte y efectiva.
El diálogo, intensificado en los últimos tiempos, entre el propio Consejo, el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y los representantes de la carrera judicial, y las manifestaciones públicas producidas, nos hacen albergar fundadas esperanzas en la consecución del objetivo final de mejora de la Justicia en nuestro país.
El logro de ese objetivo, junto con el cumplimiento de sus funciones constitucionales como garante de la independencia judicial, se convierte en el reto del actual Consejo General del Poder Judicial, para el que la Justicia ha de recobrar el lugar que merece en la valoración de los ciudadanos de acuerdo con lo exigible en un Estado moderno.
Ése es nuestro compromiso. Y ésa es nuestra esperanza.