LA CRISIS DE LA JUSTICIA

El caos informático y la gestión de recursos personales y materiales centran la polémica

Madrid, de nuestra Redacción.-
Dos conflictos de naturalezas muy diferentes han venido a confundirse en el delicado terreno de la Administración de Justicia. El de fondo y principal, que viene de largo, es la notoria insuficiencia de medios personales y mate- riales que el Estado español pone a disposición de algo tan importante como es la Justicia. El segundo, coyuntural y confuso pero que ha tenido enorme resonancia mediática, es que, juzgado, fichado y condenado, se encontraba sorprendentemente en libertad, lo que permitió que co- metiera el horrible crimen.
Los jueces se quejan, parece que con fundamento, de que el Gobierno ha utilizado los enormes resortes de comunicación y propaganda de que dispone para, presentando el hecho a la opinión pública como una negligencia del juez, en lugar de cómo realmente es, un suceso derivado de la penuria de medios con que los jueces se ven obligados a trabajar, para movilizar a la ciudadanía contra la magistratura, eludiendo así la raíz de fondo, que es la insuficiencia de medios y la inadecuada gestión de recursos puestos por el Gobierno central y los de las Comunidades Autónomas a disposición de la administración de Justicia.

Quién controla los recursos funcionales de la Justicia
Detrás de todo ello subyace, según advierten representantes de diversos sectores de la magistratura, una vieja y sustancial polémica, que viene nada menos que desde la constitución del primer Consejo General del Poder Judicial, como órgano máximo del Poder Judicial independiente que proclama la Constitución, sobre a quién debiera corresponder gestionar los medios y recursos de la Administración de Justicia.
El primer presidente del poder judicial, Federico Carlos Sáinz de Robles, reclamó ya sin éxito esas competencias para el Consejo General, de modo que el Ministerio de Justicia se redujera al papel que constitucionalmente le corresponde, de mero instrumento del poder político para los aspectos técnicos jurídicos de las tareas legislativas y gestor de la Fiscalía.
El Gobierno, entonces de UCD, reaccionó incluso airadamente, ya que el mantenimiento del control de los medios y recursos de la Administración de Justicia otorga al poder político una enorme capacidad de influencia y negociación con el poder judicial, que no se alcanza con sólo el control de la Fiscalía. Aquella actitud no cambió más adelante con los gobiernos del PSOE entre 1982 y
1995 ni con los del PP de 1996 a
2004, y se ha agudizado a partir de ese último año.
El anuncio de huelgas de jueces en defensa de sus inatendidas reclamaciones y la advertencia del Gobierno de su disposición a impedirlas poco menos que a toda costa no han contribuido precisamente a facilitar el diálogo ni a tranquilizar a la opinión pública.

Quién controla la agenda de los Juzgados
En estas circunstancias, la expresa de- cisión del actual ministro de Justicia de poner las oficinas judiciales en ma- nos de un cuerpo, el de secretarios judiciales, que es de su dependencia, ha encrespado los ánimos en amplios sectores de la magistratura, aunque con diferentes puntos de vista.
Así, el juez decano de Barcelona, José María Fernández, nos indica que considera interesante la propuesta del Gobierno en esta materia:
“en cuanto a las agendas gestionadas por el Secretario judicial debemos tener en cuenta que hasta ahora las determina cada juez en función del volumen de trabajo, de la complejidad de los asuntos pero también de sus preferencias personales, legítimas por otra parte. En el mejor de los casos, por ejemplo nosotros en Barcelona disponemos de una sala para cada dos juzgados lo que determina que tengamos que coordinarnos entre nosotros”.
Entiende que el planteamiento de cada juzgado considerado individualmente es razonable, pero que si se examinan las ratios de señala- miento se observa que en los lunes y viernes el número de señalamientos global desciende considerablemente, del orden de un 30% menos de vistas a principios y finales de semana. Por otro lado la hora de inicio de los juicios no siempre es la misma, igual que la de conclusión, lo que hace que por ejemplo a las 9 de la mañana haya pocos juicios y a partir de las
13 horas tampoco. Lo mismo sucede con las vísperas de vacaciones y los puentes. Son datos contrastados. Considera que el objetivo del proyecto del gobierno sería optimizar los recursos de modo que el grado de ocupación de las salas sea similar todos los días de la semana y de una horquilla que vaya de las 9 a las 13’30 horas. No se trata de que los jueces trabajen de sol a sol todos los días, sino de que se gestionen las agendas de modo coordinado para garantizar que en los cómputos globales por ejemplo de los Juzgados de Madrid el número de vistas sea simi- lar. Se da la paradoja de que en algunos casos algunos Juzgados señalarán menos. De lo que se trata es de coordinar y planificar, por descontado con la supervisión del juez, que advertirá de los asuntos más complejos.

Menos jueces que la media europea
El punto de vista sobre el proyecto, por parte de los jueces de Madrid y desde luego de las Asociaciones, pare- ce distinto. Fuentes autorizadas de la magistratura de Madrid han indicado a EL NOTARIO DEL SIGLO XXI que el motivo fundamental de las reclamaciones formuladas radica en el incremento de recursos económicos que el Estado debe procurar a la Administración de Justicia. Viene a reclamarse, en un período de cinco años, pasar del 1% de inversión en Justicia en los Presupuestos Generales del Estado a un 3,5%, tal cual acontece en los países europeos desarrollados.
Respecto a la ratio jueces / habitantes, en un estudio efectuado por el Consejo de Europa, España ocupa el puesto 36, con 10 jueces cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 20 jueces por cada 100.000 habitantes. Se solicita que en un período de cinco años, a razón de la incorporación de 250 jueces cada año, España alcance al menos di- cha media, aunque que Alemania tiene 24 y países incluso de menor desarrollo que el nuestro, como Portugal y Grecia nos superan con 17 jueces por cada 100.000 habitantes.
Respecto a los señalamientos, se considera una reivindicación sustancial, toda vez que desde siempre el día, hora y duración del juicio queda determinado por el propio Juez, quien pondera tanto las pruebas admitidas como tiempo de duración del juicio, otorgándole el ritmo preciso, ajustando a su agenda la carga de trabajo que debe realizar, sin que deba quedar supeditado a una mera agenda informática.
Nos indican asimismo que, en relación a la modernización de las infraestructuras, el muy grave problema existente es la absoluta falta de sincronización e interconexión de los diferentes sistemas informáticos que operan en el territorio del Ministerio de Justicia y en las distintas CCAA con medios materiales transferidos. Los jueces reclaman la urgente homogenización de sistemas, así como la interconexión entre los diferentes Juzgados, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros estamentos para intercambiar información, que permita una completa valoración del caso sustanciado. Señalan también la evidencia de que es muy urgente e importante la implantación informática de un sistema de alarmas que avise del cumplimiento del plazo de medidas cautelares personales acordadas.
Señala el juez decano de Barcelona, respecto a la informática, que “el problema es que los programas que utilizamos son muy antiguos, obsoletos e incompatibles. No utilizamos entornos de Windows sino programas específicos y cada CC.AA. tiene su proyecto, incompatible con los otros. Así los catalanes tenemos el Temis, los andaluces el Adriano, los vascos su programa
–más evolucionado– y el resto de CCAA tienen el programa Minerva del Ministerio de Justicia. Así es muy difícil avanzar si no hay unas bases comunes. Las que tenemos son tan obsoletas que no podemos ni siquiera cargar documentos en formato Word, que es el habitual de Windows, sino un texto en rtf que es el más simple”.
Por su parte, el magistrado-juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, nos señala también, como objeto de reclamación, cuestiones como la conciliación familiar y la eliminación del ascenso forzoso.