JOSÉ LUIS REQUERO
Magistrado y pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura

LA CRISIS DE LA JUSTICIA

En enero de 2007 desaparecía una niña, Mari Luz Cortés. Meses después fue encontrada muerta. Detenido el asesino se descubrió que era un pederasta que estaba en libertad pese a que estaba  condenado a dos años de prisión, condena  que no había cumplido. Estalla el escándalo y la actitud ejemplar de los padres fue aprovechada por el poder político para prometer contundencia y marcar distancias.
Sobre el juez en cuestión -Rafael Tirado- y, por reflejo, sobre la secretaria judicial, recayó toda la responsabilidad mientras que el poder político se quitaba de en medio, pero no del todo. El Consejo sancionó con 1500 euros de multa al juez en la medida que apreció que podía haber sido más diligente, pero el Gobierno se inmiscuyó y tanto la Vicepresidenta como el Ministro de Justicia reclamaron más sanción: querían un responsable y lo más alejado del poder político, llámese Ministerio o Junta de Andalucía.
Pero tuvo que ser un pederasta el que mostrase a la opinión pública cual es la situación real de la Justicia española: órganos colapsados, falta de funcionarios cualificados y un sistema de organización del trabajo empantanado. En teoría el juez ya no tiene que organizar su juzgado: lo hace el secretario que depende del ministerio y dirige a unos funcionarios que dependen de las Autonomías. Eso fue parte del pacto para la reforma de la Justicia de 2001. Pero el Ministerio lleva desde 2004 sin poner en marcha esa reforma y no se sabe quien organiza el trabajo de juzgados y tribunales. Por hacer una comparación, imagínese el lector un cirujano que, presto a operar, se presenta en el quirófano pero encuentra que no hay anestesista; las enfermeras son interinas, probablemente licenciadas en Historia, contratadas hace pocos días; que los focos fallan, que el instrumental escasea o que iba a operar a un enfermo de riñón y le traen a otro de hígado. El enfermo fallece, estalla el escándalo y el poder político da su respuesta: hay que sancionar al cirujano.

"Lo dramático es lo que late tras esas iniciativas de las que nada bueno puede salir. Esas movilizaciones evidencian algo muy negativo en el bando judicial"

Desorganizados y faltos de medios, los jueces vieron que la suerte de Tirado podría ser la suya, lo que ha provocado una revuelta antisistema. Mediante centenares de correos electrónicos los jueces se han movilizado. Se ataca al Consejo General del Poder Judicial, al Gobierno y a los partidos políticos, pero también a las asociaciones de jueces, a los presidentes de Tribunales y Audiencias. Se clama contra el trabajo desbordante, por la pérdida de prestigio, respeto y dignidad propiciada por quienes les han hecho únicos responsables de todo lo que sucede en la Justicia; además esa crisis coincidía con una renovación del Consejo saldada con las consiguientes dosis de politización y con el proyecto de entregar la agenda del trabajo de los jueces a los secretarios judiciales convertidos en funcionarios de confianza del Ministerio. Así se  desemboca en la huelga.
En esta revuelta no hay blanco ni negro, sino una variada gama de grises. Hay motivos más que suficientes para un basta ya, pero se atisba también una lucha sorda por el liderazgo entre las asociaciones de jueces. La renovación del Consejo dejó fuera a la asociación Francisco de Vitoria, al Foro Judicial Independiente y a los no asociados. Los excluidos vieron así la oportunidad de lograr lo que el Parlamento no les reconoció: peso y protagonismo en la política judicial. El gran perjudicado no sería Jueces para la Democracia: tiene sus padrinos, adeptos incondicionales y su fuerza más que en el número está en pertenecer a un entramado ideológico y político que trasciende a la Justicia. La gran perjudicada sería la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. Sólo esto explica la ruptura de la unidad asociativa, que se acuda a la huelga cuando apenas se han iniciado las conversaciones o que se eluda que sin ir a la huelga en otras ocasiones se han obtenido logros.

"Desorganizados y faltos de medios, los jueces vieron  que la suerte  de Tirado podría ser la suya, lo  que ha provocado una revuelta antisistema"

En lo político, la crisis sorprende al Gobierno en un momento especialmente  difícil. La crisis económica hace estragos por lo que se entrega a maniobras de distracción. Los jueces desafían a un gobierno -en definitiva, a un partido- que no saber convivir con la independencia judicial. En 1996, tras gobernar doce años, dejó  a la Justicia  en el descrédito y desde 2004 lo único que ha hecho  ha sido para acentuar el control político. Los jueces desafían a quien es propaganda en estado puro, que no soluciona problemas sino que maneja y trastea a la opinión pública. Los jueces dejan a ese experto en manipulación todo muy bien encarrilado para sacar partido del levantamiento judicial. No soy estratega pero va de suyo que antes de entablar una batalla hay que tener claro para qué se lucha, qué terreno se elige, con qué armas  cuenta y cual es el momento propicio.
Y los huelguistas no han podido elegir peor campo de batalla -la opinión pública, donde el adversario es  poderoso-, ni  peor enemigo -que tiene el arma por excelencia de destrucción masiva de la Justicia en sus manos: el BOE- ni peor momento: una crisis económica descomunal que permite coartadas para rechazar reivindicaciones de gasto pero que no impide atender a las que dan votos; se le da oportunidad de enfrentar a los jueces con los ciudadanos y como piden más dinero apela a su responsabilidad para eludir la de quien ha fulminado el presupuesto para no perder votos. Como el detonante de sus iras es un caso tan poco presentable como el de Tirado, se le brinda al Gobierno una ocasión de oro para la demagogia, eludir responsabilidades y así neutralizar cualquier reivindicación.
Pero esto es la coyuntura. Lo dramático es lo que late tras esas iniciativas de las que nada bueno puede salir. Esas movilizaciones evidencian algo muy negativo en el bando judicial: que hay jueces instalados en la lógica sindical, gustosos de ser funcionarios. La opción antisistema hace que se esfume lo que de comprensible hay en una reacción frente a un poder político que elude sus responsabilidades tras años de indiferencia, que permite que la Justicia se degrade, que trasladar a los jueces la entera  responsabilidad de sus errores y desvaríos legales. Pero si los jueces tenemos madurez para juzgar, debemos tenerla también para gestionar su función y ser los primeros en respetarla y hacerla respetar.
Si los jueces podemos ir a la huelga qué mejor excusa para trasladar la idea de insensatez colectiva, de incapacidad para gobernarse y si un incapaz debe ser tutelado, los jueces deben ser gobernados. Al ir a la huelga el Gobierno tiene ante sí un inmejorable argumento para desdibujar la idea de que la Justicia es un Poder del Estado. Si somos funcionarios que prestamos un servicio público y ese servicio lo presta el gobierno -ojo, lo dijo el Tribunal Constitucional-, nadie podrá discutirle que nos inserte en su organización y bajo su disciplina. La independencia judicial de antaño dejará paso a un juez-funcionario, equiparable al médico de la Seguridad Social: lo que en éste es libre criterio para diagnosticar, en el juez lo será para condenar o absolver. Si un hospital lo dirige un gerente, cada tribunal será gestionado por otro gerente: el antiguo secretario judicial erigido en director territorial ministerial. Únase a esto el proyecto de reducir el Consejo General del Poder Judicial a su mínima expresión -o que en esta coyuntura desaparece- y volveremos al modelo franquista: gobierno, ministerio fuerte y jueces funcionarios.
Además de entre las reclamaciones judiciales hay alguna muy peligrosa que serviría al Gobierno de coartada para ciertos proyectos. Los huelguistas piden mil jueces más en cuatro años, lo que le dará el pretexto para suprimir las oposiciones, para hacer realidad ese proyecto de establecer un sistema de selección que permita reclutar jueces en masa. Fuera oposiciones, fuera mérito y capacidad, fuera saber Derecho. Con una judicatura proletarizada y sindicalizada palabras como excelencia o calidad sobran.
Puede que las movilizaciones no le vayan mal al gobierno, máxime si su resistencia ha acentuado algo que siempre ha venido bien al poder político: la desunión y enfrentamiento entre jueces. Se explica así la dosis de provocación que practica y lo que de desgaste haya se compensa al quedar legitimado para reformas que embriden a jueces levantiscos. Ya lo dijeron algunos parlamentarios: los jueces nos pierden el respeto. De puertas adentro será una lucha por el poder asociativo, pero de puertas a fuera es una lucha del poder político para acentuar su superioridad sobre el Judicial. Es el criterio de la clase política.

"Tuvo que ser un pederasta el que mostrase a la opinión pública cual es la situación real de la Justicia española: órganos colapsados, falta de funcionarios cualificados y un sistema de organización del trabajo empantanado"

A estas alturas es indiferente el resultado de la huelga o que se prohíba o que propicie una reforma legal para impedirlo en el futuro. Lo importante es que si se ha llegado a ese extremo de degradación es porque algo va muy mal en el Estado constitucional. Preguntarse porqué se ha dado este paso es preguntarse por la realidad de la Justicia, del Poder Judicial en la España actual; es preguntarse  acerca de qué jueces tenemos o sobre cómo se gobierna y gestiona la Justicia. Pero responder a esa pregunta precisaría un cinematográfico flash back: volver la mirada atrás para entender cómo se ha llegado a ese punto. Y eso es ya otra historia.