No cabe negar que el nivel de desempleo en nuestro país no sólo es un fenómeno extraordinariamente preocupante, sino que, cualquiera que sea el tipo de comparación que utilicemos, resulta absolutamente excepcional. Los datos disponibles así lo demuestran. La tasa de paro en España es del 18,1%, el doble de la media de la Eurozona y más del doble de la media de la Unión, fijada en un 8.6%. Se espera que en breve plazo uno de cada cinco españoles esté en paro. De los 1,9 millones de puestos de trabajos destruidos en el último año en la zona euro, 1,3 millones corresponden a España. Conviene recordar que nuestro PIB apenas alcanza el 10% del total de dicha área.
En cualquier sociedad avanzada tamaña singularidad habría provocado un intenso debate a escala nacional con la implicación activa de todos los interlocutores sociales. Pero como suele ocurrir tantas veces en nuestro país, el debate riguroso brilla por su ausencia, sustituido, en el caso de nuestros partidos, por medidos mensajes que no tienen presente más que su impacto electoral, al margen de algunas aisladas reflexiones por parte de otros actores sobre la necesidad o no de una reforma laboral.
Es cierto que sería imprescindible debatir sobre la conveniencia de reformar una legislación que distingue de manera radical y sin mucha justificación entre dos clases de trabajadores (indefinidos y temporales), al margen de introducir otras medidas de flexibilización. Pero lo que asombra, dada la dimensión del problema, es que no se haga ninguna referencia a ciertas cuestiones que ocupan la primera línea de preocupación en otros países y que aquí, paradójicamente, pasan casi desapercibidas. En realidad, todas ellas tienen un único hilo conductor: el problema de la movilidad, funcional y territorial.
Un elevado nivel de movilidad laboral es el mejor antídoto contra el paro, en cuanto garantiza una asignación eficiente de los recursos humanos en situaciones de cambio tecnológico y crisis económica. Precisamente, si la distinción entre diferentes tipos de contrato es criticable, es porque fomenta la inmovilidad de aquellos trabajadores con mayor experiencia profesional, que suelen ser los que disfrutan de contratos indefinidos, dificultando así la adquisición de capital humano y su gestión dentro de las empresas. Pero tampoco cabe olvidar que si prestamos atención a otras importantes trabas a la movilidad, esta cuestión adquiere una importancia relativa y deja de ser la única relevante.

"Un elevado nivel de movilidad laboral garantiza una asignación eficiente de los recursos humanos en situaciones de cambio tecnológico y crisis económica"

Una traba fundamental son las deficiencias educativas. Un informe reciente de la consultora McKinsey defiende que las deficiencias escolares de los estadounidenses -particularmente los pertenecientes al sector más pobre de la población- han causado más estragos a la economía americana que la actual recesión. Qué decir entonces de España, donde el 30% de los escolares abandonan sus estudios sin título alguno. No es extraño que solamente el 5% de nuestras exportaciones sean de alta tecnología. El crecimiento económico español de los últimos años se ha sustentado fundamentalmente en la construcción y en el turismo de sol y playa,  sectores que demandan escasa formación humana. En el momento en que la crisis les ha golpeado con fuerza y resultaba necesario buscar otro modelo productivo es cuando se ha revelado la importancia crítica de las graves limitaciones de nuestro sistema educativo, mayores cuanto más se desciende en la escala social. La movilidad funcional de los trabajadores, su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado, tiene como pilar básico un buen sistema de formación técnica y profesional que nuestro sistema no garantiza. Los padres americanos llevan años preocupados porque los estudiantes chinos están "robando" los puestos de trabajo a sus hijos, pero nosotros todavía no nos hemos enterado.
Pero otro tema clave, todavía mucho más ignorado que el anterior, es el de la movilidad territorial. Una de las razones por la que EEUU ha sido capaz de lidiar sus crisis económicas con relativo éxito en materia de empleo descansaba precisamente en su capacidad de movilizar mano de obra de forma rápida de un extremo al otro del país. Si las cosas van mal en Oklahoma nadie se lo piensa mucho antes de hacer las maletas y trasladarse a California. Sin embargo, esta ventaja está empezando a desvanecerse, y se afirma que uno de los motivos fundamentales es el excesivo porcentaje de viviendas ocupadas en propiedad en un escenario económico dominado por la bajada de precios y la falta de demanda. No solo es que haya pocos compradores, es que nadie quiere vender por un importe parejo o inferior al de su deuda hipotecaria, especialmente después de haber estado amortizando el préstamo unos cuantos años. En estas condiciones la movilidad es casi imposible.
En un informe publicado hace más de una década, Andrew J. Oswald, profesor de economía de la Universidad de Warwick (Reino Unido), defendía la existencia de una íntima vinculación entre los niveles de propiedad inmobiliaria y paro. La ausencia de un potente y competitivo mercado de alquiler dificulta la emancipación del hogar familiar y la búsqueda de empleo fuera de un círculo geográfico limitado. Por su parte, los trabajadores "atados" por su propiedad a un lugar concreto se ven obligados a mantenerse en trabajos inadecuados, aceptarlos como única posibilidad o terminar en el paro, reduciendo los niveles de productividad general. Todo ello al margen de otros costes indirectos que no procede detallar ahora. En un marco de crisis profunda, como la que padecemos, todas estas desventajas se multiplican.

"En todos y cada los factores que determinan un alto o bajo nivel de movilidad funcional y territorial, España obtiene un rotundo suspenso"

El informe citaba precisamente a España como ejemplo paradigmático en el que se une un nivel alto de paro y de vivienda en propiedad. El argumento es discutible, por supuesto, pero de lo que no cabe ninguna duda es que, en nuestro caso, este último factor no es el único relevante a efectos de dificultar la movilidad territorial. Ni siquiera es el más importante. Europa siempre ha contado con una desventaja clara frente a EEUU en relación a este tema, por evidentes razones políticas y culturales. Oklahoma y California comparten muchas más cosas que Alemania y España. Se trata, sin duda, de un sobrevenido handicap histórico, pero el problema verdaderamente grave es que nosotros, los españoles, lo estamos replicado artificialmente de puertas adentro. España puede tener un tamaño parejo a California, pero está gestando en su seno, no unos estados unidos, ni siquiera la deseada e integrada Europa del futuro, sino la fragmentada de toda la vida.
Tomemos como ejemplo la función pública. Con contadísimas excepciones, el funcionario de una cualquiera de nuestras diecisiete CCAA tiene estrictamente limitado su horizonte laboral a su correspondiente ámbito geográfico. Es fácil imaginar qué impacto tiene sobre la movilidad laboral de la unidad familiar el que uno de sus integrantes sea funcionario, más aún en tiempos de crisis. De este ejemplo pasemos al de la práctica imposibilidad de escolarizar a los hijos en la lengua común del Estado en determinadas CCAA con lengua propia. Este dato bastaría para explicar la renuencia con la que se está dispuesto a aceptar una oferta de trabajo provinente de una de estas Comunidades si ello obliga a un traslado familiar.
Pero todavía mucho más grave es el freno a la movilidad que produce el fenómeno de ruptura del mercado interior que estamos viviendo en los últimos años. No hace falta ser un partidario de la Public Choice para darse cuenta que un proceso de descentralización no sujeto a reglas claras y estables, sino a los impulsos y demandas de los gestores locales, está llamado a fomentar la hiperinflación y disgregación normativa. Falta por estudiar en detalle el impacto que un marco regulador fragmentado, que alcanza paulatinamente cada vez más materias sensibles de clara trascendencia económica, está produciendo sobre la iniciativa empresarial y sus costes, pero no cabe duda de que las trabas a la libre circulación se cobran necesariamente un alto precio en materia de empleo.
La conclusión final es evidente. En todos y cada los factores que determinan un alto o bajo nivel de movilidad funcional y territorial, España obtiene un rotundo suspenso. De esta manera, nuestra triste singularidad en relación a este gravísimo problema que supone el paro laboral empieza a ser, desgraciadamente, muy comprensible.