JOAQUÍN ESTEFANÍA
Periodista y economista. Durante los tres últimos años ha dirigido el Informe sobre la Democracia en España, de la Fundación Alternativas

El desarrollo de las recientes elecciones europeas en España ha vuelto a poner de moda el debate sobre si los casos de corrupción que de vez en cuando asolan la vida política tienen un correlato concreto a la hora en que el ciudadano deposita su voto. El tópico afirma que no es así, pero la experiencia empírica es un poco más complicada y hace ser un poco más cuidadoso a la hora de dar una respuesta rotunda. Más que contestar afirmativa o negativamente a la pregunta de si los votos castigan las denuncias de corrupción, habría que responder que depende de las circunstancias.
Es cierto que los citados comicios europeos coincidieron con asuntos de corrupción, de los cuales el más sonado en los medios de comunicación fue el denominado caso Gürtel que afectaba, presuntamente, a través del delito de cohecho, fraude fiscal y quizá blanqueo de dinero a determinadas personas vinculadas al Partido Popular (PP), en las comunidades valenciana y de Madrid. Y que son precisamente esas zonas en las que el PP sacó más votos de diferencia a los socialistas, lo que sirvió a diferentes líderes de ese partido para deslizar que el resultado de las europeas los legitimaba, más allá de los asuntos de corrupción. El más descarado de esos dirigentes fue el presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra que, concluidas las elecciones municipales de 2007, declaró sin paliativos: "El PP ha sido absuelto con sobresaliente cum laude del juicio popular celebrado el domingo en las elecciones municipales y autonómicas".
No es ésta la única expresión sobre el asunto. No es infrecuente ver por televisión imágenes de ciudades y pueblos en los que sus ediles y concejales son detenidos por acusaciones de corrupción, mientras una parte de sus conciudadanos los aplaude, jalea y se solidariza con ellos. ¿Es el voto un mecanismo de control de la corrupción, entendida ésta como el abuso de poder político para beneficio privado? Dos profesores que han estudiado mucho esta cuestión (Jiménez y Caínzos, "La repercusión electoral de los escándalos políticos", Revista Española de ciencia Política) entienden que "los escándalos tienen cierta influencia sobre el voto, pero su impacto no suele ser demasiado pronunciado y, en muchas ocasiones, no da lugar a la derrota electoral del candidato o partido afectado". En el Informe sobre la Democracia en España 2008 (IDE 2008) de la Fundación Alternativas (del que el profesor Jiménez es uno de los investigadores), se citan seis condiciones para que un caso de corrupción tenga algún efecto sobre el voto: 1) que el votante tenga información suficiente sobre los hechos y les preste atención (conocimiento); 2) que tales hechos le produzcan descontento o rechazo (evaluación negativa); 3) que pueda achacar la responsabilidad por tales hechos a algunos de los partidos o candidatos que compiten en la elección (atribución de responsabilidad); 4) que la corrupción sea un problema relevante para el votante comparada con otros asuntos de preocupación (atribución de relevancia); 5) que el elector esté dispuesto a votar por un candidato de la oposición (visualización de una alternativa); y 6) que no se produzca ninguna inconsistencia entre esas orientaciones previas y el comportamiento efectivo del votante en el momento de depositar su voto (consistencia entre actitudes y comportamientos).

"No es infrecuente ver por televisión imágenes de ciudades y pueblos en los que sus ediles y concejales son detenidos por acusaciones de corrupción, mientras una parte de sus conciudadanos los aplaude, jalea y se solidariza con ellos"

Los analistas deben estudiar, a la luz de esas seis condiciones, qué falló en las elecciones europeas en relación con el caso Gürtel: si el conocimiento, la evaluación negativa, la atribución de responsabilidades, la atribución de relevancia, la visualización de una alternativa o la consistencia entre actitudes y comportamientos. Mientras se determina con profundidad esa respuesta sociológica a la correlación entre voto y corrupción, se puede adelantar una circunstancia política: ni en Madrid ni en la Comunidad Valenciana se ha entrevisto precisamente una alternativa al poder del PP en ambas zonas.
En el mismo Informe sobre la Democracia en España se aporta una especie de sondeo sobre lo que ocurrió en las elecciones municipales de 2007 en 133 municipios en los que hubo algún tipo de acusación de corrupción contra el alcalde o contra algún edil significado en la anterior legislatura (2003-2007). Aunque en análisis tiene un carácter tentativo y parcial, pretende matizar esa impresión de que los españoles premian la corrupción en las urnas. Si sólo nos fijásemos en el dato de cuántos de esos alcaldes mantuvieron la alcaldía, no quedaría más remedio que confirmar la anterior impresión: en 94 (el 70,7%) de los 133 casos estudiados, los alcaldes afectados por sospechas de corrupción mantuvieron la alcaldía y sólo 39 (el 29,3%) la perdieron. Pero si se atiende a la ganancia o pérdida de apoyo electoral sobre censo en relación a las anteriores elecciones municipales, de 2003, la visión puede ser radicalmente diferente: sólo 40 (el 30%) de esos alcaldes mantuvieron o ganaron en 2007 más apoyo sobre censo, mientras que 94 de ellos (70%) lo perdieron. Por cierto que esta pequeña encuesta desmitifica otro de los más frecuentes comentarios que se hacen en la opinión pública: que la corrupción afecta electoralmente siempre más a la izquierda que a la derecha. De los 133 casos estudiados, 103 pueblos estaban gobernados o por el PSOE o por el PP; pues bien, los datos no permiten sostener que haya un partido que salga claramente peor parado que el otro.
El estudio concluye con al menos dos comentarios relevantes: el análisis de los resultados de las elecciones en aquellos ayuntamientos donde se realizaron denuncias de corrupción pone de manifiesto las limitaciones que tiene el voto como mecanismo de control de la corrupción; y segundo, la decisión del voto es una decisión compleja en la que incluso un votante que rechace la corrupción de los representantes políticos puede terminar dando su apoyo a un candidato sospechoso de corrupción.