MANUEL ATIENZA
Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante

BOLONIA Y LOS ESTUDIOS JURÍDICOS

PLAN BOLONIA

Durante todos estos meses de debate (si así puede llamarse a lo que hemos tenido en España) sobre el proceso de Bolonia me ha venido muchas veces a la cabeza una frase que un conocido penalista español, Enrique Gimbernat, escribió a propósito de una de las reformas del código penal en la época democrática: “Desdichado el penalista que tiene que asistir a este espectáculo”. Mi estado de ánimo en relación con lo que está ocurriendo con el proceso de Bolonia, al menos en relación con el campo de las humanidades y de las ciencias sociales y jurídicas, es semejante: “Desdichado el profesor que tiene que asistir a este espectáculo y más desdichado aún el que tenga que sufrir las consecuencias, una vez culminado el proceso destructivo –o autodestructivo- al que, al parecer, estamos abocados”.
El futuro está, naturalmente, abierto y cualquier juicio que se haga al respecto es sumamente aventurado. Pero todo hace pensar que la universidad española (en particular por lo que se refiere a los estudios a los que antes me refería) será claramente peor en los años venideros. No es cosa de ser agorero, pero los indicios (incluido el creciente poder de pedagogos y psicólogos en el Ministerio competente: que no es ya el de Educación) apuntan a que estamos comenzando a asistir a un proceso de deterioro semejante al padecido por la enseñanza media desde hace algunas décadas. Para ser más exacto (y hacer justicia al empeño de algunas autoridades universitarias por “explicar” lo que significa Bolonia), el desastre que (me temo) se avecina no será tanto un efecto directo del dichoso plan, sino más bien una consecuencia de que en España el mismo va asociado a una serie de cambios en las titulaciones y en los planes de estudio (y coincide además con un nuevo –y más que discutible- sistema de promoción del profesorado).

"Todo hace pensar que la universidad española será claramente peor en los años venideros. No es cosa de ser agorero, pero los indicios apuntan a que estamos comenzando a asistir a un proceso de deterioro semejante al padecido por la enseñanza media desde hace algunas décadas"

Muchos piensan que el gran beneficio que se va a obtener con Bolonia es crear un “espacio europeo” en el que puedan circular libremente los profesionales; para entendernos, que al que haya hecho su carrera en alguna universidad española se le reconozcan sus estudios en los otros países europeos. Pero esta es una creencia  infundada, al menos por lo que se refiere al Derecho. Entre otras cosas, porque ninguno de los países “que importan” (ni Alemania, ni Italia, ni Francia ni el Reino Unido) están en el proceso de Bolonia. Además, porque los estudios de Derecho (a diferencia de los de matemáticas, medicina o biología, y a semejanza de lo que ocurre en algunos de humanidades o de ciencias sociales) son, en muy buena medida, “propios de cada pueblo”, o sea, el objeto de estudio varía de país en país. Y finalmente, porque la manera como se está abordando la reforma de los planes de estudios es, para llamar las cosas por su nombre, una vergüenza (o, si se prefiere usar una expresión más exculpatoria con sus actores principales, una locura). Digo en seguida por qué.
A cualquiera se le ocurriría que el procedimiento razonable para elaborar un plan de estudios, por ejemplo, en Derecho, tendría que consistir en empezar por fijar cuál es el tipo de estudiante, de jurista, que se desea formar y, a partir de ahí, ver cuáles tendrían que ser las materias a cursar, los métodos, etc. Pues bien, lo que en general están haciendo las Facultades de Derecho españolas es algo muy distinto: de lo que al parecer se trata es de repartirse un botín -los llamados “créditos”- entre las diversas áreas o departamentos, pues cada uno (cada representante de los mismos) supone que su poder académico depende (o dependerá en el futuro) de eso. Dicho de otra manera, se ha sustituido lo que tendría que ser una discusión racional (en el sentido    –pongámonos pedantes- de la racionalidad comunicativa) por un puro proceso de negociación, y los resultados están siendo los que cualquiera (menos, al parecer, el Ministerio) podía fácilmente prever.
Los disparates, de todas formas, son mayores o menores según cual sea la situación en cada centro; y en esto, me temo, la Facultad de Derecho de Alicante está entre las peores: el alejamiento con respecto a lo que sería un plan de estudios “racional” es, en nuestro caso, abismal. Pongo tres ejemplos (hay muchos más) de ello. En los planes de estudio tendría que haber una serie de asignaturas de “formación básica” tendentes a asegurar cierta base común entre las titulaciones pertenecientes a la misma “rama del conocimiento” (en el caso del Derecho, las ciencias sociales y jurídicas). Pues bien, en el caso del plan de estudios de Derecho, eso pretende ser, lisa y llanamente, suprimido: según la propuesta, sólo habría economía y contabilidad. Los estudios de grado –se supone- deben suministrar algo así como una formación de tipo general lo que, obviamente, resulta contradictorio con el establecimiento de unos “itinerarios” que no se sabe a dónde pueden llevar; y, en todo caso, si cinco años de carrera no permitía pensar en ningún tipo de especialización, ¿cómo es posible que vaya a haberla ahora con solo cuatro? En fin, si en algo consiste el llamado “espíritu de Bolonia” es, como se nos dice una y otra vez, en poner el acento en los aspectos de razonamiento más bien que en los de contenido. Pues bien, la Facultad de Derecho de Alicante va a ser (si termina por aprobarse la propuesta del decanato) una de las pocas en España en cuyo plan de estudios no figura (ni siquiera como materia optativa) una asignatura de argumentación jurídica; lo que parece especialmente llamativo –por no decir ridículo-, cuando resulta que en la Facultad radica uno de los grupos que más han hecho por desarrollar ese tipo de estudios en el plano internacional.

"Muchos piensam que el beneficio que va a obtener con Bolonia es crear un 'espacio europeo' en el que puedan circular libremente los profesionales pero al menos por lo que se refiere al Derecho ninguno de los países que importan (Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido) están en el proceso de Bolonia"

A la vista de la situación, cualquiera podría preguntarse: ¿Por qué la universidad española y, en particular, las Facultades de Derecho, han decidido emprender un camino que tantos consideramos es hacia peor (soy sincero cuando digo que no conozco a  nadie –y en el “nadie” incluyo a algunas autoridades académicas que están “dirigiendo” el proceso- que crea genuinamente en las bondades de la reforma de los planes de estudio)? Para preparar mis clases de filosofía del Derecho he vuelto a leer hace poco la Apología de Sócrates y el Critón. En esos diálogos, Platón relata, con un dramatismo y una profundidad filosófica insuperables, cómo Sócrates está dispuesto a afrontar la muerte con tal de no cometer un acto deshonroso. Pues bien, no hay por qué pedir a nuestras autoridades académicas, y a los responsables en general de llevar a cabo la reforma en curso de los planes de estudio, un comportamiento heroico, pero una modesta llamada a la responsabilidad institucional –que podría traducirse en presentar la dimisión cuando se piensa que no hay condiciones objetivas, por ejemplo, para lograr aprobar un plan no vergonzoso- no parece ser una exigencia excesiva. La justificación para ello me parece, además, muy clara: cada uno de nosotros tiene la obligación de no contribuir a empeorar el mundo, sobre todo cuando, para ello, no se necesita poner en riesgo ningún interés individual o colectivo de importancia.