JUAN CARLOS CAMPO
Secretario de Estado de Justicia

Modernización de la Justicia

TRANSFORMANDO LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tras muchos años de reformas pendientes, vivimos un tiempo de cambio y transformación en nuestro sistema de justicia.  Una tarea crucial e inaplazable que constituye todo un reto de Estado.
La justicia es una prioridad por su valor central para el desarrollo y el bienestar de nuestro país. Su mal funcionamiento provoca consecuencias intolerables, pues directamente socava los fundamentos del Estado de Derecho. Pero no solo eso.  Si se contemplan los efectos de este fenómeno en el desarrollo de las relaciones entre particulares puede comprobarse cómo también lastra su normal desenvolvimiento.  De un lado, da lugar a un incremento del grado de conflictividad en las relaciones y se convierte en un obstáculo para el funcionamiento eficiente de los mercados, la distribución de la riqueza y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.  Desde esta perspectiva, se advierte cómo paz social, desarrollo y justicia se encuentran en una indisociable relación de dependencia.  Constituyen un conjunto funcional, en tanto que se exigen mutuamente, de forma que el progreso de la justicia fomenta el desarrollo y la paz social y el avance de estos exige un mejor funcionamiento  de la Justicia.
En ello se plasma su doble dimensión.  Es un poder del Estado pero también un servicio público que debe garantizar la realización de un derecho fundamental: la protección de los derechos y de los intereses legítimos a través de la debida tutela judicial efectiva. Y esta es la clave de bóveda sobre la que se asientan los componentes que definen nuestra ciudadanía.
Una sociedad avanzada exige un sistema de justicia acorde a sus necesidades, con  tiempos de respuesta razonables, que utilice su mismo lenguaje y sus mismas herramientas de comunicación. La sociedad de hoy exige un cambio.
El Gobierno de España aprobó el pasado 18 de septiembre de 2009 el Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia 2010-2012, un documento que agrupa el conjunto de reformas normativas, cambios organizativos y mejoras tecnológicas que se desarrollarán durante los próximos tres años.
El objetivo es alcanzar un sistema de justicia ágil y eficaz, que sea equiparable a los servicios públicos más avanzados.
Plan colectivo
La experiencia acredita que la modernización de la justicia en España no se acomete solo con más recursos humanos y materiales. Antes bien, requiere una reforma en profundidad. Exige cambios en la organización y en la gestión, pero también cambios estructurales que van desde la revisión de la planta, al establecimiento de fórmulas alternativas para la resolución de controversias o a la revisión del vigente sistema de recursos procesales.

"Tras muchos años de reformas pendientes, vivimos un tiempo de cambio y transformación en nuestro sistema de justicia"

Para acometer esos cambios se requiere presupuesto suficiente, una planificación continuada en el tiempo y, sobre todo, la colaboración de todas las instituciones y sectores implicados.
Por ello, en los próximos tres años se van a dedicar 600 millones de euros adicionales a la modernización de la justicia. Un compromiso que en 2010 se materializa con un incremento del 13,7% en el presupuesto de Justicia, 218 millones de euros más para la puesta en marcha del Plan Estratégico.
Por otra parte, sólo con amplios acuerdos en los que se impliquen las fuerzas políticas, los distintos sectores profesionales y, de manera especialmente relevante, la sociedad, seremos capaces de abordar las reformas necesarias, duraderas y estables que precisa nuestro sistema de justicia. El Plan constituye la traducción práctica del Acuerdo Social por la Justicia que propuso el ministro Francisco Caamaño a todas las fuerzas políticas, instituciones, asociaciones profesionales y organizaciones vinculadas a la justicia. Cuenta con el apoyo del Pleno del Congreso de los Diputados, del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas.
Estamos, además, ante un plan ampliamente participado, en cuya elaboración se ha consultado a más de cien entidades públicas y organizaciones de la sociedad.  Es éste un Plan de todos y que solo entre todos podremos hacer realidad.
La modernización de la Justicia, por tanto, es un objetivo ambicioso pero posible. Hay consenso político en torno a las reformas, hay un plan de actuación realista y hay un presupuesto cierto para llevarlo a efecto.
El Plan Estratégico de Modernización se estructura en tres grandes políticas, política de modernización, política de protección y transparencia y política de cooperación,  que se concretan en seis ejes estratégicos articulados a partir de 23 programas de acción en los que se prevén un total de 147 actuaciones.
En la medida en que se trata de un Plan realista y sobre todo de un compromiso firme, se incluye un calendario de ejecución claramente definido, que se irá detallando en los sucesivos Planes Operativos Anuales, también previstos en el Plan.  Asimismo, el documento aprobado incluye indicadores de desempeño verificables así como mecanismos de seguimiento y evaluación del nivel de consecución de los objetivos y resultados marcados.
Estos elementos son esenciales para lograr el éxito del proceso pues permiten proyectar eficazmente la actuación del departamento y sirven, al tiempo, de parámetro de control del cumplimiento de los distintos compromisos.
Eje del plan
Para arribar a buen puerto en esta empresa hacía falta una hoja de ruta. La modernización de la justicia debe ser el resultado de un proceso planificado meditadamente, que tras identificar las falencias del sistema permita desplegar soluciones concertadas, estratégicas y ejecutables en plazo cierto. Ya contamos con esa estrategia planificada.
El primer eje estratégico persigue lograr un servicio público de calidad. Todo un eje dedicado a mejorar la organización y gestión de la Administración de Justicia que actuará directamente sobre todos los elementos estructurales del sistema: una forma más eficiente de organizar los juzgados, con la nueva oficina judicial; una nueva demarcación ajustada a nuestra realidad territorial; y una planta judicial más extensa y adaptada a los nuevos tiempos.  

"El objetivo es alcanzar un sistema de justicia ágil y eficaz, que sea equiparable a los servicios públicos más avanzados"

Lograr una justicia profesional y altamente cualificada es el objetivo del segundo eje, que contempla una serie de actuaciones dirigidas específicamente a los distintos profesionales que trabajan por y para la Administración de Justicia. Mejorar la dotación de profesionales e incidir en su formación son los puntos sobre los que pivota este eje.
Pero si queremos cumplir con las expectativas creadas en torno al papel de la justicia en las sociedades actuales hemos de contar con un programa de transformación en el que las tecnologías de la información y la comunicación ocupen un papel predominante.  El tercer eje incluye una serie de medidas específicamente destinadas a incorporar las nuevas tecnologías a la justicia, entre los que se encuentran algunos de los proyectos de mayor impacto, como el Expediente Judicial Electrónico.
El servicio público de justicia debe estar orientado a las personas y por ello el Plan cuenta con un cuarto eje dedicado a fortalecer y promover los derechos de los ciudadanos y los profesionales ante la Administración de Justicia. En este ámbito las víctimas de los delitos ocupan un papel muy destacado, en consonancia con la nueva filosofía de la política criminal que se está impulsando desde el Gobierno.
Como se señaló más arriba, la política de justicia es ya y debe seguir siendo una política consensuada. El quinto eje se orienta a garantizar esa necesaria colegiación de esfuerzos cuyo máximo exponente es el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), en el que participa el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en la materia. Un proyecto útil que además es todo un ejemplo de cooperación interinstitucional.
Finalmente el Plan de Modernización articula su sexto eje en torno a la cooperación jurídica internacional y a la Presidencia Española de la Unión Europea. Somos conscientes de que las sociedades de hoy son interdependientes y que este elemento internacional es de vital importancia para la justicia. Se incide en este capítulo especialmente en la lucha contra la delincuencia internacional y en los mecanismos necesarios para hacerla más efectiva.
Plan en marcha
Es suma, se trata de un documento detallado y realista, capaz de lograr el reto de una justicia moderna, que dé respuesta a las necesidades de un país avanzado. Con el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia perseguimos que al finalizar el período 2009-2012 España disponga de un servicio público de justicia más ágil, más confiable y predecible, más accesible y transparente, que de forma responsable y moderna proporcione una tutela judicial efectiva puntual y equiparable en su rendimiento a otros servicios públicos avanzados.
Ese futuro ya ha comenzado. El proyecto para conseguirlo ya está en marcha. Al finalizar la legislatura, y tras la ejecución íntegra del Plan la situación de nuestro sistema de justicia habrá mejorado sensiblemente.
Será una justicia implantada en el territorio de manera más racional y adecuada a las necesidades sociales, demográficas y económicas de la España del siglo XXI. Tendremos una nueva planta y una nueva demarcación judicial que será fruto del trabajo de los expertos en la Comisión ya creada el pasado ya en funcionamiento desde el pasado mes de septiembre.

"Hay consenso político en torno a las reformas, hay un plan de actuación realista y hay un presupuesto cierto para llevarlo a efecto"

Será, además, un sistema de justicia un 19% más amplio y, por tanto, más capaz de dar servicio ágil y de calidad a los ciudadanos. Para ello, en el período 2010-2012 se crearán un total de 600 nuevas unidades, 150 de las cuales serán jueces de adscripción territorial.  
Contaremos con más profesionales y mejor preparados. En estos tres años vamos a convocar 2.000 plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales, lo que supone un aumento del 17 % en jueces, el 20% para fiscales y un 20% de secretarios judiciales. Para este año, además, el Centro de Estudios Jurídicos eleva su presupuesto en casi un 3%, lo que permitirá nuevas y mejores iniciativas de formación.
En 2012 los juzgados y tribunales trabajarán en red. El Plan contempla el desarrollo del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), que permitirá el funcionamiento integrado y conjunto de las distintas aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia y también con otras administraciones como, por ejemplo, las Fuerzas de Seguridad. No es, ni mucho menos una quimera. Ya hemos iniciado su puesta en marcha con la firma el pasado día 30 de septiembre del necesario convenio con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado, convenio al que se irán adhiriendo las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de justicia.
Vamos así mismo a trabajar con el horizonte de “papel 0” en nuestro juzgados y tribunales y lo haremos a través del despliegue completo del sistema seguro de intercambio de documentos (Lexnet) y de la creación del Expediente Judicial Electrónico mediante la implantación de un nuevo sistema de gestión procesal. En poco tiempo, no sólo desaparecerán los carritos de nuestros juzgados, sino que el papel dejará de ser el soporte prioritario y ganaremos en agilidad y seguridad.
También el Registro Civil pasará a ser un Registro Civil de Servicios, único, informatizado y digitalizado, que pueda ser consultado por nuestros ciudadanos por vía telemática y les permita descargar las certificaciones que precisen.
A todo ello contribuirá sin duda la Nueva Oficina Judicial, que empezaremos a hacer realidad a partir del 1 de enero del próximo año, tras la reciente aprobación por las Cortes de la reforma procesal que le da vida. Una nueva forma más eficaz de organizar los órganos judiciales para cuya implantación durante 2010 dedicaremos 34,66 millones de euros.
En definitiva, en el 2012 nuestra justicia prestará un mejor servicio a los ciudadanos, más ágil, más predecible y más confiable. Es un proyecto ambicioso, que cuenta con el necesario compromiso presupuestario y para cuya culminación exitosa estamos construyendo amplios acuerdos con todas las partes implicadas. Tenemos un Plan, tenemos presupuesto y tenemos un amplio acuerdo social para conseguir, con trabajo y diálogo, la justicia moderna que España necesita y merece.