ELISA DE LA NUEZ SÁNCHEZ-CASCADO
Abogada del Estado excedente y Directora Gerente Iclaves S.L

EL CONCEPTO DE OPEN GOVERNMENT
El concepto de open government, o gobierno abierto, ha empezado a abrirse camino en los mensajes políticos, en los debates sobre la modernización de la administración pública, e incluso en las propuestas para la regeneración de la vida la pública, a la vista de los frecuentes episodios de corrupción que protagonizan políticos, cargos públicos y empresarios.
Apertura y transparencia, y más en momentos de crisis, son conceptos muy atractivos por lo que el open government tiene sin duda una gran fuerza como mensaje político para los ciudadanos. Ahora bien, lo que pretendo analizar en este artículo no es tanto la novedad del mensaje o las posibilidades políticas que ofrece, sino si, por primera vez, se dan las condiciones técnicas y jurídicas que permitan la puesta en marcha efectiva de acciones e iniciativas de open government en el ámbito del sector público. 
Apertura y transparencia, y más en momentos de crisis, son conceptos muy atractivos por lo que el open government tiene sin duda una gran fuerza como mensaje político para los ciudadanos. Ahora bien, lo que pretendo analizar en este artículo no es tanto la novedad del mensaje o las posibilidades políticas que ofrece, sino si, por primera vez, se dan las condiciones técnicas y jurídicas que permitan la puesta en marcha efectiva de acciones e iniciativas de open government en el ámbito del sector público. 
En este sentido, conviene recordar que no han sido pocas las iniciativas en el pasado reciente cuyo objeto ha sido la modernización de las Administraciones públicas buscando mejorar su eficiencia, luchar contra la corrupción e incrementar la transparencia en su gestión o/y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Sus resultados, por lo menos en nuestro país, no han sido especialmente brillantes. Por esta razón consideramos que, antes de otorgarle mayor crédito o más fuerza al concepto de open government es preciso analizar qué tiene de diferente respecto de esfuerzos anteriores que han estado enmarcados en programas de modernización administrativa, o de administración electrónica.

"Los objetivos de transparencia y apertura buscan no solo una mayor calidad de la democracia, sino una mejora real de la eficiencia y efectividad del gobierno"

Para situar el contexto de este debate, tenemos que hacer referencia al memorando que en Enero de 2009 dirigió el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a los departamentos y agencias de la Administración americana, para poner en marcha un ambicioso plan de transparencia, participación pública y apertura en las acciones del gobierno. El objetivo fijado por el gobierno americano es publicar en el último trimestre de 2009 una directiva que pueda plasmarse en un plan de acción que impulse los objetivos de transparencia y participación en el gobierno.
Una acción política de open government como la que está poniendo en marcha el gobierno americano persigue un doble objetivo: fortalecer la democracia y mejorar la eficiencia y efectividad del gobierno. Fortalecer la democracia implica dar mayor cabida a la participación ciudadana, dar mayor información sobre la acción de gobierno, y mejorar la cooperación entre las Administraciones. Transparencia, apertura y cooperación son así los ejes del open government, pero junto a estas propuestas es igualmente importante el objetivo de mejorar la eficiencia y efectividad del gobierno. Es decir, los objetivos de transparencia y apertura deben buscar no solo una mayor calidad de la democracia, sino una mejora real de la eficiencia y efectividad del gobierno.
En este contexto, las propuestas del open government pueden plantearse como una alternativa sólida a las tradicionales propuestas de cambios legislativos a diestra y siniestra que surgen en períodos en que se suceden los episodios de corrupción. Ahora mismo, la principal reacción contra los recientes escándalos de corrupción en nuestro país es la realización de una serie de cambios legislativos. La frecuencia y gravedad de los casos de corrupción empujan lógicamente a los analistas -y sobre todo a los políticos- a proponer cambios en la legislación orientados o bien a endurecer las penas para los corruptos, o bien a reforzar los controles administrativos o bien a establecer códigos de autoconducta más rigurosos. Valorando la buena intención de todas estas propuestas, no debemos olvidar que cambios legislativos como los que ahora se proponen (enésima reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, cambios en los tipos penales...) no han servido de nada o de muy poco el pasado reciente y que los resultados han quedado lejos de las promesas y las expectativas. Parece un buen momento para abordar el problema con una óptica diferente. Con la óptica que puede proporcionar el concepto de open government.

"Internet debe convertirse en una ventana que de acceso a toda la información sobre la acción de gobierno, y que abra posibilidades de participación ciudadana y de colaboración entre administraciones"

Por otro lado, y como particularidad española, el open government plantea la necesidad de corregir las disfunciones de nuestro complejísimo sistema territorial permitiendo, entre otras cosas, que los ciudadanos puedan evaluar si el sistema competencial actual es o no satisfactorio y en qué medida responde a sus necesidades y resulta eficiente económicamente.

INTERNET Y OPEN GOVERNMENT
Es significativo destacar que el presidente americano haya encomendado el diseño del plan de acción de open government al CTO (Chief Technology Officer) de su gobierno. Por tanto, hay que destacar que el elemento que marca la diferencia en esta nueva propuesta es la tecnología. El valor diferencial reside en la creencia de que Internet, al igual que ha cambiado los modelos de negocio de las empresas y muchos hábitos de vida de los ciudadanos puede y debe también cambiar el funcionamiento de la Administración Pública.
Así, mientras el proceso de digitalización en la Administración o en el sector público en general no ha logrado los niveles de modernización y eficiencia comprometidos en los programas de administración electrónica, la presencia de Internet y las nuevas tecnologías asociadas a Internet sí han cambiado y en ocasiones revolucionado tanto los procesos de negocio de las empresas como las relaciones personales entre los individuos. En esta línea, lo que el proyecto de Open Government intenta impulsar es un cambio similar, es decir, una verdadera transformación o si se quiere revolución, de la Administración y de la vida pública basada en las posibilidades, y realidades, que ofrecen las nuevas tecnologías asociadas a Internet, la movilidad, la Web 2.0 y las herramientas de búsqueda y compartición.  
Nos interesa insistir en que el cambio propuesto por el open government va mucho más allá que el perseguido o sugerido por las iniciativas de administración electrónica. Ya no se trata de prestar servicios on-line a los ciudadanos. Ese objetivo es solo una parte de un objetivo mucho más ambicioso. Internet debe convertirse en una ventana que de acceso a toda la información sobre la acción de gobierno, y que abra todas las posibilidades de participación ciudadana y colaboración entre administraciones. La verdadera implicación de estos objetivos sólo podrá entenderse si definimos con mayor precisión lo que transparencia, participación y colaboración significan en el concepto de open government.

LOS PILARES DEL OPEN GOVERNMENT
Como hemos dicho, tres son los soportes de la acción de open government: transparencia, participación y cooperación.

Transparencia
La información y los datos que manejan las diferentes administraciones deben considerarse como activos que pertenecen a todos los ciudadanos. El objetivo de una iniciativa de transparencia debe ser poner estos datos, y esta información a disposición del público, en la forma más rápida y fácil de acceder y usar.
Sin duda no es la primera vez que se habla de poner a disposición de todos los ciudadanos la información que maneja la administración, dado que precisamente es información pública. El aspecto diferencial es que ahora disponemos de las tecnologías y las herramientas para que esta información no sólo esté accesible en la web, sino para que los ciudadanos puedan encontrarla y usarla de una forma fácil y sencilla. Toda acción pública debe venir guiada por el interés de los ciudadanos. Por tanto, la administración pública debe poner el mayor empeño en poner a disposición de los ciudadanos la información pública relevante de forma ágil y sencilla.
Queremos poner especial énfasis en este concepto de transparencia. El concepto de administración transparente va íntimamente ligado a una administración que pone a disposición de los ciudadanos la información y los datos en una forma útil, accesible, y fácil de interpretar para que éstos puedan participar activamente en la toma de decisiones y en el control de su ejecución. Las nuevas tecnologías hacen esto posible, y este es el principal elemento de diferenciación respecto a cualquier iniciativa que se haya puesto en práctica en el pasado.
Por poner un ejemplo sencillo, frente a la publicación de la información pública ya sea de disposiciones generales, contratos públicos o asuntos de personal en el BOE, en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas, o en tablones físicos de los distintos organismos públicos, las nuevas tecnologías permiten la puesta a disposición de esta información a través de Internet, soportadas por herramientas de búsqueda y clasificación que hagan realmente útiles los datos e información que se proporciona a los ciudadanos. Ejemplos como la publicidad de los procedimientos urbanísticos o de contratación pública son evidentes, pero también hay que entender que las posibilidades del Open Government se extienden a todas las actividades de la administración Pública.
Es importante no olvidar en que la transparencia no puede limitarse a publicar en Internet el documento en formato PDF lo mismo que hasta hace poco venía publicándose en papel. Sin duda esta publicación del documento en Internet es un paso previo, pero un paso corto que queda muy lejos de las metas y objetivos que debe fijarse una Administración Pública transparente. Las acciones e iniciativas de open government deben ir mucho más allá si realmente queremos erradicar no sólo las prácticas de corrupción sino las inercias de la burocracia y las ineficiencias de las distintas Administraciones Públicas que hoy preocupan ya seriamente a los ciudadanos y pueden comprometer nuestro futuro.

"El acceso de información pública por parte de los ciudadanos es clave para el control de las decisiones públicas y de su ejecución y constituye una alternativa sólida a las tradicionales propuestas de cambios legislativos que surgen en períodos en que se suceden los episodios de corrupción"

No podemos dejar de incidir e ilustrar las posibilidades que la transparencia administrativa junto con la tecnología que la hace posible ofrece tanto para el control de los abusos o simplemente de la ejecución de las decisiones como para la dinamización económica asociada al manejo de la información pública. La información que manejan las administraciones es un activo que debe estar disponible para todos los ciudadanos.. Las administraciones deben poner toda la información pública a disposición de los ciudadanos en plataformas y formatos que sean accesibles y manipulables. Esta práctica, si bien ya se ha iniciado, es todavía muy minoritaria en nuestro sector público.
No es preciso ni aconsejable que la Administración Pública desarrolle todas las herramientas para la conversión de la información pública básica en información útil para los ciudadanos. La experiencia nos ha demostrado que la iniciativa privada puede realizar esta labor de una forma más rápida, más eficiente, y en muchos casos más imaginativa. Y también ha mostrado que se puede ahorrar mucho dinero en gastos de desarrollos TIC a las Administraciones Públicas. Son muchos los ejemplos de esta dinámica de puesta a disposición de información pública que ha dado lugar a herramientas y aplicaciones basadas en esta información desarrolladas desde la iniciativa privada: ofertas de empleo, becas, el tiempo, el tráfico, las subvenciones, índices de contaminación,... son algunos ejemplos de ese círculo virtuoso iniciado con la puesta a disposición de información pública por parte de algunas Administraciones mediante una aplicación inteligente del principio de transparencia, que ha dado lugar al desarrollo de aplicaciones realmente útiles para los ciudadanos.
Estos ejemplos, que hasta ahora se han centrado en la creación de aplicaciones que facilitan el uso y acceso de información pública por parte de los ciudadanos con fines económicos o de negocio pueden tener el mismo éxito en el ámbito del control de las decisiones públicas y de su ejecución. Pueden aplicarse estas obligaciones de transparencia en ámbitos especialmente sensibles para los ciudadanos, y más en épocas de crisis, como lo son todos aquellos relacionados con el manejo de fondos públicos. Esta es la dirección que el concepto de Open Government propugna. Los presupuestos, la ejecución presupuestaria, los salarios de los funcionarios y de los gestores públicos, los gastos corrientes, los proyectos, el seguimiento presupuestario de los proyectos, y muchos otros aspectos relacionados con los recursos públicos por parte de las diferentes administraciones deberían estar accesibles para los ciudadanos en una forma fácil de entender, y fácil de tratar, gestionar e incorporar en aplicaciones y herramientas. No basta con la publicación de los Presupuestos Generales del Estado (o de las CCAA) en los boletines oficiales correspondientes.
En definitiva, los ciudadanos y las empresas tienen derecho a conocer cómo se gestiona, se administra y se gasta el dinero público, cómo se priorizan los proyectos y cómo se ejecutan los mismos. Los ciudadanos y las empresas tienen el derecho a poder comparar los niveles de eficiencia y efectividad de las diferentes Administraciones en los ámbitos de su competencia, para poder exigir la mejora continua en el funcionamiento de estas administraciones y en el aprovechamiento de los recursos públicos, con el mismo nivel de exigencia que se aplica en el mundo empresarial. Esto es especialmente relevante en España, dada la creciente complejidad del sistema territorial que empieza a tener serios costes económicos en términos de ruptura de unidad de mercado o simplemente de ineficiencias y duplicidades que cuestan mucho dinero.

Participación
La participación ciudadana es el segundo eje que debe conducir a una administración más eficiente. El objetivo de la participación no es solo permitir que los ciudadanos expresen su opinión sobre todos aquellos proyectos públicos que les afectan directamente, y en los que se emplea el dinero público, sino también permitir a las administraciones tener acceso a un conocimiento ampliamente disperso sobre diferentes materias. La revolución de Internet ha puesto de manifiesto las enormes posibilidades que ofrece una plataforma de participación, en la que el conocimiento de diferentes fuentes puede ponerse en común y compartirse.
Se trata por tanto de una participación en una doble dirección: los ciudadanos pueden, a través del conocimiento que tienen de las actuaciones públicas, participar en su definición y en su ejecución pero también las Administraciones tienen la posibilidad, no tan frecuente, de contrastar directamente con un grupo amplio de ciudadanos o empresas la corrección de sus decisiones y de su ejecución en términos de impacto en sus destinatarios.
Nuevamente, el punto que marca la diferencia respecto a iniciativas anteriores, en gran medida fallidas, es la disponibilidad de tecnologías que hacen este ambicioso objetivo algo factible y manejable. Las tecnologías ya están disponibles, y en muchísimos casos ya se utilizan con éxito (redes sociales, redes profesionales, plataformas web especializadas...) La propia Administración impulsa alguna iniciativa en este sentido, pero de nuevo no se ha interiorizado todavía las enormes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
En este sentido, el concepto de participación que maneja todavía la Administración Pública es más bien pasivo (el ciudadano como receptor de mensajes) y no tanto activo (el ciudadano propone actuaciones, las dirige y las sigue) por no hablar de los supuestos en que se confunde la participación en la toma de decisiones con una especie de trámite de audiencia universal normalmente muy poco provechoso. Téngase en cuenta que de la misma forma que antes señalábamos que la Administración debe de hacer fácil, accesible y comprensible la información que traslada a los ciudadanos también debe conseguir que la que recibe de ellos tenga estas mismas características y que permita un tratamiento eficiente. Esto lógicamente exige recursos y esfuerzos y una modificación de los procedimientos administrativos que sin embargo no requeriría, en nuestra opinión, ninguna modificación legislativa ni siquiera reglamentaria de importancia.   

Cooperación y Colaboración
La consecuencia directa de la participación es la colaboración. Lo mismo que  cuando se ha producido un avance en la descentralización de la gestión administrativa, se ha hecho necesario que las distintas Administraciones cuenten con las herramientas, los métodos y los sistemas para colaborar y cooperar, esta misma cooperación debe hacerse extensible entre administraciones, entre los diferentes niveles de la administración, y con las empresas y los ciudadanos.

DIFERENCIAS CON INICIATIVAS ANTERIORES
Probablemente la gran dificultad a la que se enfrenta en España (y en Europa) un proyecto de estas características es la percepción de que proyectos similares ya se han anunciado en el pasado y se han puesto en marcha en ocasiones anteriores sin que se haya percibido un gran cambio en la forma de actuar de la Administración Pública ni en lo que podríamos denominar "cultura administrativa".
El concepto de modernización administrativa aparece ya en la década de los 80 asociados a las ideas de la nueva gestión pública (NGP), con el objetivo de introducir algunas de las prácticas empresariales en el mundo de la administración pública. La introducción de mecanismos de mercado en los servicios públicos, el mayor control del gasto, la creación de Agencias, la externalización de ciertos servicios públicos, y un esfuerzo permanente y continuado por simplificar los procedimientos administrativos, son algunos de los elementos característicos de los programas de modernización administrativa que nos han acompañado en las últimas dos décadas. Los resultados no han permitido realizar una verdadera transformación de la Administración, aunque sí han permitido una modernización de su "front office".
En el concepto de la Nueva Gestión Pública, el ciudadano ya es considerado como un cliente de la administración pública, lo que sin duda es un paso trascendental para un cambio de mentalidad especialmente en España tras un largo periodo de dictadura donde el ciudadano era más bien un súbdito o sujeto pasivo. Ahora, con el concepto del open government, se persigue que ese cliente tome un papel mucho más activo mediante la transparencia y la participación.
De la modernización administrativa se pasó a finales de los años 90 a la administración electrónica. Los proyectos de administración electrónica nacieron hace más de 10 años con ambiciones y objetivos parecidos al open government. La administración electrónica ha constituido la gran esperanza y motor de transformación de la administración pública. Durante muchos años el concepto de e-administración ha ido unido a la idea de modernización de la administración pública mediante la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a la prestación de servicios públicos a través de Internet.
Sin menospreciar los logros alcanzados en la disponibilidad de servicios públicos on-line, lo que parece indudable es que la ambición de transformar la administración pública para hacerla más transparente y más eficiente no se han alcanzado, y se han malogrado esfuerzos y esperanzas.
Los esfuerzos realizados en el marco de los programas de administración electrónica no han sido pequeños, y su coste ha sido muy importante. Muchos millones de euros se han invertido en los últimos años en los esfuerzos de digitalización de la administración. Estos esfuerzos han permitido constatar que la tecnología tiene la capacidad de transformar la administración pública, pero que esta capacidad no es suficiente por sí sola si no va acompañada de otras medidas de índole política, normativa y organizativa. Dicho de otra forma, la tecnología es condición necesaria pero no suficiente.
Tampoco sería justo desdeñar la cantidad de información que los portales de las administraciones públicas ponen ya a disposición de los ciudadanos, los numerosos formularios que pueden descargarse de estos portales, y el número creciente de trámites que pueden ya realizarse on-line. Avances como la aprobación por parte del gobierno español de la ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en la que se reconoce ese acceso como un derecho de los ciudadanos, supusieron un importante impulso al avance de la administración electrónica en todos los niveles de la administración pública.  Pero aún reconociendo los esfuerzos realizados, lo que podemos concluir es que no han sido suficientes. La disponibilidad de los servicios públicos on-line es algo que ya debe darse por supuesto (aún cuando en muchos casos habrá que seguir trabajando para alcanzar ese objetivo) pero ya es necesario ir mucho más allá, aprovechando las oportunidades que nos brinda la tecnología para transformar realmente el funcionamiento de la Administración.
Aún a riesgo de ser muy simplista, podemos afirmar que hasta ahora los esfuerzos se han dirigido a introducir la tecnología para ejecutar los procedimientos administrativos tradicionales de una forma más cómoda y rápida. La legislación administrativa existente al respecto es muy ilustrativa al respecto: ha intentado llevar los mismos conceptos jurídicos que existían en el mundo "analógico" (es decir, en un expediente en papel) al mundo digital. Pero falta por abordar un cambio más profundo, con una participación efectiva de la ciudadanía en las actividades públicas, y una transparencia real en las acciones de gobierno. Es este cambio el que recoge el concepto de Open Government. Un cambio que debe acercarnos a las promesas de modernización administrativa iniciadas en los años 80 y que hasta ahora apenas si hemos visto materializarse. 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
En el caso español hay dos elementos adicionales que hacen especialmente consejable y oportuno abordar con convicción una acción política de Open Government.

Calidad institucional
España viene perdiendo en los últimos años posiciones en los rankings internacionales que miden la calidad institucional. Estos indicadores aglutinan diferentes factores que determinan la mayor o menor dificultad para desarrollar una actividad empresarial en un país. Aún cuando en muchos casos estos indicadores se asocian a niveles de corrupción, los parámetros analizados van mucho más allá, cubriendo aspectos que abarcan desde la seguridad jurídica, hasta la agilidad administrativa.
Según el Global Competitiveness Report 2009-2010, elaborado por el World Economic Forum, España ocupa el puesto 33 en el Índice Global de Competitividad. Esta posición está muy alejada de la obtenida por los países de nuestro entorno. Aspectos como la calidad de nuestras instituciones públicas, la coordinación entre los diferentes niveles de la Administración Pública, la eficiencia del mercado, la seguridad jurídica o la innovación pueden verse beneficiados mediante la adopción de iniciativas de Open Government, y tendrán sin duda una importante influencia en los indicadores que recoge el Global Competitiveness Report, y por tanto en la competitividad real de nuestro país.
Una iniciativa como el Open Government es sin duda una clara oportunidad de impulsar de forma decidida y concreta los problemas que afectan a la calidad institucional en España, y que ponen en riesgo el futuro desarrollo económico del país.

Complejidad administrativa
España no es un país que se distinga por la sencillez administrativa. Los tres niveles de administración: estatal, autonómica y local, han introducido un nivel de complejidad en la relación de la administración con ciudadanos y empresas, que en algunos casos introduce inseguridad en las decisiones de las empresas, y podría llegar a minar la base de cualquier desarrollo económico sostenible: la unidad de mercado.
El principio de colaboración que promueve el Open Government, se hace aún más necesario en un país con la complejidad institucional que presenta España. La percepción de que el proceso de descentralización se ha realizado en España de forma desordenada y sometido a decisiones políticas cortoplacistas, sin que haya habido tiempo ni sosiego para que se consoliden o definan los foros y mecanismos de colaboración y cooperación entre las diferentes Administraciones, convierte a la iniciativa de Open Government en una oportunidad para dar un impulso a la necesaria colaboración entre las diferentes Administraciones y también, por qué no, para enjuiciar su eficiencia e incluso la distribución de competencias existente.

ALGUNAS LÍNEAS DE TRABAJO
La iniciativa puesta en marcha por el gobierno americano es la que hasta ahora ha definido con mayor concreción las líneas de trabajo que deben impulsarse bajo una iniciativa de  Open Government. Conviene revisar estas líneas y detenerse en algunas de ellas.

Transparencia
· Definición de transparencia: Cómo diferenciar entre poner a disposición de los ciudadanos información y datos de forma útil y accesible, de la mera ocultación de la misma entre volúmenes ingentes de información. La tecnología debe jugar aquí un papel clave.
· Estandarización en la información: Definir estándares que permitan que la información que haga accesible las diferentes administraciones siga unos estándares comunes y permita el tratamiento y la gestión automatizada de la misma. 
· Institucionalización de la transparencia en la administración: Cómo lograr que los mecanismos de control del fraude y el abuso dentro de la administración sean más efectivos.

Participación
· Reforzar la participación de los ciudadanos: Cómo conseguir que los ciudadanos se involucren de forma más activa en la vida pública: herramientas, incentivos y aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
· Mejorar las tecnologías que hagan posible la participación ciudadana real. El principal desafío es superar la ingente cantidad de información que manejan las administraciones públicas, en la mayoría de los casos en formatos y estructuras diferentes e incompatibles. La tarea sin duda no es sencilla, pero debe considerarse como el único camino que puede recorrerse para alcanzar los niveles de transparencia y eficiencia que exigirán los ciudadanos.

Cooperación y colaboración
· Gestión y compartición del conocimiento entre diferentes administraciones: La mayor parte de las grandes empresas han puesto en marcha importantes programas de gestión del conocimiento que permite a todos sus empleados beneficiarse de las experiencias en cualquier punto de la empresa. Las administraciones adolecen de falta de iniciativas similares, y cada día se muestran como más importantes para poder afrontar los niveles de eficiencia y efectividad que la sociedad reclama.
· Mejora de los mecanismos de atención a los ciudadanos y resolución de competencias entre administraciones mediante el uso de las nuevas tecnologías: Impulsar las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen para resolver los conflictos que pueden plantearse entre administraciones, y mejorar el diálogo con los ciudadanos y empresas en estos procesos. Este objetivo engloba los objetivos de interoperabilidad de los sistemas entre diferentes administraciones.

UNA ACCIÓN POLÍTICA DECIDIDA
En último término, como es lógico, el Open Government precisa una acción política decidida. No son precisos grandes cambios en la legislación pública, ni para hacerlo posible ni para luchar contra la corrupción y falta de eficiencia que se deriva de su inexistencia. También conviene tener en cuenta que, a falta de un liderazgo claro, sólo  en la medida en que los ciudadanos en una democracia lo demanden esta acción política se convertirá en una prioridad para los políticos.
Para concluir, los principios del Open Government apuntan en una dirección diferente que nos puede permitir imaginar una verdadera transformación de la administración pública española. Internet y las tecnologías asociadas han mostrado un camino diferente en las relaciones y modelos de negocio de ciudadanos y empresas que toca ya aplicar a la verdadera transformación de la administración pública. No son pocos los esfuerzos que serán necesarios, pero, como en todos los proyectos, no estaría de más, empezar ya a dar los primeros pasos.