BELÉN FERNÁNDEZ BLÁZQUEZ
Notario de Baeza (Jaén)

Alarma en el urbanismo español

Conocido por todos es uno de los mayores casos de corrupción urbanística en nuestro país: “La operación Malaya”. Al menos quince ayuntamientos de municipios de la Costa del Sol han sido investigados por presuntos delitos de prevaricación, y los principales grupos políticos han visto cómo algunos de sus integrantes han acabado en prisión. Los hechos ocurridos en Marbella propiciaron incluso la disolución del Ayuntamiento en abril de 2006. Se considera el supuesto por excelencia de corrupción a gran escala ocurrido en nuestro país. Desafortunadamente, no ha sido el único.
Lo cierto es que el mapa de la corrupción urbanística se ha ido definiendo durante el último lustro. Los distintos periódicos de tirada nacional han denunciado reiteradamente la situación.
En Noviembre de 2006, el diario El Mundo publicaba un informe que reflejaba cifras alarmantes: 800.000 viviendas se construyeron en España en 2005, la superficie edificada ha aumentado un 40% en sólo 10 años (1995-2005) y cada día se transforma en España una superficie de suelo aproximadamente equivalente a tres campos de fútbol. Los planes aprobados para 2006 preveían la construcción de un millón y medio de viviendas y más de 300 campos de golf.  
Pero  el Seprona denunció 12.832 construcciones ilegales entre enero de 2005 y junio de 2006.  El 59% de la costa andaluza estaba urbanizada, había 4.000 expedientes. Entre el 35% y el 40% del presupuesto de los ayuntamientos procedía del sector urbanístico. Las diligencias abiertas por la Fiscalía sobre presuntos delitos de urbanismo se incrementaron en un 62,65% en 2005 respecto al año anterior. Y Un tercio de los billetes de 500 euros de la UE circula por territorio español.
Justo en esas mismas fechas, el diario ABC recopilaba decenas de casos de irregularidades urbanísticas, recalificaciones de terrenos, licencias para construir en terrenos no urbanizables y posibles tratos de favor a determinadas constructoras que estaban siendo investigadas en los Juzgados de toda España. Las denuncias provenían de la oposición municipal, grupos ecologistas o asociaciones vecinales, sin perjuicio de determinadas investigaciones de oficio por parte de la fiscalía.
 En 2006, el Gobierno creó la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y una unidad especializada de la Guardia Civil contra la corrupción. Actualmente, existe un fiscal especializado en cada provincia y las condenas por delito ecológico crecieron en 2008 un 22%, según El País.
En diciembre del pasado, el mismo diario, bajo el título “El Supremo carga contra el desastre urbanístico que corroe España” se hacía eco de la Sentencia de 27 de noviembre de 2009. El fallo justifica que “ante la inoperancia administrativa, se acuda al derecho penal” para perseguir los escándalos urbanísticos con más eficacia. “La comunidad de ciudadanos –afirma- es víctima de los despropósitos urbanísticos y  la administración urbanística también experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenación del territorio".
Europa no ha quedado indiferente ante la situación. Prueba de ello es el Informe Auken, que señala directamente a nuestro país. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha organizado tres misiones de investigación en España durante la presente legislatura. Según la Exposición de Motivos, “miles de ciudadanos europeos siguen siendo víctimas de un sistema de urbanización masiva que en muchas ocasiones, ha ignorado sus derechos legítimos como propietarios, al tiempo que ha destruido el medio ambiente costero mediterráneo y los frágiles ecosistemas en muchas zonas del litoral y el interior de España”. El Informe advierte que el modelo urbanístico también ha diezmado “la actividad social y cultural, lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado cultural, así como de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de las cuales se han exportado”.
Recientemente, un eurodiputado británico ha dirigido una carta abierta al presidente del Gobierno español, solicitando medidas urgentes que eviten la demolición de viviendas ilegales adquiridas por extranjeros, ante las más de 15.000 quejas y protestas que alega haber recibido en su oficina en relación con este asunto. Le insta, además a “dirigirse a los gobiernos autonómicos para resolver este asunto, de forma que quienes actuaron con buena fe y de acuerdo con la ley no sean las víctimas de los abusos”.
Ante todo esto, sólo queda ya plantear una cuestión: ¿Ha llegado el momento de cambiar el sistema?.