JOSÉ ARISTÓNICO GARCÍA SÁNCHEZ
Decano del Colegio Notarial de Madrid

Sabido es que las dos ultimas décadas del siglo pasado, ancladas en el Consenso de Washington e impelidas por la euforia de la caída del socialismo real, dieron vida a una saga de “neocons”  que, profesando como nuevo credo el neoliberalismo a ultranza, entronizaron la eficiencia, la productividad y la competitividad como únicas fuerzas motoras del universo,  aconsejando sacrificar institutos y reglamentaciones en  aras de ese  sacralizado  mercado omnipotente, desmantelando si es preciso el Estado hasta reducirle, como llegó a sugerir  Norquist, a un tamaño que permitiera ahogarle en una bañera.
Pero esas dos décadas de  liberalismo irrefrenado lo que han demostrado es que el totalitarismo de un mercado sin controles degenera irremediablemente en un emporio de mafiosos, deja como lastre mayores desigualdades y opresiones desconocidas, acrecienta la brecha que separa a ciudadanos y naciones pobres y opulentas,  y --lo que es más importante porque afecta a la faceta humana--  deteriora la idea de lo que debe ser los servicios públicos  agravando el desasosiego de los ciudadanos. También nos han demostrado estas dos décadas que la competencia desbocada no puede ser entronizada como herramienta insustituible del progreso en cualquier ámbito, pues sobre tener efectos indeseados como el deterioro biológico del  planeta, las vacas locas u otros  desafueros, la competencia como norma ha incrementado el número de marginados y con ello el riesgo de inseguridad.
Hace poco anunciaba A. Touraine que se está abriendo paso en la sociedad un nuevo período que supone un cambio profundo y duradero que, superando la doctrina neoliberal,  esta poniendo fin al dogma de la separación entre la economía y la sociedad. Hoy se advierte, incluso dentro de la Unión Europea como lo demuestran los últimos movimientos interempresariales intracomunitarios, una revitalización de las políticas económicas nacionales. Fenómenos recientes y tan dispares como el rechazo a la Constitución europea por holandeses y franceses, rechazo en gran parte debido a su neoliberalismo como leitmotiv, y la reciente catástrofe de Nueva Orleáns, entre otros, nos avisan de que los ciudadanos demandan la posposición de los objetivos económicos a otros objetivos superiores de orden social y humano, y una mayor intervención del Estado en la vida ciudadana.
Todo indica que estamos ante una nueva era. Sin embargo aún quedan reflejos rezagados de aquella  doctrina en algunos reductos políticos y académicos, en la Escuela de Viena por ejemplo, con los influjos que, a través del Taller de Florencia, ejerce en la Unión Europea sobre la Comisión Monti, que a estas alturas parece seguir ciegamente una doctrina superada, y pretende desnaturalizar en aras de una competitividad desaforada y fuera de lugar, instituciones acreditadas de nuestra cultura. Sorprende que aún no haya percibido que el desmantelamiento o desvirtuación de las instituciones del Estado constitucional democrático por insertar competencia donde las instituciones la repelen, dejaría necesariamente tras sí lagunas funcionales imposibles de suplir de otro modo, porque no es fácil improvisar instituciones sustitutorias válidas en sociedades tan acrisoladas como la europea, tanto por lo que respecta a la configuración de la institución en sí como a las demandas sociales que con ella se satisfacen
Hoy los economistas han aprendido que algunas de las variables más importantes que afectan al desarrollo no tienen relación con la economía sino con la política, y para aprenderlo han tenido que desempolvar libros de política administrativa de hace décadas. Milton Friedman, campeón del liberalismo, confesó en 2002 su error de aconsejar la privatización de instituciones como norma, ya que seguramente, dijo,  el Estado de derecho es más importante que la privatización.  Esta es la gran realidad. Seguramente la seguridad en las relaciones sociales generadas por una estricta aplicación de la ley  es más importante que los inciertos beneficios que pueda aportar una competitividad desaforada que ponga en peligro la estricta aplicación del control de legalidad.
Y  ése es el riesgo de la liberalizacion de los servicios y la razón de la deseable intervención del Estado en la fijación del arancel. La fe publica es un bien también público al que deben tener acceso todos los ciudadanos, pero no es responsabilidad de éstos sino del propio Estado mantener el servicio en condiciones de servir al objetivo para el que se establece, la seguridad jurídica y la paz contractual.  Seguramente los inciertos beneficios que podrían derivarse de la liberalización, probablemente sólo rebajas para los poderosos y encarecimientos para los débiles,  son menos importantes que el mantenimiento de una buena justicia preventiva para todos los ciudadanos.