JULIÁN SAUQUILLO
Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Los graves sucesos del 7 de junio en Londres han desencadenado un profundo debate y la expresión de múltiples emociones sobre la inmigración en los países desarrollados. Pero no se ha dado ni un esclarecimiento ni una catarsis. El hecho de que sus presuntos ejecutores sean nacionales ingleses de cultura pakistaní va a situar casi todo el conflicto en el marco del radicalismo religioso, en vez de en los límites de la convivencia multicultural razonable. Este giro afectará negativamente a la aceptación de la inmigración. Indudablemente, en estos meses, el debate se ha escorado hacia los límites prudentes de la aceptación de emigrantes, las razones de seguridad y orden público, y las garantías constitucionales y de derecho  internacional a favor de las minorías, extranjeras y religiosas. No va a ser irrelevante, tampoco, que nuestro 11-M fuera ejecutado por inmigrantes musulmanes.
Más recientemente, el 7-J, una matanza indiscriminada en los medios de trasporte públicos, 11 impactos de balas policiales en la cabeza de un ciudadano brasileño inocente en medio minuto, y, días después, el inicio de las expulsiones de agitadores religiosos de Inglaterra a países musulmanes abren el debate sobre los excesos y los imponderables de la seguridad policial, y los límites de la libertad de expresión.
El desgraciado suceso también estimula la discusión sobre la acogida de los inmigrantes. Unos invocarán el dictum de Goethe, "prefiero la injusticia al desorden", otros preferirán su corrección por Rafael Sánchez Ferlosio, nuestro último Premio Cervantes: la preferencia por los derechos, aunque tal encomio garantista pueda suponer inseguridad. Altas instancias judiciales españolas han dado la señal de alarma, este verano, ante una guerra internacional que requeriría de soluciones especiales en la lucha contra el terrorismo. Mientras, nuestros más altos representantes se debaten entre la alianza y el choque de civilizaciones.

"Se bloquea el diálogo multicultural cuando los conflictos étnicos de tipo nacional o migratorio se convierten en religiosos"

Hasta ahora, los modelos históricos predominantes de encaje político y civil de la inmigración formaban un triángulo: Inglaterra aceptaba que las culturas minoritarias de llegada recreasen sus costumbres identitarias en el suelo de acogida; Estados Unidos suponía un compromiso de trasmitir a sus sucesores un país lo más homogéneo posible, racial y culturalmente, con el predominio obligatorio de la lengua inglesa; y Francia defendía el sometimiento de nacionales y extranjeros a un mismo patrón cultural, republicano e igualitario. Ya se ha anunciado el recrudecimiento de estas reglas generales de juego.
Asimismo, en el plano de las perspectivas  morales, las posiciones eran diáfanas: el cosmopolitismo sostenía que todos somos ciudadanos del mundo (M. C. Nussbaum); el liberalismo proponía un marco de justicia para la convivencia entre culturas diversas y planteaba los límites que, rebasados, justifican el uso de la fuerza estatal (J. Rawls); el pragmatismo postulaba que la justicia con los emigrantes solo puede venir de un muy prudente ensanchamiento de la solidaridad restringida entre los ciudadanos del primer mundo (R. Rorty); el comunitarismo demandaba el reconocimiento de las minorías y sus derechos culturales (Ch. Taylor); el relativismo razonaba el mismo valor de las culturas minoritarias que de las mayoritarias (E. Gellner); y el republicanismo demandaba que, primero y ante todo, se adapten las minorías a las culturas mayoritarias (G. Sartori). Todo este panorama diverso se desvanece ahora.
El fuerte impacto de las teorías de Giovanni Sartori frente al mundo musulmán -afirmar radicalmente el "nosotros" frente a "ellos" (amigos/enemigos), ya que nos confirman su integrismo religioso- parece corresponderse más con la realidad cruenta de los atentados que con observar a todo ciudadano como parte de un seno común, un universo compartido. Pero su razonamiento divisorio, trasladado a la inmigración, es polémico. No sólo porque el mundo musulmán no es unitario sino porque la inmigración tampoco lo es. Advirtamos que se bloquea el diálogo multicultural cuando los conflictos étnicos de tipo nacional o migratorio se convierten en religiosos.
A mediados de los ochenta se pusieron las bases de un entendimiento liberal de las culturas convivientes en el primer mundo. El punto de partida era  aceptar que cada cultura regulase los aspectos de moral individual y se procurara un consenso constitucional, tanto más perfeccionable sobre la justicia social, que habríamos de compartir todos. La vestimenta o el tipo de comida, por ejemplo, no son elementos moralmente comparables a la obligación de escolarización en condiciones de igualdad para jóvenes de uno u otro sexo y religiones diversas. Sin embargo, los más conspicuos teóricos han empezado a dudar ya de las posibilidades de este consenso constitucional para restringir sus aspiraciones a lograr un "modus vivendi", unas condiciones de mera aceptación de los modos de vida diversos sin ningún acuerdo.
Sin embargo, a pesar de estas dificultades y todo este retroceso en el debate, hoy más que nunca, es necesario resaltar una valoración y un dato. Mientras no se satisfaga razonablemente la justicia distributiva a escala mundial, a los países del primer mundo les quedan dos posibilidades con el tercer mundo: o seguir inyectando ayudas económicas a los países en vía de desarrollo, con la consiguiente pérdida de competitividad "sine die"; o compartir territorio de acogida y perder homogeneidad cultural, con el beneficio de la riqueza laboral e inversora de los ahorradores inmigrantes en nuestros países.
No se trata de un dilema. Ambas vías van a proseguirse de hecho y satisfacen una deuda histórica a escala global. Pero quiero resaltar, ahora, que la segunda opción está provocando un efecto muy beneficioso dentro de la justicia internacional. Las trasferencias corrientes, en forma de remesas de trabajadores¹, realizadas por nuestros inmigrantes y registradas en la balanza de pagos, ascienden a 3.436 millones de euros en 2004 . Este cifra se  multiplica por 2,5 si tenemos en cuenta las evaluaciones realizadas por el propio Banco de España, que estima  estos envíos a los países de origen de dicha inmigración en 8.710 millones de euros (la diferencia se debe a que, por debajo de una determinada cuantía, estas trasferencias no son de obligada declaración).
Adicionalmente, señala que mientras las motivaciones de los inmigrantes latinoamericanos, asiáticos y africanos para realizar estos envíos son fundamentalmente altruistas, las de los inmigrantes de la Unión Europea y de Estados Unidos son inversoras . La solidaridad de buena parte de nuestros inmigrantes con sus conciudadanos está logrando contribuir a paliar la debilidad de sus economías nacionales. Los inmigrantes logran, cívicamente, lo que, a veces, no procuran decididamente los Estados. Consideremos este efecto redistributivo a pesar del calentamiento próximo del debate sobre terrorismo, inmigración, garantías constitucionales, multiculturalismo y seguridad. O, una vez más, el recién nacido se irá con el agua sucia al abrir el desagüe. 

¹ Se definen como aquellas transferencias corrientes realizadas por los emigrantes que trabajan en otra economía de la que se consideran residentes