La generalidad con la que está redactado el proyecto de reforma de Estatuto de Cataluña en materia de notarías y registros no puede dejar de producir una profunda preocupación. La razón no es otra que el evidente riesgo de fragmentación del notariado español, con el perjuicio que ello puede implicar para el tráfico jurídico nacional. La general circulación del documento dentro del Estado se apoya en el presupuesto fundamental de la identidad en la cualidad de su autor, lo que presupone un estatuto único. Menoscabado este, la libre circulación no se sostiene. Por ello, la transferencia de competencias a las CCAA debería tener en la preservación de ese fundamento su límite incuestionable.
Lo anterior no implica que no haya nada que no sea conveniente transferir, pero siempre en un marco de relación coordinada y armónica y no de competencia autonómica exclusiva, por mucho que pretenda ampararse bajo un concepto de lo "ejecutivo" que, tal como se encuentra configurado por el propio Estatuto, al comprender la potestad reglamentaria, implica un enorme riesgo de fragmentación normativa a la hora de configurar y disciplinar al notariado.
Es necesario hallar un punto de equilibrio, basado en el interés general de los ciudadanos, entre un Administración más próxima, como la que representan las CCAA, y una ordenación estatal que impida el nacimiento de distintos notariados dentro del territorio.

"El proyecto de reforma de Estatuto de Cataluña suscita enorme preocupación. Lo que está en juego no es un estamento, sino el interés de los ciudadanos y las empresas españolas"

La unidad de acceso, de escalafón y de fuentes normativas constituyen un presupuesto básico de la libre circulación de un documento público homogéneo dentro del Estado. Ponerla en peligro es poner en peligro el principio mismo de unidad de mercado. Del mismo modo, parece conveniente reflexionar sobre otras iniciativas, como la de registros particularizados de últimas voluntades, que no hacen otra cosa que duplicar trámites e incrementar costes sin ninguna utilidad para el ciudadano.
Es evidente que al legislador le corresponde decidir sobre la mejor solución, pero en su búsqueda resulta imprescindible que consulte con aquellos operadores sociales que conocen a fondo los riesgos y las ventajas de las distintas posibilidades, entre los que destacan los propios notarios. Pero siempre siendo muy consciente de que lo que está en juego no es únicamente el estatuto profesional de unos determinados señores y su organización corporativa, sino el interés de los ciudadanos y de las empresas españolas que, debido a una reforma mal calculada, pueden encontrase un día con aduanas jurídicas dentro del Estado, con los perjuicios de toda índole que ello implicaría.