RUIDO Y FURIA SOBRE LA JUDICATURA

Como suele ocurrir con demasiada frecuencia en nuestro país, las querellas por prevaricación presentadas contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón han provocado el peor tipo de debate posible. Si nos atenemos exclusivamente al ruido mediático, lo único que parece estar en juego es si la derecha más reaccionaria, nada menos que en connivencia culpable con un Tribunal Supremo controlado por fuerzas conservadoras, va a ser capaz de eliminar a un juez independiente y honesto, o si, por el contrario, un juez prevaricador va a lograr eludir nuevamente su responsabilidad, inventando a tal fin una conspiración en toda regla y movilizando en su defensa a mucho bienintencionado ignorante. En definitiva, si el Tribunal Supremo tiene interés personal en desmontar la instrucción de la trama Gürtel con la finalidad de favorecer a sus amigos, o si el juez tiene un interés personal en dañar a sus enemigos políticos a costa de saltarse las normas cuando lo considere necesario. O si ambas cosas. Lo que en cualquiera de los casos nadie duda es que en este país los jueces no instruyen ni sentencian con arreglo a Derecho, equivocaciones al margen. La opinión está tan extendida que hasta el propio Consejo General del Notariado se ha apoyado alguna vez en ella, para nuestra vergüenza, como ocurrió con ocasión de la sentencia del TS que declaró nulos algunos artículos del Reglamento Notarial.

"El debate, tal como está planteado, no hace otra cosa que socavar y deslegitimar el Estado de Derecho"

Transitar por esa vía no hace otra cosa que socavar y deslegitimar el Estado de Derecho, piedra fundamental de nuestra convivencia democrática. Es bien conocida la responsabilidad que corresponde en su defensa a los medios de comunicación de masas, pero, lamentablemente, en este tipo de temas siguen sin estar a la altura. Al igual que lo que ha ocurrido en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, no es de recibo que, en vez de ayudar a crear un clima de confianza en las instituciones, se dediquen a competir entre sí por ver quien es capaz de arrojar sobre el caso mayor cúmulo de sospechas.
Pero es que, además de ese efecto deslegitimador, el debate, tal como está planteado, no sirve más que para dejar en sombra temas mucho más trascendentes sobre los que nadie se molesta en opinar. Uno de ellos es, sin duda, a quién corresponde el deber ineludible de preservar la memoria histórica en una sociedad democrática, cuando la vía judicial -siempre limitada a determinar responsabilidades penales y castigarlas- no resulta la más adecuada para ello por razones obvias. Otro, por supuesto, es la extensión y límites del derecho de defensa. ¿Es de recibo intervenir las comunicaciones entre un procesado y su abogado defensor en todo tipo de casos o sólo en los de terrorismo? ¿Es conveniente que en una sociedad libre el interés colectivo por facilitar que el instructor averigüe la verdad pase por encima del derecho a la confidencialidad en las relaciones entre cliente y abogado? ¿Es nuestra legislación clara al respecto? En el supuesto de que lo sea y la ley haya señalado un límite a ese interés ¿qué ocurre cuando un juez no lo respeta?

"El ruido mediático ha silenciado cuestiones mucho más trascendentes sobre las que nadie se molesta en opinar"

Esta última pregunta nos conduce, finalmente, a otro tema también muy pertinente. Puede que el juez Garzón haya estado siempre más preocupado por la Justicia que por el Derecho, lo que, tratándose de un juez que ejerce precisamente en un Estado de Derecho no siempre sea algo positivo. Pero que nuestro sistema de gobierno de los jueces no disponga de otro mecanismo efectivo de control que la pena por prevaricación, no solo resulta escaso e inoperante en la mayor parte de las ocasiones, como la realidad nos demuestra con descorazonadora persistencia, sino excesivo y desproporcionado cuando, por las razones que sean, termina por aplicarse.