La conexión tradicional entre delito, culpa, voluntad y conciencia excluyó durante siglos la posibilidad de imputar a las personas jurídicas. Los escándalos y perjuicios que a través de actos de sus responsables han ocasionado algunas sociedades han potenciado los argumentos de las doctrinas organicistas para fundamentar una imputación directa de la persona jurídica. El Proyecto de Reforma de nuestro Código Penal parece sumarse a esta tendencia.
Dos colaboradores de EL NOTARIO DEL SIGLO XXI, Daniel Prades y Francisco Javier Sáenz de Pipaon y Mengs, analizan el problema, el primero desde el ángulo mercantil y desde el ángulo penal el segundo.