MIGUEL VICENTE-ALMAZÁN
Notario de de Valencia

ARANCEL NOTARIAL

“Ser rey de sus humores es el privilegio de los grandes animales” (Albert Camus en La chute)

A modo de nuevo zarpazo, el Gobierno de turno acaba de decretar otra rebaja de los aranceles de notarios y registradores aplicable a los documentos de cuantía, de un 5% de la escala regresiva que los regula. La medida no resiste un análisis serio, pues es un episodio más del sinsentido y la utilización demagógica en que se ha instalado la Administración en el tratamiento de los aranceles notariales y registrales.
Se incluye en el RDL 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público entre las que se encuentra, en el capítulo primero, la reducción de la masa salarial del sector público. Sin ninguna relación con esta finalidad, puesto que los haberes de notarios y registradores no son abonados por el Estado, sino por los usuarios del servicio, la Exposición de Motivos fundamenta la rebaja arancelaria en el carácter de funcionarios públicos de notarios y registradores. ¿Cabe esperar, cuando se suprima esta medida y vuelvan a regir las disposiciones para mantener el poder adquisitivo del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que también se suprimirá esta rebaja y se dictarán las normas que adecuen los aranceles de notarios y registradores con igual finalidad? Recordemos que los vigentes aranceles son de 1989 y desde entonces no han sido actualizados y sí solo reducidos en múltiples ocasiones.
Por otra parte no se ha tenido en cuenta que los notarios han sufrido una reducción de sus ingresos brutos derivada de la caída de la contratación que, según datos estadísticos oficiales que el Consejo General del Notariado comunica a la Dirección General, alcanza el 46% de media en toda España, comparando datos del primer trimestre de 2007 con el mismo período de 2010. Por contra, los gastos corrientes de las oficinas notariales, especialmente los de personal, se mantienen, lo que está haciendo llegar a peligrar la viabilidad de muchas notarías. La respuesta de los notarios como tales profesionales, a pesar de las dificultades, ha sido la de intentar mantener las plantillas, lo que debería ser valorado positivamente en términos de colaboración activa al mantenimiento del empleo y cooperación a la marcha general de la economía.

"Recordemos que los vigentes aranceles son de 1989 y desde entonces no han sido actualizados y sí solo reducidos en múltiples ocasiones"

En la práctica no debería haber ninguna confusión con motivo de la doble condición del notario como profesional del derecho y funcionario público en el aspecto retributivo, pues ambos conceptos pueden deslindarse nítidamente. En cuanto funcionario, el Estado fija las percepciones económicas a que tiene derecho el notario, no porque sea quien deba pagarlas, sino para asegurar el sostenimiento del servicio público, la retribución profesional del notario y, sobre todo, el acceso asequible e igualitario de todos los ciudadanos al servicio público notarial. Como profesional, al notario que es nombrado para su primera o ulterior Notaría no se le otorga más derecho que el de ejercer su cargo-profesión en el lugar en que tiene fijada su residencia. Todo lo relativo a la organización de su estudio es de su exclusiva responsabilidad y riesgo: contratación de local, personal, medios materiales e informáticos, organización empresarial de los medios personales y materiales, y sobre todo la consecución de una clientela en régimen de dura competencia. Los ingresos provenientes del ejercicio de su función –profesión los obtiene de los usuarios y están regulados por el arancel.
Desafortunadamente, la política arancelaria de la Administración se ha caracterizado en las últimas décadas por mantener, en lo sustantivo, una inadecuación al coste real de producción de los documentos, especialmente de los sin cuantía, por una arbitrariedad e improvisación en los sucesivos recortes arancelarios, aparte de la configuración como aranceles cruzados, en que unos documentos considerados sociales son sufragados por otros, lo que de hecho es mal aceptado por los operadores económicos más informados; y, en lo formal, por haber obviado sistemáticamente al notariado, a quien se imponen las normas que le afectan sin siquiera pedir opinión, y por haber estado inspirados estos recortes en razones puramente demagógicas, pues se ha utilizado simplemente para conseguir un efecto mediático basándose y fomentando a su vez el estereotipo del notario como un funcionario privilegiado. Y esto es predicable de los gobiernos de cualquier signo. Lo grave del asunto consiste en la indefinición de los gobiernos sobre el modelo de notariado que quieren, lo que está directamente ligado a la política retributiva.
Frente a ello es preocupante la actitud de nuestros órganos directivos. El discurso oficial se ha instalado en el “leitmotiv” de nuestra condición de funcionarios, lo que parece llevar aparejada una actitud sumisa y servil al poder y como consecuencia que haya que callar y aguantar todo. Aunque se diga que se mantienen contactos con la Administración y se transmite la postura del notariado, lo cierto es que no hay verdadera capacidad de interlocución puesto que no hay resultados. No basta con una nota interna y unos artículos en prensa didácticos y mansos. Es preciso un cambio de mentalidad, que apueste con convicción por la decidida defensa de los intereses profesionales de los notarios basándose en las ventajas del sistema del arancel, vigente en toda Europa, y es el que mejor se adecua a nuestra doble condición de profesionales y titulares de una función pública, y recordar constantemente el bajo coste y la eficiencia del servicio notarial. Pero para ello es preciso estar convencido de que se debe y se puede y no refugiarse en la condición de funcionarios como único paraguas que nos pondrá a salvo de los peligros que nos acechan. La deriva funcionarista es una de las mejores vías para la muerte lenta del notariado. El desiderátum sería un cambio de mentalidad de la Administración, para que considere normal para el notariado lo que lo es para cualquier servicio de interés general de modo que con conciencia de las ventajas del sistema de arancel y con participación del notariado, se proceda con naturalidad a la periódica revisión y actualización del mismo. Pero ello requiere por parte de nuestros órganos rectores emplearse a fondo y hacer todos los esfuerzos por desterrar la manida y desfasada idea de que el arancel es un tema tabú.

"El Estado fija las percepciones económicas a que tiene derecho el notario, no porque sea quien deba pagarlas, sino para asegurar el sostenimiento del servicio público, la retribución profesional del notario y el acceso asequible e igualitario de todos los ciudadanos al servicio público notarial"

En cuanto a los notarios de a pié, es preciso que salgamos de nuestra atonía en la vida corporativa y colegial, tomemos conciencia de que hay que participar y espolear a nuestros representantes para que sean conscientes de que nuestros problemas no radican en el ejercicio de la función, que desempeñamos ejemplarmente, ni se resuelven propiciando su hipertrofia, pues de documentadores al servicio de la sociedad y artífices de la seguridad jurídica preventiva estamos convirtiéndonos en fiscalizadores de los ciudadanos, investigadores de sus negocios, e informadores de la Administración a la par que el valor añadido que como juristas damos al documento se va reduciendo –sólo interesa la fé publica y porque es obligatoria nuestra intervención- en definitiva nuestra actividad profesional se va achicando, constreñida y empequeñecida por la abrumadora carga administrativa y funcionarial. Es fundamental la unidad del notariado para que sus aspiraciones se vean cumplidas. Me causa sana envidia la noticia de que el notariado francés haya celebrado unos “estados generales” con asistencia de 7300 de los 9000 notarios, para dar cumplida respuesta a las pretensiones del informe Darrois. Sin embargo la división del notariado español continúa en la actualidad, y no parece que los responsables del Consejo vayan a solucionarlo. Salgamos de nuestro ensimismamiento y exijámoslo.
Para finalizar insistiré en que la materia arancelaria es tan importante que de ella depende la subsistencia del modelo actual de notariado que es el que queremos. Recordemos la última batalla de calado librada en el ámbito de la UE fue con motivo de la tramitación de la Directiva Servicios, y se apoyó en gran parte en el conocido como informe ZERP, dirigido por el profesor Schmidt, de la Universidad de Bremen. Sintéticamente, el informe fue impulsado por el lobby anglosajón y encargado por la Comisión Europea para demostrar que sería beneficioso para la economía –mayor nivel de servicio y a menor coste- introducir más competencia en el notariado a base de permitir la libertad de establecimiento (suprimir los númerus clausus y los puntos de residencia obligatorios), liberalizar los aranceles, eliminar la exclusividad de acceso a los registros, en definitiva, desvirtuar el notariado. La idea de base es que no se requiere un servicio de tanta calidad como la que proporciona el notariado, sino que se precisa una “calidad suficiente”.

"Me causa sana envidia la noticia de que el notariado francés haya celebrado unos 'estados generales' con asistencia de 7300 de los 9000 notarios, para dar cumplida respuesta a las pretensiones del informe Darrois"

La respuesta del Consejo de Notariados de la Unión Europea fue encargar otro estudio al profesor Peter Murray, de la Universidad de Harvard. Murray, americano y por tanto poco familiarizado con la tradición notarial continental, se acercó a esta realidad con la inocencia y la mirada limpia de un niño. Con minuciosidad de investigador analizó el procedimiento de la transmisión de inmuebles en cinco países europeos y en dos estados americanos. Su conclusión fue clara: si hubiese que hacer tabla rasa de los sistemas existentes y crear ex novo un sistema ideal, recurriría a un oficial independiente de las partes que les proporcionara asesoramiento y autorizase el documento redactado por él. Es decir, si no existiese el notariado, habría que inventarlo.
Pero lo que más me impresionó del profesor Murray fue que, con la falta de prejuicios de un americano, nos decía que no comprendía porqué estábamos preocupados los notarios europeos, cuando teníamos un sistema tan bueno, tan eficaz y de tan bajo coste.
Lo que hubo que explicar al profesor Murray es que nos enfrentábamos en Europa a poderosos intereses económicos deseosos de entrar, y multiplicar en su beneficio, en el mercado jurídico de las transacciones inmobiliarias, y en España además al continuo riesgo de decisiones impremeditadas e irracionales de quien parece actuar como si fuese el rey de sus humores.