EDIFICACION Y MEDIO AMBIENTE

Aprobada Directiva sobre la eficiencia energética en futuras edificaciones

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.DOCE  Nº L 153 de 18 de junio de 2.010. Ir a la Disposición.  

El 40 % del consumo total de energía en la Unión corresponde a los edificios. Por ello, la reducción del consumo de energía y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el sector de la edificación constituyen una parte importante de las medidas necesarias para reducir la dependencia energética de la Unión y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros establecer requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos. Esos requisitos deben establecerse de forma que alcancen un equilibrio óptimo entre las inversiones realizadas y los costes energéticos ahorrados a lo largo del ciclo de vida del edificio, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de establecer unos requisitos mínimos que sean más eficientes energéticamente que los niveles óptimos de eficiencia energética
Se necesitan medidas que aumenten el número de edificios que no solo cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética actualmente vigentes, sino que también sean más eficientes energéticamente al reducir tanto el consumo energético como las emisiones de dióxido de carbono. A tal efecto los Estados miembros deben elaborar planes nacionales para aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo, y deben comunicar dichos planes a la Comisión periódicamente.
Al posible comprador o arrendatario de un edificio o de alguna unidad de un edificio se le debe dar, en el certificado de eficiencia energética, información correcta acerca de su eficiencia energética, así como consejos prácticos sobre cómo mejorarla. También debe animarse a propietarios y arrendatarios de edificios comerciales a intercambiar información en relación con el consumo de energía, con el fin de garantizar la disponibilidad de todos los datos para estar bien informados a la hora de tomar decisiones sobre las mejoras necesarias. El certificado de eficiencia energética debe también informar del impacto real de la calefacción y la refrigeración en las necesidades de energía del edificio, de su consumo de energía primaria y de sus emisiones de dióxido de carbono.
La Directiva define el «certificado de eficiencia energética»: documento reconocido por un Estado miembro, o por una persona jurídica designada por este, en el que se indica la eficiencia energética de un edificio o unidad de este, calculada con arreglo a una metodología adoptada de conformidad con el artículo 3;.
Por otra parte conviene destacar la importancia de los siguientes artículos:
Artículo 11
Certificados de eficiencia energética
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para establecer un sistema de certificación de la eficiencia energética de los edificios. El certificado de eficiencia energética deberá incluir la eficiencia energética de un edificio y valores de referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de este puedan comparar y evaluar su eficiencia energética.ES L 153/22 Diario Oficial de la Unión Europea 18.6.2010
Artículo 12
Expedición de certificados de eficiencia energética
1. Los Estados miembros velarán por que se expida un certificado de eficiencia energética para:
a) los edificios o unidades de estos que se construyan, vendan o alquilen a un nuevo arrendatario (?)
2. Los Estados miembros exigirán que cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de estos, el certificado de eficiencia energética o una copia de este se muestre al comprador o nuevo arrendatario potenciales y se entregue al comprador o nuevo arrendatario.
3. Cuando un edificio se venda o alquile antes de su construcción, los Estados miembros podrán exigir, como excepción a los anteriores apartados 1 y 2, que el vendedor facilite una evaluación de su eficiencia energética futura; en tal caso, se expedirá el certificado de eficiencia energética a más tardar una vez construido el edificio.

ESPAÑA

El Consejo analiza el Programa de estabilidad actualizado de España

Dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad actualizado de España (2009-2013) DOCE  Nº C 146 de 4 de junio de 2.010. Ir a la Disposición.

El 26 de abril de 2010 el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de España, que abarca el periodo 2009-2013. Tras más de una década de fuerte crecimiento del PIB, la economía española entró en una grave recesión en 2009. La recesión estuvo provocada por una fuerte caída de la demanda interna que reflejaba la reducción de los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante la fase de expansión económica y se agravó por la crisis financiera mundial.
En particular, cabe señalar que el auge del crédito ha llegado a su término; el sector de la vivienda, sobredimensionado, se está contrayendo, con precios más bajos y un menor nivel de actividad; el déficit exterior ha disminuido a partir de unos altos niveles; y las presiones inflacionistas han remitido. La recesión ha provocado unas importantes pérdidas de empleo y tasas de desempleo.
La crisis actual está pasando también una cara factura a las finanzas públicas españolas. Además de una disminución del nivel de actividad, la evolución de la hacienda pública refleja una política flexible, con aplicación de importantes medidas de estímulo.
Los principales retos planteados son la continuación del proceso de ajuste, particularmente la reducción del déficit exterior y el reequilibrio de las fuentes de crecimiento del PIB.  Ello requerirá reformas encaminadas a fomentar la productividad y el crecimiento del PIB potencial y a crear puestos de trabajo de forma sostenida.  Al mismo tiempo, ha de incrementarse la competitividad, particularmente mediante unas políticas de reducción de costes adecuadas (contención del aumento de salarios y de los márgenes comerciales con respecto a los socios comerciales).
Si hasta ahora el sector público ha compensado la fuerte pérdida de dinamismo del sector privado, ya no queda margen para seguir por esta vía sin poner en peligro la sostenibilidad de la hacienda pública. Así pues, un importante reto para los próximos años es la aplicación de una estrategia de saneamiento presupuestario creíble y sostenida.
Será esencial acelerar el ritmo de las reformas estructurales con el fin de respaldar el crecimiento potencial. En particular, es importante que España emprenda reformas en las áreas de mercado de trabajo, educación, competencia en los sectores de servicios y electricidad, y eficiencia de la actividad de I+D.
Según el escenario macroeconómico subyacente en el programa, el PIB real disminuirá un 0,3 % en 2010 y se recuperará a continuación, para alcanzar una tasa de crecimiento del 1,8 % en 2011 y una tasa media de crecimiento del 3 % en 2012-2013. La aceleración estaría impulsada principalmente por la demanda interna, con cierta ayuda adicional procedente del sector exterior. ..
El programa estima el déficit de las administraciones públicas en 2009 en el 11,4 % del PIB. El significativo deterioro a partir del déficit del 4,1 % observado en 2008 refleja en gran medida los efectos de la crisis sobre la hacienda pública, particularmente por medio del funcionamiento de los estabilizadores automáticos, aunque también es consecuencia de las medidas de estímulo adoptadas de conformidad con el Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE), equivalentes al 2,25 % del PIB. Según el programa, la política presupuestaria volvería a ser restrictiva en 2010 y en los últimos años del programa, de conformidad con la estrategia de salida de la crisis propugnada por el Consejo, y con vistas a corregir el déficit excesivo en 2013 a más tardar y volver a unas finanzas públicas sostenibles. 
Según el programa, el objetivo para el déficit de las administraciones públicas en 2010 se sitúa en el 9,8 % del PIB, cifra notablemente superior a la prevista en el presupuesto para 2010 (8,1 % del PIB). Este deterioro de 1,7 puntos porcentuales del PIB refleja un efecto de base derivado de 2009. El presupuesto para 2010 incluye una serie de medidas discrecionales tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, y supondrá el inicio del saneamiento de la hacienda pública española.
En cuanto a los ingresos, el presupuesto incluye, en particular, subidas de los tipos de IVA a partir de julio de 2010, una mayor progresividad del sistema de imposición del ahorro y una reducción temporal de los impuestos sobre las PYME, en favor del empleo. También refleja el efecto adicional de las subidas de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco introducidas a mediados de 2009.
Por el lado de los gastos, el presupuesto incorpora la prórroga parcial del conjunto de medidas de inversión dirigido a las administraciones locales, equivalente a medio punto porcentual del PIB. Se prevé que los gastos de inversión correspondientes sean compensados por el ahorro en los gastos corrientes del orden del 0,75 % del PIB.
El principal objetivo de la estrategia presupuestaria a medio plazo es situar el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB en 2013 a más tardar. La actualización prevé unos déficit del 7,5 %, el 5,3 % y el 3 % del PIB en 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Se espera que en los últimos años del programa el saneamiento sea fuertemente respaldado por el denominado Plan de Austeridad 2011-2013 del Gobierno central, aprobado el 29 de enero de 2010 y que ha de desarrollarse plenamente en los próximos meses, y los acuerdos marco, aún pendientes de aprobación, que contienen una serie de nuevas medidas de reducción del gasto a nivel regional y local.
Las principales medidas propuestas están encaminadas a:
a) Congelar prácticamente la contratación en el sector público,
b) reducir permanentemente el consumo intermedio, las transferencias y otros gastos en un punto porcentual del PIB,
c) reducir la formación bruta de capital fijo en un 0,9 % del PIB,
d) disminuir los subsidios en un 0,5 % del PIB.
Aunque las previsiones macroeconómicas incluidas en la actualización sólo son ligeramente favorables para 2010, son claramente favorables para los años siguientes. Existe incertidumbre sobre las medidas de saneamiento previstas, particularmente para los años siguientes a 2010. Dichas medidas aún se encuentran en la fase de propuesta, debiendo desarrollarse y, posteriormente, adoptarse y aplicarse. El cumplimiento de las previsiones presupuestarias de las administraciones autonómicas y locales está sometido a riesgos adicionales que se espera reducir mediante los acuerdos marco.
En 2009, la deuda pública bruta se estima en el 55,2 % del PIB, cifra significativamente superior a la registrada un año antes (39,7 %).
Los efectos del envejecimiento de la población sobre el presupuesto a largo plazo serán claramente superiores a la media de la UE, debido principalmente a que durante las próximas décadas se producirá un aumento muy elevado de la proporción que representan en el PIB los gastos en pensiones. La situación presupuestaria de 2009 estimada en el programa, que es significativamente peor que la situación de partida del programa anterior, viene a sumarse
Con arreglo al programa, el 29 de enero de 2010 el Gobierno propuso en el marco de la revisión del Pacto de Toledo una reforma del sistema de pensiones con, entre otras cosas, los siguientes elementos: i) el aumento paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años y la posibilidad de relacionar otros parámetros del actual sistema con dicha prolongación de la vida laboral; ii) reforzar la relación entre contribución y prestación (incluida la posibilidad de establecer cuentas teóricas en una parte del sistema); iii) una relación más flexible entre fondos de pensiones complementarios voluntarios y el sistema público de seguridad social; y iv) una política de asistencia a las familias suficiente y más eficaz.
La conclusión general es que la crisis actual está afectando gravemente a la hacienda pública española, con un altísimo déficit estimado para 2009 y un ratio de deuda pública en rápido aumento. La actualización del programa de estabilidad se propone alcanzar y mantener un considerable saneamiento presupuestario a partir de 2010, con vistas a reducir el déficit público al 3 % del PIB de aquí a 2013. El saneamiento presupuestario es esencial, ya que unos déficit presupuestarios y una deuda crecientes podrían dificultar el logro de un crecimiento económico sostenido a medio plazo. Por otra parte, la mejora de la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas deberá constituir una prioridad, particularmente a la luz del aumento previsto de los gastos públicos derivados del envejecimiento de la población.
A la luz de la evaluación anterior y teniendo en cuenta la recomendación de 2 de diciembre de 2009 formulada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE, se invita a España a:
a) Aplicar rigurosamente los ambiciosos planes presupuestarios contemplados en el programa con el fin de corregir el déficit excesivo de aquí a 2013, reforzándolos con medidas concretas para los años posteriores a 2010, y estar dispuesta a adoptar nuevas medidas de saneamiento en caso de que se materialicen los riesgos asociados al hecho de que el escenario macroeconómico del programa es más favorable que el escenario en que se basa la recomendación formulada en virtud del artículo 126, apartado 7; aprovechar, tal y como se contempla en la Recomendación del procedimiento de déficit excesivo, nuevas oportunidades al margen del esfuerzo presupuestario, incluidas las resultantes de unas mejores condiciones económicas, para acelerar la reducción del ratio de deuda bruta hacia el valor de referencia del 60 % del PIB.
b) Ante el incremento previsto de los gastos derivados del envejecimiento de la población y el rápido aumento del ratio de deuda pública, mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, en particular, aplicando reformas en el régimen de pensiones de jubilación según propuso el Gobierno.
c) Garantizar que el marco presupuestario respalde de forma efectiva el logro de los planes presupuestarios a medio plazo presentados, a todos los niveles de las administraciones públicas, y realizar un estrecho seguimiento del cumplimiento de los objetivos presupuestarios a lo largo del ejercicio presupuestario.
d) Garantizar que las medidas de saneamiento presupuestario también estén orientadas a proseguir la mejora de la calidad de las finanzas públicas vista la necesidad de proceder a un nuevo ajuste para hacer frente a sus desequilibrios macroeconómicos actuales.