Mil quinientos jueces y magistrados de toda España, lo que representa más del treinta por ciento de la carrera, han suscrito un manifiesto bajo el título Plataforma por la despolitización y la independencia judicial, en el que se denuncia “el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en el que se encuentra sumido el Poder Judicial”. Tras constatar “el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político dominante y que aún no se ha detenido ni alcanzado sus últimos objetivos”, afirma “que lo que está en juego es la Democracia misma y el sistema de división de poderes diseñado en nuestra Constitución”.
Cabe presumir que en cualquier otro país una declaración de este tipo, firmada por tal número de jueces y en la que se dice literalmente que la Democracia está en juego, habría causado al menos cierta conmoción. En España ha pasado casi desapercibida, lo que pudiera explicarse, o bien porque ha sido valorada como una evidente exageración, o, por el contrario, porque no afirma nada a que a estas alturas no sepa ya todo el mundo, lo que sinceramente parece más probable.
En nuestro país no ha existido nunca verdadera conciencia de la enorme importancia de un sistema judicial independiente. No la tienen los partidos políticos, por supuesto, como llevamos comprobando desde hace demasiados años, pero, al fin y al cabo, en su caso resulta casi comprensible. El Poder Ejecutivo –y en España hay infinidad de ellos- busca por definición su expansión a costa de cualquier otro que pretenda hacerle sombra o ponerle límites, que es algo a lo que de manera natural aspira el Judicial. Pero esa falta de conciencia resulta más sorprendente cuando se constata fuera de ese ámbito, en la sociedad civil, que sería la principal interesada en defender una prerrogativa –la independencia judicial- en la que tanto le va en juego.

"En nuestro país no ha existido nunca verdadera conciencia de la enorme importancia de un sistema judicial independiente"

Puestos de nuevo a buscar explicaciones, se suscitan inmediatamente dos, más ligadas entre sí de lo que parece. Por una parte, el lento y defectuoso funcionamiento de nuestros Tribunales (incluido el más alto, el Constitucional, que ha necesitado una olimpiada para dictar una sentencia en una cuestión de interés prioritario) genera sentimientos de desafección y sospecha que ayudan poco. Pero, por encima de todo, resulta muy difícil que la sociedad civil pueda concienciarse debidamente cuando en España apenas hay sociedad civil. Y si no la hay es porque uno de los efectos típicos de los regímenes partitocráticos como el que vivimos es expandirse de manera clientelar hasta ocupar y desactivar el más mínimo reducto de protagonismo civil. Desde la prensa (tan pronta siempre a firmar editoriales conjuntos a la mínima oportunidad) hasta las universidades, pasando por los sindicatos y por nuestras grandes y lustrosas empresas, todos sufren una parecida presión para ingresar en las muy variadas redes clientelares. Por supuesto, siempre están los que se dejan presionar encantados, porque las contraprestaciones a veces suelen ser muy interesantes. Pero también los hay que se dejan casi gratis, por debilidad o por un defectuoso sentido de la lealtad. El resultado, en cualquier caso, resulta extraordinariamente preocupante. El Estado de Derecho se encuentra en peligro –lo dicen mil quinientos jueces- y a poca gente parece importarle.
Pero si las dos cuestiones –la ineficacia de nuestro sistema judicial y la ausencia de sociedad civil por razón de la expansión del régimen partitocrático- están muy ligadas entre sí, es como consecuencia de una ley social que afirma que a mayor politización mayor ineficacia, o dicho de otra manera, a más politización menos política, en el noble sentido de la palabra. Ya no se trata sólo del Consejo General del Poder Judicial, de la política de nombramientos en los Tribunales superiores, de las cuotas en el Tribunal Constitucional, de sus recusaciones y contra recusaciones, con toda la importancia que tiene para el funcionamiento del Estado de Derecho. Se trata fundamentalmente del servicio público Justicia, de cómo se atiende a los ciudadanos a la hora de resolver esos problemas cotidianos, para ellos extraordinariamente graves, que les obligan a acudir a los Tribunales. Solventar adecuadamente esta necesidad sería desde luego una noble tarea política. Sin embargo, en este ámbito la politización ha implicado un reparto del poder político entre todos los protagonistas interesados (CGPJ, Ministerio de Justicia y CCAA) que conlleva a la postre que los sistemas informáticos no se comuniquen entre sí, que los medios escaseen o se inutilicen, que sea imposible una unidad de dirección en la oficina judicial, tanto desde el punto de vista laboral como operativo, y que, en consecuencia, las responsabilidades internas se compartimenten y diluyan hasta tal punto que del caso Mari Luz no tenga la culpa nadie.
Hoy asistimos a un preocupante fenómeno de huida de la responsabilidad a todos los niveles. Si de algo peca el manifiesto, por lo demás muy acertado, es quizá de no percibirlo suficientemente. El exceso de fuentes materiales y formales y la complejidad de los procedimientos tienen la maravillosa virtud de ofrecer todo tipo de subterfugios idóneos para escamotear la propia responsabilidad, creándose así un régimen de incentivos perverso. Es imprescindible una reforma de verdadero alcance político y, por tanto, lejos de las habituales politizaciones, que sea capaz de definir de manera racional las correspondientes responsabilidades de los distintos operadores del servicio público. Pero además, como complemento ineludible, que permita exigirlas a través de un régimen disciplinario efectivo frente al que no quepa alegar la excusa de pretender imponer un sistema de “responsabilidad objetiva” (como hace el manifiesto un tanto exageradamente para la situación actual) y también premiarlas a través de un sistema retributivo o de promoción interna adecuado (a lo que se opone).

"Hoy asistimos a un preocupante fenómeno de huida de la responsabilidad a todos los niveles"

Pero si hay un fenómeno de huida de la propia responsabilidad es sin duda la que afecta a nuestros políticos. Como ha puesto de manifiesto de manera paradigmática las reacciones a la sentencia del Tribunal Constitucional, la culpa del estropicio causado a nuestro marco jurídico de convivencia ciudadana no la tienen ellos, que idearon, gestaron e impulsaron de forma poco prudente tamaña reforma, sino los magistrados que la corrigieron (con bastante moderación, por cierto) según su saber y entender. Ante la general indiferencia de la llamada sociedad civil, debemos prepararnos para asistir en las próximas semanas a un nuevo episodio en esta interminable carrera de deslegitimación de nuestro sistema de división de poderes diseñado en la Constitución. Pese a que debería resultar evidente que su único objetivo no es otro que el de profundizar en la desactivación de cualquier otro poder distinto del partitocrático, puede que cuando queramos reaccionar sea ya demasiado tarde.