COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CORPORACIONES LOCALES

La búsqueda de la eficiencia y del control del gasto debería ser una prioridad en cualquier momento, pero en tiempos de crisis como los que ahora vivimos tiene una importancia crítica. El gobernador del Banco de España ha llamado públicamente la atención sobre la imperiosa necesidad de reducir el déficit hasta el 6% del PIB en 2011: “hay que hacer lo que sea para lograrlo, porque es la base de la credibilidad del país”. Quienes piensen que hemos superado la crisis de confianza internacional y que no seguimos sometidos a una vigilancia intensa por parte de nuestros financiadores, no han comprendido todavía la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Y si quienes así piensan ostentan elevados puestos de responsabilidad política en el país, cabe presumir que el futuro se presenta muy complicado.

"En España casi las dos terceras partes del gasto público se encuentra bajo control de las CCAA y de los ayuntamientos, y no parece que hayan hecho mucho para recortarlo"

En España, casi las dos terceras partes del gasto público se encuentra bajo control de las CCAA y de los ayuntamientos, y como el propio Gobernador recordaba durante su comparecencia en el Congreso, no parece que hayan hecho mucho para recortarlo. Recordemos que esta incontinencia presupuestaria no sólo afecta a los contribuyentes locales, sino que tiene un impacto general muy negativo sobre el conjunto del país. Pero lo más sangrante de todo es que resultaría perfectamente posible reducir el gasto en una cuantía sustancial sin por ello reducir la asistencia y los servicios prestados a los ciudadanos. Como se comenta en este número, en los últimos meses se han difundido una serie de informes –el más reciente elaborado por UPyD sobre el coste de los entes locales y publicado durante la primera semana de octubre- en los que se describe la descontrolada situación actual de duplicidades y gastos superfluos y se proponen una serie de medidas para hacerla frente.

"En muchas ocasiones las duplicidades y despilfarros resultan de políticas clientelares y oportunistas que poco o nada tienen que ver con el servicio a los ciudadanos"

Dos ideas destacan por encima de las demás. La primera es que no todas las CCAA ni todos los ayuntamientos son iguales. Los hay responsables y eficientes, y los hay ineficientes y gastadores. Entre estos últimos, las CCAA de Cataluña, Andalucía y Madrid, y los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla se llevan la palma, lo que constituye sin duda un interesante dato para los electores de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Pero la segunda idea es lo asombroso que resulta que a treinta y cinco años vista de la implantación de nuestro Estado autonómico, no existan informes oficiales elaborados por los responsables públicos competentes sobre esta crucial cuestión. Teniendo en cuenta que los datos existen, resulta preocupante, aunque muy significativo, que quienes pueden acceder a ellos con mayor facilidad no demuestren ningún interés en darles publicidad.
De la lectura de dichos informes se deduce que, al margen de la mejor o peor eficacia en la gestión, muchas veces las duplicidades y despilfarros resultan de políticas clientelares y oportunistas que poco o nada tienen que ver con el servicio a los ciudadanos. En otros casos la eficiencia podría lograrse con reformas institucionales que no deberían resultar demasiado difíciles de implementar, como la unificación de municipios, lo que resultaría muy conveniente en un país como el nuestro, con más de ocho mil ayuntamientos, de los cuales 6821 tienen menos de cinco mil habitantes. Por comparación, el Reino Unido cuenta con 400 entidades locales. Pero lo que por encima de todo resulta evidente es que la mayor eficacia en el gasto puede coordinarse perfectamente con las legítimas aspiraciones de autogobierno que consagra nuestra Constitución. Suelen ser consideraciones de índole partitocrática y demagógica las que mayor resistencia presentan a la racionalidad en el gasto. Probablemente, y gracias a la crisis, haya llegado por fin el momento en que los ciudadanos empiecen a valorar seriamente qué coste están soportando por mantener determinadas políticas públicas más pensadas para apuntalar la influencia de sus representantes que para resolver sus problemas y necesidades.