JOAQUÍN ESTEFANÍA
Periodista y economista. Fue director de EL PAÍS entre los años 1988 y 1993

Hay dos elementos diferenciales en España respecto a la crisis económica global. Uno, en las causas: el endeudamiento público y privado de nuestro país ha llegado a alcanzar el 370% de su Producto Interior Bruto. El segundo, en las consecuencias: la tasa de paro, que dobla la de la Unión Europea o EEUU, y asciende al 20% de la población activa, situándose en un porcentaje doble (alrededor del 40%) entre los jóvenes menores de 25 años. Si la crisis posee características diferenciales distintas, también lo han de tener las salidas que se tomen para que España pueda despegar económicamente, más temprano que tarde.

La política económica que se ha de tomar para salir de una recesión tan pronunciada y larga como la que padecemos requiere medidas de saneamiento y reforma. Las de saneamiento son coyunturales, de cortísimo plazo; las reformas estructurales requieren más tiempo, probablemente más de una legislatura para su aplicación. Por ello todo el mundo exige un pacto de Estado para ponerlas en práctica: para que gobierne quien gobierne pueda darlas continuidad de modo transversal. Tres son al menos las dificultades que ha tenido esa política de reformas en nuestro país hasta ahora: una, que se ha hecho una enumeración de las que son necesarias (laboral, financiera, energética, pensiones, administraciones públicas, fiscal, energética,…) pero sin  establecer una calendario de prioridades, de modo que muchas de ellas andan al retortero por el Parlamento sin que se llegue a una conclusión final; dos, que una vez que se ha formulado el principio general de cada reforma (acabar con la dualidad del mercado laboral, asegurar la financiación pública de las pensiones, dotar a las entidades financieras del capital imprescindible para no entrar en pérdidas, reducir la dependencia energética, mejorar la base fiscal, etcétera), la oposición se ha mostrado renuente a desarrollar las herramientas para ponerlas en marcha ante el temor de perder electores; y tres, una incapacidad casi absoluta de las fuerzas políticas para ponerse de acuerdo y establecer un mínimo común denominador que permita avanzar.

"La política económica que se ha de tomar para salir de una recesión tan pronunciada y larga como la que padecemos requiere medidas de saneamiento y reforma"

La necesidad de establecer un pacto de Estado, un compromiso histórico o como quiera denominarse, para desarrollar reformas estructurales transversales (que afectan a los tres escalones de la Administración: central, comunidades autónomas y ayuntamientos) y duraderas en el tiempo es probablemente el único aspecto en que está de acuerdo la inmensa mayoría de las plataformas existentes de la sociedad civil. Tres o cuatro ejemplos: la Fundación Transición Española convoca unas jornadas de estudio sobre los Pactos de la Moncloa, del año 1977. Tras establecer los ponentes las analogías y las diferencias entre aquella situación y la actual (unanimidad en que la de hoy es más complicada porque se tienen menos instrumentos para actuar), subrayan que ante la intensidad de los problemas ninguna ideología o fuerza política tiene por sí sóla ni la fuerza ni las fórmulas para sacar a los ciudadanos de los mismos. Más que una política económica de partido, se precisa una política económica de Estado.
El último Informe sobre la Democracia en España (IDE-2010) de la Fundación Alternativas reclama un compromiso histórico, un gran acuerdo entre fuerzas políticas diversas contra la desafección ciudadana (la democracia ha de tener legitimidad de origen y de ejercicio) y frente a la erosión de la confianza y el bienestar. En la presentación del IDE-2010 en el Círculo de Economía de Barcelona, los miembros presentes de este club central en la vida pública catalana se adhieren a la demanda del informe de ese compromiso histórico. La Fundación Everis presenta hace escasas semanas al Rey Juan Carlos la iniciativa Transforma España, firmada por 50 grandes empresarios y otros 50 expertos. En ella se afirma que el modelo productivo español está agotado y requiere de “un cambio sistémico de gran urgencia”. Para ello se demanda un consenso sólido entre el máximo de fuerzas políticas y la sociedad cicvl.

"La necesidad de establecer un pacto de Estado, un compromiso histórico o como quiera denominarse, para desarrollar reformas estructurales y duraderas en el tiempo es probablemente el único aspecto en que está de acuerdo la inmensa mayoría de las plataformas existentes de la sociedad civil"

Cualquier sondeo entre los ciudadanos manifiesta la misma ansiedad. ¿Por qué los partidos políticos no han sido capaces de aparcar su legítima ambición de poder en lo referente a la política económica en un periodo de excepción económica?; ¿por qué la sociedad civil no tiene la suficiente potencialidad para empujarlos?; ¿por qué fue España más madura en 1977 con los Pactos de la Moncloa que hoy con una Gran Recesión que nos amenaza en forma de empobrecimiento de las clases medias, incremento del desempleo, mortandad de miles de pequeñas y medianas empresas, etcétera? Es preciso recuperar las líneas maestras de aquellos Pactos de la Moncloa (no sus aspectos más coyunturales, dadas las enormes diferencias de las coyunturas y el hecho central de que hoy vivimos en el marco de referencia de la globalización): exigir de cada grupo social la asunción de sus responsabilidades frente a la crisis, lo que significa sacrificios compensados de todos. Una economía en crisis constituye un problema política fundamental. Y, como decía Santayana, un país que desconoce su historia está condenado a repetirla.
Los Pactos de la Moncloa, además de sus éxitos más coyunturales, tuvieron otro efecto que probablemente el tiempo ha hecho más significativo: crearon una moral en los ciudadanos y en los dirigentes políticas, consistente en la asunción de que el destino está, en una buena parte, en sus manos y no sólo en ese nuevo poder fáctico cada vez más citado a pesar de su indeterminación, a quien denominamos “mercados”.