CINDER

Es  un secreto a voces que el último Congreso de Derecho Registral,  escenificado con el rótulo de internacional por los registradores españoles, únicos que arriesgaron en la aventura proyectos y caudal, fue un fiasco clamoroso que no despertó más parabienes que los clientelares. Fue terminar el congreso y en la redacción de esta revista comenzaron a apilarse cartas y comunicaciones desabridas unas rezumando indignación y alguna también agresividad contra los promotores y sus paniaguados.
A pesar de sentirse espoleado por congresistas y notarios asistentes,  a pesar de haber sido incitado por representantes del Consejo General del Notariado español en el Congreso que también fueron postergados y maltratados, El NOTARIO DEL SIGLO XXI,  ponderando  la escandalosa gravedad de las acusaciones y el hecho de que la representación oficial  de los registradores españoles declinara defender sus posiciones prefiriendo que la tormenta amainara sola, había considerado como mejor opción dar por cerrado el penoso espectáculo  del  congreso registral de Lima.
Pero todo ha cambiado. La  huida hacia adelante del último editorial de la revista Registradores de España que, para tapar las vergüenzas de un congreso fracasado, eleva a los altares la imagen de un CINDER victorioso que va predicando por el mundo la buena nueva de un registro todopoderoso, ombligo del mundo y fuente de todo bien;  la descalificación consiguiente de los notarios como agentes retrógrados, trastos inútiles  que entorpecen  la imparable carrera de los registradores a la cima de la pirámide del estado y a la conquista del mundo;   la concepción de un Estado doctrinario que solo asigna y reconoce  derechos a través de su único profeta, el registrador calificante, que blandiendo cual espadas flamígeras monopolio y arancel en una mano  y su poderosa calificación en la otra, y que con la coartada de su sacrosanta independencia se atribuye licencia para incumplir leyes, desoír tribunales, desobedecer a superiores jerárquicos y saltar cuantos obstáculos se opongan a su progresión imperial; y la propalación que de estos infundios hace alguna asociación vinculada como ARBO, han  obligado a esta revista a reconsiderar su decisión.
El NOTARIO DEL SIGLO XXI no puede permanecer impasible ante  estas tesis que parecen propias de estados totalitarios y desde luego contrarias a la evolución legislativa de Occidente cuya estela va siguiendo nuestro país superando lastre y rémoras de las que no es la menor  el mantenimiento de un sistema registral, que sobre ser un vestigio residual de una forma obsoleta de explotar oficios públicos--  ahora una información que nace con vocación pública--, constituye mal que les pese  una isla insólita en el sistema jurídico de occidente.
Nada puede extrañar esa añoranza, pues en ningún sitio nadarían más a sus anchas estos depositarios exclusivistas de la revelación legal, que en las aguas de un  Estado omnipresente y totalitario que, a su través y en exclusiva,  asignara  y atribuyera  propiedad y derechos. Incapaces de navegar en las aguas democráticas de las equilibradas instituciones de un estado liberal, huyen como de la peste de la pluralidad, la competencia (que según dicen incapacita para ser honestos), la idea de servicio y cualquier otro rasgo  de esos delicados institutos que la sociedad liberal ha ido depurando durante siglos. Como, por ejemplo, el notariado, que,  incardinado desde su origen en la sociedad con su objetivo de servicio al ciudadano y pagado por un arancel temperado por la competencia, únicamente se ha sentido asfixiado  en países con dictaduras doctrinarias cuyos gobernantes han querido convertir  a sus miembros en esos agentes de Estado totalitario que los promotores de Cinder se ufanan de querer ser.
No es el notariado una institución obsoleta, no, y no lo será mientras los ciudadanos, que  son los que tiene la ultima palabra, llenen las notarias en demanda  de asesoramiento y legalidad, porque para dispensar ese servicio, y precisamente con el estimulo de una sana competencia, los notarios se esfuerzan  en mantener la utilidad social y la racionalidad de una institución que siguen demandando dos tercios de los ciudadanos del planeta.  Y tampoco hay incompatibilidad entre libre competencia e imparcialidad, ahí están  esas largas generaciones de notarios que han servido de ejemplo universal para acreditarlo, pero puestos a buscar incompatibilidad mayor es la que surge entre monopolio y arancel. El NOTARIO DEL SIGLO XXI reproduce a continuación algunos de los textos, a veces  suavizados por cada autor a instancia de esta revista, que sobre esta cuestión ha recibido en su redacción.