JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN
Magistrado del Tribunal Supremo y Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra

El número de jueces españoles que, según los últimos datos ascendía a 4.536, necesita ser incrementado hasta alcanzar una cifra que nos acerque a los parámetros europeos. Los expertos sostienen que es necesario alcanzar la cifra de 7.000 para situarnos en los niveles adecuados. No discuto el cálculo, pero pienso que el objetivo marcado no solucionará la lentitud de la respuesta judicial, si no se cambia de modelo procesal. En todo caso, resultará nefasta si se mantiene el alocado ritmo actual de convocatorias de jueces.

"El número de jueces españoles necesita ser incrementado hasta alcanzar una cifra que nos acerque a los parámetros europeos"

En los últimos tres años, se han convocado 1.200 plazas de jueces y fiscales en nuestro país. Cuando España comenzó a industrializarse, en los años sesenta, hubo que improvisar aceleradamente puestos de especialistas industriales de los que no disponíamos, por tener una sociedad mayoritariamente dedicada a la agricultura. No creo que la solución pase, en los momentos presentes, por una especie de frenética leva masiva de licenciados en Derecho, como la utilizada para reclutar legionarios. El mensaje se podría plasmar en un llamamiento semejante: "Españolas y españoles la Escuela Judicial os espera". Cualquier observador extranjero, especialista o no en la materia, no saldrá a su asombro al comprobar nuestra producción de jueces por año.
El sistema de oposición, con la estructura que tiene en la actualidad se ha mantenido desde hace mucho tiempo con ligeras variantes. En sus principios, no existía la Escuela Judicial, que se creó con el loable propósito de proporcionar una mínima formación práctica a los que a ella accedían después de unos ejercicios absurdos, aleatorios y desquiciantes. Todo ello precedido de un tiempo largo, estéril y desmoralizante de esfuerzos titánicos para retener en la memoria un número de temas que llegó a ser de quinientos, y que ahora, supera los trescientos.

"El sistema de oposición, con la estructura que tiene en la actualidad se ha mantenido desde hace mucho tiempo con ligeras variantes"

Me dirán que es el mismo sistema que está implantado para los Notarios, Registradores de la Propiedad, Abogados del Estado y Letrados del Consejo de Estado y de las Cortes, entre otros. La diferencia radica en que, dando por generalizada la barbaridad del memorismo, lo cierto es que en estas oposiciones se convocan muchas menos plazas. Superada la oposición su tarea es instrumental o consultiva en cuerpos colegiados, lo que les permitirá alcanzar la plenitud de su formación. Además, y el dato no es despreciable sino muy significativo, a estas oposiciones concurren los mejores expedientes académicos de nuestras Facultades de Derecho, que no han sido, por lo general, un modelo que nos sitúe siquiera, entre las cien primeras del mundo. Espero que el Plan Bolonia, adaptado con profesionalidad y racionalidad por las actuales estructuras universitarias, pueda mejorar la preparación práctica sin descuidar, como es lógico la teórica, ampliada, más allá de la estricta ciencia jurídica, con algunos conocimientos imprescindibles de sociología, psicología y criminología.
El sistema de acceso a una función pública, tan relevante y crucial para el Estado de Derecho, como es la de juzgar, puede ser diferente según los países, pero como denominador común es inexcusable la existencia de igualdad de oportunidades en un concurso o examen público que permita una selección objetiva y libre de influencias políticas. Estos presupuestos se cumplen en España, aunque el método, como venimos sosteniendo, sea aberrante.
Es curioso que los sectores más conservadores de la judicatura lo defiendan a ultranza, por considerarlo más igualitario. No dudan en afirmar, que solo de esta manera puede un hijo o hija de un portero acceder a la función judicial. Me gustaría hacer unas precisiones. En primer lugar, ha tenido que acceder a una Facultad de Derecho para obtener la licenciatura, con gran esfuerzo económico de su familia, sin descartar ayudas estatales. En la Facultad puede conseguir un brillante expediente académico, lo que seguramente le inclinará, a rentabilizar sus capacidades accediendo a oposiciones jurídicas bien remuneradas o a otras que no tengan incompatibilidades tan drásticas como la judicatura. En todos los casos, sus padres tienen que seguir proporcionándoles sustento y pagar a los preparadores de oposiciones durante algunos años.

"Es curioso que los sectores más conservadores de la judicatura lo defiendan a ultranza, por considerarlo más igualitario"

Si deciden optar por la función judicial, sus posibilidades son mínimas si no tienen gran capacidad de memorizar absurdamente materias irrelevantes, como los censos y otras exóticas instituciones que perduran en los programas en detrimento, por ejemplo, del Derecho Constitucional. Un vástago de un portero con inteligencia tiene infinitamente más posibilidades de ser ingeniero aeronáutico que juez. Decir que existe igualdad en un examen en el que juega un papel determinante el azar, es una flagrante contradicción. En cuanto a la equidad y la justicia, el método permite, con ciertas dosis de suerte, aprobar el examen memorizando solo la mitad del programa e, incluso, arriesgarse y dominar un tercio. El sorteo lo decide todo, como en la lotería. ¿Es este un sistema democrático, igualitario, objetivo y justo?
Después de haber perdido mucho tiempo por fin parece que se va a racionalizar el sistema de acceso a la función judicial adoptando métodos que hace tiempo se vienen utilizando en países de nuestra cultura jurídica, e incluso, han conseguido instaurarse en Latinoamérica en donde los nombramientos eran exclusivamente políticos. El Consejo General del Poder Judicial ha formado un Grupo de Estudios para modificar el sistema de acceso a la Carrera  judicial. En todo caso, estamos abocados a su inmediata modificación al desaparecer las licenciaturas en Derecho y ser sustituidas por grados, masters y doctorados. Sus contenidos serán determinantes para evaluar la capacidad de acceso a la oposición.
Es revelador e interesante el análisis socioeconómico que realiza el estudio al proporcionarnos el dato de que, en los últimos diez años, el número de licenciados en Derecho que se presenta a oposiciones ha oscilado en torno al 5%. Ha alcanzado los mínimos, en torno al 4%, en los años de crecimiento económico y, a partir de la crisis, ha ascendido hasta el 7,5 %. Como puede verse, acceder a un poder del Estado tan determinante como el que tienen los jueces y tribunales en una democracia, se ha convertido en una especie de colchón o refugio frente a la intemperie de la crisis.
En el estudio se propone que el acceso esté condicionado a la simple mayoría de edad, lo que parece debe ser corregido porque una cierta maduración jurídica es necesaria. Ser español, haber obtenido el grado de Derecho y un master (se mantiene la licenciatura para los que hayan seguido otros planes de estudio). Estoy plenamente de acuerdo con los valores que considera indispensable para ser juez constitucional: conocimientos jurídicos, competencia profesional y sensibilidad social, dentro de una selección basada en el mérito, la capacidad, objetividad y transparencia.
En mi opinión no se debe tener en cuenta si el periodo de preparación de unos cinco años es mucho o es poco, la cuestión radica en permitir el acceso a los que hayan demostrado una formación jurídica previa, que hoy día, es una absoluta incógnita y, en la realidad, bastante deficiente, según me cuentan diversos miembros de tribunales de oposiciones. El diseño que propone el estudio me parece acertado.
Según el Protocolo, se partiría de la acreditación de competencias técnicas que estarían basadas en un conocimiento sólido de los conceptos e instituciones básicas del ordenamiento jurídico, en concreto Derecho Constitucional, de la Unión Europea, Civil, Penal y Procesal. Ello implica dominio del Derecho positivo, Doctrina, Jurisprudencia y relación entre diferentes institutos y su entronque con los principios generales del ordenamiento definidos constitucionalmente.

"El Juez no es una máquina de aplicar la ley, es un ser que debe utilizar la inteligencia y el análisis, por tanto deberían comprobarse su razonamiento analítico y sintético"

También se debe tomar en consideración la capacidad de poner en práctica dichos conocimientos. Su valoración sólo puede alcanzarse sometiendo a los aspirantes a diversos casos prácticos que, además, revelarían su capacidad de expresión escrita con corrección gramatical, de manera comprensible y con rigor jurídico, garantizando la eficacia comunicativa y los principios de coherencia y cohesión de los textos. Asimismo, se requiere capacidad para manejar con destreza y eficacia equipos informáticos y, en concreto, procesadores de texto y bases de datos. Estos planteamientos generales me parecen imprescindibles para valorar la capacidad de juzgar. 
El Juez no es una máquina de aplicar la ley, es un ser que debe utilizar la inteligencia y el análisis, por tanto deberían comprobarse el razonamiento analítico y sintético, entendidos como las capacidades de:
1.- Comprender las situaciones, descomponerlas en sus elementos sustanciales, delimitando los hechos y resolviendo los problemas con un análisis de las partes y la reflexión lógica y sistemática.
2.- Comprender las situaciones globalmente y resolver los problemas a partir de la unión de las partes que los constituyen. Yo pienso que se debería buscar el equilibrio entre los derechos confrontados y demostrar capacidad de empatía, de transmitir serenidad y buscar alternativas al conflicto. En definitiva, estos valores nos permiten evaluar el factor humano que acompaña a todas las personas. 
Un Juez debe ser un buen comunicador, para ello resulta indispensable conocer su capacidad de expresión y transmisión verbal. El Juez es, además, un agente social, lo que le obliga a conocer y comprender la realidad social de su ámbito de actuación, la información sobre la actualidad y el entendimiento de las relaciones institucionales y sociales.
En relación con esta cuestión, debe tenerse en cuenta que el "Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia", de 2001, propuso que la selección del Juez deberían realizarse mediante "...pruebas que complementen los temarios con disciplinas que se estimen complemento necesario para el ejercicio de la función judicial. Las pruebas deberán permitir valorar la cultura, madurez y capacidad de argumentación del aspirante".
Mientras se produce el cambio, la solución adoptada es absolutamente disparatada. De forma irracional, se ha hecho un cálculo de jueces necesarios por número de habitantes y la estadística de litigios para convocar, en los dos últimos años y en el que viene, las 1.200 plazas de jueces y fiscales, a las que hemos hecho referencia. Es decir, más que el número total de los seis o siete países de nuestra cultura jurídica. Si en su momento batimos este record con el llamado boom inmobiliario que nos llevó a la situación económica actual, parece que los rectores del sistema quieren emular la política de vivienda y producir una catástrofe semejante.
Si tenemos en cuenta que para el año 2010 se convocaron unas 350 plazas para soldados y marineros, y 270 de Policías Nacionales, consideraran conmigo que la cifra de Jueces es disparatada. Explicar a un anglosajón que nos proveemos de 400 jueces y fiscales anuales resulta difícil sin que expresen su perplejidad y una dura crítica ante tanta irresponsabilidad.
Se puede conciliar la necesidad de cubrir el déficit actual de jueces con políticas transitorias que permitan implantar el nuevo sistema con la convocatoria de un número racional de plazas de jueces. Ahora que se habla tanto de las políticas de prolongación de las edades de jubilación, impulsadas por la Unión Europea, creo que se debe atender esa propuesta y ordenar el deficiente panorama actual con políticas razonables y racionales que mantengan un número suficiente de jueces y fiscales, y unas convocatorias basadas, en la seriedad, fiabilidad y garantía de la selección.
Una solución, según mi criterio, pasa por extender la edad de jubilación a los 75 años, ya que la función no solo lo permite sino que lo aconseja. Si según los cuadros  que nos facilita el Consejo del Poder Judicial, en la franja de los 51 a los 60 años de edad existen 969 jueces y entre los 61 a 70 se computan 337, se tiene la posibilidad de que, durante cinco años, se disponga de esos trescientos y pico jueces, y más adelante, incluso de casi mil más. Ello haría que se frenase el ritmo dislocado de las convocatorias actuales.
Si a ello unimos la posibilidad de llamar a formar parte de forma temporal o transitoriamente, según los casos, de profesores universitarios o personas con larga experiencia profesional y valía contrastada para integrarse en los órganos colegiados, podríamos llegar a una cifra de alrededor de 1.000 plazas que serian renovables según necesidades u opciones personales. La franja actual de los que tienen una edad entre los 22 y 50 años alcanzan la cifra de 4.199. Esta recomposición de los cuadros de edad permitiría una convocatoria racional de unos 75 a 90 jueces y un número proporcional de fiscales que, sometidos al nuevo sistema de acceso permitirían ir conformando una plantilla acorde con nuestras necesidades.
Pero, no todos los males deben recaer en la persona de los jueces. Es imprescindible reformar la actual estructura procesal y organizativa que ahora se empieza a renovar de forma experimental sin saber cuáles van a ser sus resultados. Pero esta es otra cuestión que necesita un análisis específico y por separado a la vista de la reciente propuesta de 4 de Febrero de 2011, que pretende crear los Tribunales de Instancia.