La repentina dimisión como Presidente del Consejo General del Notariado de Antonio Ojeda, Decano del Colegio Notarial de Andalucía, y la vertiginosa elección como nuevo presidente del hasta ahora vicepresidente, Javier Guerrero, han vuelto a poner de manifiesto, con mayor evidencia si cabe, la urgente necesidad de reformar el procedimiento de elección de nuestro máximo representante.

"De la extensa relación de hechos y valoraciones que forman su rendición de cuentas se desprende una idea fundamental: el reconocimiento del fracaso de una gestión"

Mediante carta remitida por correo electrónico a todos los notarios el ya ex presidente explica los motivos que le han impulsado a presentar la dimisión. Habla de razones personales y profesionales (¿qué no existían hace dos años?) sin mayor especificación, pero una atenta lectura permite extraer sin mucho esfuerzo una serie de conclusiones muy claras. De la extensa relación de hechos y valoraciones que forman su rendición de cuentas se desprende una idea fundamental: el reconocimiento del fracaso de una gestión, ya sea por la falta de colaboración de sus interlocutores, desde el Ministerio de Justicia hasta los Registradores, como alega explícitamente, o por otros motivos, como no haber podido avanzar en conseguir la deseable unidad del Notariado. En cualquier caso, a nadie se le escapa, pese a que es comprensible que no se mencione, que la expresa desautorización realizada por los Tribunales de Justicia de la política llevada a cabo por el Consejo en materia de las llamadas "Compensaciones institucionales" ha constituido uno de los motivos determinantes.
Si ello es así no queda más que agradecerle el gesto de dimitir, tan poco habitual en los tiempos que corren, lo que le honra sin ningún genero de dudas. Pero es que el gesto se hace más grande por comparación, pues resulta obvio que las razones que justifican su dimisión se aplican exactamente igual al ahora presidente y a los miembros de su comisión permanente. Javier Guerrero no sólo ha participado activamente en una gestión fracasada, sino que, a diferencia del ex presidente, que tras el recurso al menos suspendió cautelarmente la percepción de las compensaciones, ha seguido cobrando su retribución por un concepto que el Tribunal Supremo declaró nulo en su momento y que el Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a considerar ilegal.

"Las razones que justifican su dimisión se aplican exactamente igual que al ahora presidente. Javier Guerrero no solo ha participado activamente en una gestión fracasada, sino que ha seguido cobrando su retribución por un concepto que el Tribunal Supremo declaró nulo"

Pero ya no es sólo eso, es que con perfecto conocimiento de una iniciativa de democratización ampliamente secundada por los notarios de España, ha aprovechado la renuncia anticipada del presidente, no para dar una oportunidad a la reflexión y al debate sobre la mejor solución a adoptar, sino para escamotearlo en su propio beneficio. Pese a ostentar la condición de vicepresidente y, en consecuencia, estar obligado a tutelar en interés de todos los notarios el proceso de elección del nuevo presidente, se apresuró a convocar la reunión que le ha designado con dos días de intervalo, no fuera a ser que surgiesen otras posibilidades. Verdaderamente, ha faltado incluso el más mínimo decoro.
Si alguien necesitaba una nueva prueba de la necesidad de continuar luchando por una mayor democratización dentro del notariado, gracias a la actuación de nuestro nuevo presidente la tiene ahora delante. Tras lo ocurrido la pelota está ya en nuestro tejado. Debemos reflexionar sobre si estamos dispuestos a asumir pasivamente tal estado de cosas y contemplar desde nuestra individual atalaya como continua la progresiva descomposición de nuestra función y de nuestra condición profesional, o, por el contrario, si vamos a hacer algo para evitarlo. Tenemos ahora una oportunidad, justa y apropiada, y puede que no haya muchas más.