DEMOCRACIA EN EL NOTARIADO

La jornada sobre la elección del Presidente del Consejo General del Notariado celebrada en el Colegio Notarial de Madrid, con su secuela de opiniones y comentarios recogidos en el último número de esta revista, refleja una saludable preocupación del conjunto del notariado por la participación en las instituciones rectoras de la política notarial. Esta inquietud viene sin duda motivada por una situación de división y enfrentamientos en el seno del Consejo General del Notariado y los colegios notariales, donde no le logra un consenso critico, una racionalidad común, que sin duda debería ser posible, y los notarios podemos y debemos exigir. Todo ello esta provocando la incomprensión y el rechazo de la gran mayoría de los notarios.

"La situación de división y enfrentamientos en el seno del Consejo General del Notariado ha provocando la incomprensión y el rechazo de la gran mayoría de los notarios"

Ahora bien, es importante alertar contra el riesgo de que, ante el descontento con la actual situación de las instituciones notariales, se quiera simplemente sustituirlas por otras, sin una reflexión rigurosa sobre el funcionamiento de las mismas. Porque a mi modo de ver, las soluciones propuestas adolecen de una grave ausencia de análisis sobre los efectos de cada sistema organizativo. Y con ello, se propugnan unas alternativas que seguramente agravarían, más que solucionar, los problemas actuales.
Preocupa, ciertamente, el riesgo de déficit democrático en la actual organización de la Junta de Decanos y el Consejo General del Notariado, por cuanto sus decisiones se adoptan mediante el voto de cada uno de los l7 decanos, sin consideración alguna hacia el peso representativo que el respectivo Colegio tiene en el conjunto del notariado. Aunque hasta la fecha esta situación no ha causado la distorsión entre el efectivo resultado de la votación y el peso de los colegios cuyos decanos apoyaban cada acuerdo, a nadie se le oculta que, como con señala el Decano del Colegio de Madrid en un artículo publicado en esta misma revista, la actual situación bien podría propiciar que una mayoría de decanos que represente sin embargo a una exigua minoría de los notarios pueda en el futuro bastarse por si misma para elegir al Presidente del Consejo y dirigir los destinos del notariado.

"A juicio del autor las soluciones propuestas adolecen de una grave ausencia de análisis sobre los efectos de cada sistema organizativo. Y con ello, se propugnan unas alternativas que seguramente agravarían, más que solucionar, los problemas actuales"

De este modo, se propone como alternativa la elección directa del Presidente del Consejo General del Notariado mediante el voto individual de cada Notario. Los distintos candidatos, junto con sus respectivos equipos, presentarían al cuerpo electoral y debatirían sus programas de actuación futura. Ello permitiría el contraste abierto entre sus programas, y solucionaría el problema del déficit democrático, dado que el voto de los 3000 notarios tendría el mismo valor. Y como solución para el problema de los controles, se propone la creación de un órgano consultivo, sea la Junta de Decanos u otro análogo, cuya opinión sobre la política notarial tendría que ser periódicamente escuchada por el Presidente, y que además tendría la potestad de remover al Presidente mediante una moción de censura. Y a ello se añade el dato de que, en último término, el control del Presidente se ejerce directamente por los notarios a través de la votación, ya que no reelegirían al Presidente cuya labor de gobierno consideraran reprobable.
Sin embargo este sistema generara un acuciante peligro de déficit en los controles de la gestión del Presidente y su equipo, y a la vez de reducción de la participación del cuerpo social en la toma de decisiones. Por ello, considero preferible el sistema de elección indirecta del Presidente y control, tanto de este como de la Comisión Delegada que constituye su principal apoyo, por los mismos decanos. Obviamente, mediante un sistema que pondere el voto en función del numero de notarios que integren el respectivo Colegio, para superar el riesgo de déficit democrático que la actual situación presenta. Seguramente, lo preferible sea un sistema de doble mayoría: mayoría de votos emitidos y mayoría ponderada, que, además de solucionar el problema del déficit democrático, tendría el doble efecto de evitar que los colegios de pequeño tamaño se vieran fagocitados por los grandes y de obligar a obtener más amplias mayorías de consenso. En rigor, no puede decirse que resulte mas democrática la votación directa que una elección indirecta correctamente organizada, ni cabria sostener que el Presidente francés goce de una mayor legitimidad democrática que el Presidente americano o el Canciller alemán debido al distinto sistema de elección.
Dos factores resultan imprescindibles para garantizar el funcionamiento correcto y verdaderamente democrático de una institución que represente intereses colectivos: la representatividad democrática de los electos, y el control mediante un sistema de checks and balances del poder que éstos ejercen, y por tanto de las instituciones a las que se atribuye dicho poder. Cuando falla cualquiera de los dos quiebra la misma democracia, y el sistema se ve abocado al fracaso, a los abusos o incluso al control autoritario por los grupos que acceden al poder. La representatividad democrática no se asegura simplemente por que cada cuatro anos los gobernados puedan elegir una entre las listas que se les presentan.
Pues bien, el sistema de elección directa del Presidente presenta tres graves problemas: debilita la participación de los notarios en el proceso electoral, aunque pueda parecer lo contrario; debilita gravemente los controles sobre quien ejerza el cargo; y genera un peligroso desajuste en la articulación institucional del notariado.
En primer lugar, la elección directa del Presidente y su lista conducirá a que en último término la designación de los candidatos a Presidente y de los miembros que forman sus respectivos equipos se acabe realizando por dos o tres reducidos círculos dentro del notariado, con una mínima participación del conjunto de los notarios. El riesgo de preponderancia de las "camarillas" que se denunciaban en la Jornada del Colegio de Madrid sería de este modo mucho mayor, al quedar el papel del resto de los notarios reducido a la elección entre una u otra de las listas presentadas por esos grupos.
Por el contrario, la elección del Presidente a través de la votación de los decanos traslada de hecho, y así ha ocurrido en las ultimas ocasiones, el debate sobre las personas y sus respectivos programas a cada uno de los colegios: tanto al proceso de elección del Decano como a los ulteriores debates en el seno de su Junta Directiva, y con el resto de los notarios del Colegio, que siempre tienen una comunicación mucho mas directa con su Decano y su Junta Directiva que con el reducido circulo de notarios, frecuentemente de otros colegios, promotor de la lista y el programa para la votación directa.

"El autor propone un sistema de doble mayoría: mayoría de votos emitidos y mayoría ponderada, que, además de solucionar el problema del déficit democrático, tendría el doble efecto de evitar que los colegios de pequeño tamaño se vieran fagocitados por los grandes y de obligar a obtener más amplias mayorías de consenso"

En segundo lugar, el sistema de control del Presidente del Consejo General del Notariado será sin duda mucho más endeble, por no decir prácticamente inexistente, en un sistema presidencialista. Porque si el Presidente, con el equipo designado por él mismo, tiene la competencia de ejecutar la política del notariado, adoptando las decisiones frecuentemente urgentes que ésta requiere, y la Junta de Decanos es un simple consejo consultivo u órgano accesorio de control del Presidente, se hace enormemente difícil que ésta pueda realizar un seguimiento cercano, continuo y detallado de su gestión; que participe desde su génesis en las ideas, proyectos y propuestas legislativas que mas interesen al notariado; y por todo ello no tendrá capacidad de influir en la actuación de un Presidente que cumple con "escucharle" periódicamente. Así, seria casi imposible, que esa Junta de Decanos meramente consultiva llegue a adoptar la grave decisión de censurar la gestión y remover a un Presidente y su equipo que en una elección hayan obtenido el respaldo del mas del 50% de los notarios.
Por el contrario, si los decanos designan entre ellos al Presidente y forman un cuerpo colegiado que no solo apoya y asiste a éste, sino que, al lado del gabinete, interviene activamente, día a día, en la generalidad de las actuaciones y de las decisiones estratégicas del Consejo, se comprende fácilmente que este cuerpo, imbricado por definición en el conjunto del notariado a través de los diecisiete colegios notariales, y no necesariamente uniforme y homogéneo, es mucho mas idóneo para controlar e influir en la actuación y decisiones del Presidente, y para censurar a dicho Presidente y poner en su lugar a otro, cuando se esté apartando de la línea que la mayoría de decanos consideran que debe seguir su política.

"La elección directa del Presidente presenta graves problemas: debilita la participación de los notarios en el proceso electoral, debilita los controles sobre quien ejerza el cargo, y genera un peligroso desajuste en la articulación institucional del notariado"

Un sistema de elección, participación activa y control de la labor del Presidente por la Junta de Decanos presenta por todo ello la ventaja frente al sistema de equipos y listas cerradas de que propicia en una medida sensiblemente mayor el poder difuso, extendido y repartido por todo el tejido del notariado. Y esto sin duda redundara en el mayor acierto de las decisiones estratégicas que la dirección del notariado debe continuamente adoptar. Recordemos como importantes pensadores políticos (Tocqueville, Hayek) han defendido esa idea de la primacía del poder difuso en la sociedad sobre el poder ejercido por las elites, aunque sean las más capacitadas.
Finalmente, la elección directa del Presidente del Consejo genera importantes problemas de articulación de las instituciones que no pueden ignorarse. Se afirma que es el sistema más adecuado para dotar al notariado de unas instituciones representativas dotadas de la necesaria agilidad y eficacia en su actuación. Esta afirmación sin embargo no deja de ser algo irreal, porque en la actual organización del Consejo se dispone efectivamente de unos mecanismos exactamente igual de resolutivos; y de hecho, la critica que frecuentemente se les dirige es que son excesivamente resolutivos, y que no atienden suficientemente a las opiniones discrepantes que siempre surgen y surgirán en el seno de la Junta de Decanos.
Pero sobre todo, una organización basada en un Presidente con su equipo, mas una Junta de Decanos meramente consultiva y controladora, tendría el inconveniente de que desarticularía al conjunto de los colegios notariales, convirtiéndolos en reinos de taifas donde cada Decano gestiona independientemente la política que interesa a su respectivo Colegio, sin coordinarla con los demás. Ello resulta muy peligroso, ya que actuaciones como la negociación con la respectiva Comunidad Autónoma en materias tan importantes para el notariado como la liquidación telemática, las cooperativas o el urbanismo requieren sin duda una actuación concorde de todos los colegios. Esa uniformidad se puede lograr en una medida razonable con una Junta de Decanos que como órgano nuclear del Consejo General del Notariado participe en la elaboración de su política; pero sin duda se perdería con una Junta meramente consultiva.
Toda esta problemática puede ser de importancia crítica para el futuro del notariado. Vivimos en una sociedad en transformación permanente y acelerada, y hay que ser conscientes de que la función notarial debe adaptarse adecuadamente al nuevo entorno social que en cada momento se va presentando para conservar su relevante papel actual y no verse reducida a la marginalidad. Y posiblemente, ello exigirá no solo grandes sacrificios, sino incluso transformaciones esenciales que resultaran difíciles de digerir por los notarios. Por ello resulta de importancia extraordinaria que quien adopte esas decisiones sobre el futuro del notariado lo haga a partir de una visión lo más amplia y participativa posible.
Para concluir, todos somos conscientes de que si se discute en la actualidad el proceso de designación de los órganos directivos del notariado, ello se debe a la insatisfacción con el funcionamiento de éstos en los últimos años. En mi opinión, sin embargo, ello se debe a un mal uso que se está haciendo de esas instituciones por parte de quienes participamos en ellas, y no a la inadecuación de las instituciones mismas (dejando de lado el evidente problema de la necesidad de ponderación del voto de los decanos). Por ello, creo que hay que ser prudentes, e inteligentes, para no reaccionar cambiando el actual sistema por otro que, si se repitieran las mismas formas de comportamiento que lamentablemente el notariado esta presenciando en los últimos tiempos, realmente agravaría el problema que hoy tenemos. Piensen quienes discrepan con la línea de los actuales órganos rectores del notariado qué ocurriría si esas mismas personas de las que discrepan, en lugar de haber sido elegidas por una Junta de Decanos que mes a mes les somete a control, lo hubieran sido mediante la elección directa a través del voto de los 3000 notarios, de forma que una vez obtenido el voto del 57% de los notarios no se vieran en la necesidad de someter su gestión a una participación activa y critica de unos Decanos que les nombraron y pueden en cualquier momento removerles.