JAVIER GÓMEZ TABOADA
Abogado tributarista y miembro del Consejo Asesor de la AEDAF

FISCAL

A principios del mes de mayo se celebró en Valencia el Congreso Tributario que, coorganizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), alcanzó ya su séptima edición. Al igual que en ocasiones anteriores, el Congreso tuvo como escenario la Comunidad Valenciana, una localización especialmente idónea para poner en común las controversias fiscales (numerosas y siempre complejas) que inquietan a los asesores fiscales -los primeros en la aplicación del voluble Derecho Tributario- y a los magistrados -que, al revisar el consejo dado por aquellos, son los últimos en la práctica de esa misma disciplina jurídica-, pues precisamente de esa Comunidad Autónoma provienen muchas de las novedosas tendencias jurisprudenciales que, generando el deseable debate, crean opinión y ayudan a abrir nuevos caminos en la particular hermenéutica fiscal. Todas las ponencias, que al exponerse a dúo entre un asesor y un magistrado plasman sus distintas sensibilidades sobre un mismo asunto, versaron sobre diversos temas de candente actualidad: la retroacción de actuaciones, la nueva configuración del delito fiscal, la responsabilidad patrimonial ...

"Nos encontramos  ante una disyuntiva histórica entre un andamiaje legal de carácter garantista o un sistema de corte innovador que primaría la ágil efectividad"

Además, el Congreso no fue ajeno a la realidad que nos toca vivir siendo así que también se planteó abiertamente el debate sobre el grado de validez de nuestro modelo jurídico. Y es precisamente por ello por lo que en esta ocasión estimo oportuno dejar a un lado el análisis de algún concreto aspecto de la práctica fiscal (objeto habitual de mis periódicas colaboraciones en NOTARIO) para, cogiendo cierta perspectiva, intentar exponer aquí las bases del dilema legal que se suscitó en Valencia pues todo parece apuntar que nos encontramos -y no sólo en el ámbito tributario, que también- ante una disyuntiva histórica dado que debemos optar entre un andamiaje legal de carácter garantista (que es el demandado por nuestra tradición y cultura pero que la experiencia ya ha demostrado que requiere -so pena de colapso, más pronto que tarde- la urgente inversión de elevadas sumas para paliar su secular carencia de medios) o un sistema de corte innovador que primaría la ágil efectividad en detrimento de las clásicas garantías.
Este debate filosófico-conceptual, y no otro, es el que ha avivado el ya célebre Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal que (tal y como bien apuntaba José Antonio Rodríguez Álvarez en su artículo publicado en el nº 36 de NOTARIO) trae origen del "Plan de modernización de la Justicia" aprobado por el CGPJ ya en 2008. Y es que si en algo parecemos estar todos de acuerdo es en que las cosas ya han llegado a un punto de no retorno pues el grado de saturación de nuestro sistema judicial es tal que supone una seria amenaza para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Centrándonos en el ámbito contencioso-administrativo (el que atañe a esta sección porque es en esa jurisdicción en la que se dilucidan los asuntos tributarios), la controversia generada por la proyectada reforma legal se centra esencialmente en la esfera del recurso de casación pues, tanto la desmesura en la elevación de su cuantía en un ¡533%! como la introducción de una nueva causa de inadmisión (por tratarse de "cuestiones reiteradamente resueltas por el TS"), han traído consigo el temor -cuando no el pánico- a que finalmente la vía contenciosa se juegue a tan sólo una única carta judicial (sea en los TSJs o en la AN).
Pero este necesario y sano debate sobre nuestro esquema procesal no sería sincero sino abundara en los genuinos orígenes de esa desmedida litigiosidad que se encuentran en la creciente e imparable pérdida de seguridad jurídica. Parece indudable que este fenómeno (que en nuestro país ya adquiere tintes patológicos) conecta, a su vez, con la palpable hiperproducción legislativa: en efecto, hay diversos estudios que afirman que i) en España hay más de 210.000 normas vigentes¹; ii) ya sólo en 2010 se publicaron 291 leyes²; iii) en el período 1985/2008 el contenido de los BBOO se multiplicó por 7³; ó iv) que ya sólo Cataluña genera más normas que Alemania⁴. Y, además, debemos tomar consciencia de que este estado de cosas no es gratis sino que tiene un coste económicamente tangible⁵: por cada 100% de crecimiento normativo, las solicitudes de patentes caen un 80%, la productividad un 3´5% y las peticiones de aperturas de centros comerciales un 244% (quizá por eso el Presidente Mundial de IKEA afirma que "hay pocos países donde se tarde tanto en abrir una tienda como en España"⁶). Todo ello hace que España ya ocupe posiciones dudosamente honorables en diversos ránkings mundiales: 52º en cumplimiento de contratos⁷, 74º en la eficiencia del marco jurídico para resolver disputas⁸ ó 93º en protección jurídica a los inversores⁹.

"Este estado de cosas no es gratis sino que tiene un coste económicamente tangible: por cada 100% de crecimiento normativo, las solicitudes de patentes caen un 80%"

En mi humilde opinión no creo que estemos en condiciones de poder permitirnos el "lujo" de inmovilizar ingentes recursos -pendientes sine die de sempiternos procesos judiciales- ni de desperdiciar oportunidades que probablemente nunca volverán. Y, precisamente por ello, debemos reaccionar rápido y bien (más fácil lo primero que lo segundo). No creo equivocarme (¡ojala que sí!) al intuir que este drama no es más que un indicio -¡otro más!- de que nos encontramos ante el ya próximo final de algo ("de un mero ciclo o de toda una era") y, por tanto, también en el umbral de un futuro que nos deparará unas reglas de juego hoy aún desconocidas porque ¿alguien ha oído hablar de que en China la inseguridad jurídica (o algo que se le parezca) sea un problema?. Y es que, como dice un viejo proverbio oriental, "cuando el viento arrecia, unos se ponen a cubierto mientras otros construyen molinos".
De todo esto -y de mucho más- se habló en Valencia. Gracias al CGPJ y a la AEDAF.

¹ "Hacia una nueva codificación", Alberto Dorrego de Carlos (Letrado de las Cortes); ABC 28/12/2006.
² "Rosell tilde de excesivo que se aprueben más de 200 leyes al año" (Expansión 14/2/2011).
3 "Declaración Transforma España" (Fundación Everis 11/2010).
⁴ "La imprevisión por bandera" (El Mundo/Suplemento Mercados 27/2/2011)
⁵ WP-10 "Regulation, Productivity and Innovation in Spain", Francisco Marcos y Juan Santaló (Instituto de Empresa).
⁶ Entrevista publicada por XLSemanal 3/4/2011.
⁷ "Doing business 2010" (Palgrave Mc Millan, IFC y World Bank).
⁸ "Global Competitiveness Index 2010-2011" (The World Economic Forum).
⁹ "Doing business 2010" (Palgrave Mc Millan, IFC y World Bank).