FERNANDO GOMÁ LANZÓN
Notario de Cebreros (Ávila)

El sábado 14 de mayo, en Madrid, 26 personas, de muy diversas ideologías pero unidos por la convicción de que la independencia real de la Justicia frente al poder político es un valor fundamental en una democracia y de que se puede y se debe hacer algo para conseguirla, fundamos una asociación, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Se trata de 14 jueces y magistrados, y 12 de otras profesiones jurídicas. Estos son los nombres.

JUECES Y MAGISTRADOS:
Ernesto Carlos Manzano Moreno (Penal, Granada)
Raimundo San Adrián Otero (Penal, La Coruña)
Antonio Fuentes Bujalance (Mercantil, Málaga)
Esther Fernández Arjonilla (Primera Instancia e Instrucción, Estella)
Elena Corral Losada (Audiencia Provincial, Las Palmas)
Gemma Vives Martínez (Primera Instancia, Barcelona)
Jesús Manuel Villegas Fernández (Instrucción, Guadalajara)
Federico Vidal Grases (Contencioso- Administrativo, Barcelona)
Eloy Velasco Núñez (Central Instrucción, Audiencia Nacional, Madrid)
Julia Patricia Santamaría Matesanz (Penal, Madrid)
Alfonso Alvarez-Buylla Naharro (Primera Instancia e Instrucción, Cangas del Narcea)
Benjamín Monreal Híjar (Adscripción territorial, Zaragoza)
Concepción Ceres Montes (Penal, Valencia)
Antonio Videras Noguera (Contencioso- Administrativo, Granada)

OTRAS PROFESIONES JURÍDICAS:
Andrés de la Oliva Santos.- Catedrático de Derecho Procesal.
Jesús Bobo Sánchez.- Profesor de Derecho Administrativo.
Soraya Callejo Carrión.- Abogada y profesora de D. Procesal.
Enrique Gimbernat Ordeig.- Catedrático de Derecho Penal.
Javier Nart Peñalver.- Abogado y periodista.
Fernando Gomá Lanzón.- Notario y coeditor del blog de esta revista "¿Hay Derecho?" (www.hayderecho.es)
José María Asencio Mellado.- Catedrático de Derecho Procesal.
Miguel Olmedo Cardenete.- Catedrático de Derecho Penal.
Pedro Butrón Baliña.- Profesor de Derecho Procesal.
Ignacio Gordillo Alvarez-Valdés.- Fiscal excedente y abogado.
Jaime Vegas Torres.- Catedrático de Derecho Procesal.
Esperanza Gallego Sánchez.- Catedrática de derecho Mercantil y miembro de la Comisión General de Codificación.

La Plataforma es una asociación en sí misma apolítica. Tiene siete objetivos básicos, entre los cuales está la elección democrática por los jueces y no por los políticos de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial: jueces decanos, presidentes de audiencias y de tribunales superiores de justicia, salas de gobierno así como de los doce vocales de procedencia judicial de los veinte que integran el CGPJ, y en general se propone, asimismo, defender la efectividad del Estado de Derecho, la sumisión de los poderes públicos al imperio de la ley, la interdicción de la arbitrariedad y la igualdad ante la ley. Se trata de los mismos objetivos ya expuestos en un documento firmado en 2010 por unos 1400 jueces, y llamado "Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial", el cual no tuvo la difusión que tanto su contenido como sus firmantes.

"La Plataforma es una asociación en sí misma apolítica"

Cuando comento la creación de esta asociación, recibo con frecuencia una respuesta mixta, algo así como "¡Qué idea tan magnífica! Hacía mucha falta una iniciativa como ésta. Lástima, sin embargo, que no vaya a servir de nada". Estas afirmaciones aparentemente contradictorias suelen provocar una leve turbación en mi mente cartesiana ¿Cómo puede ser magnífica una idea que es una completa inutilidad? Tras meditarlo en profundidad, he llegado finalmente a la conclusión de que lo que quieren decir es que sería una gran idea .. si no fuera porque estamos en España.
Imaginemos que existe un roble centenario muy apreciado en, pongamos por caso, Wisconsin, EE.UU, que tiene el peligro de ser talado para hacer una carretera. A la semana se habrá formado una asociación de defensores del roble, cuyos miembros se reunirán con sus representantes en el Congreso, rodearán el árbol, se encadenarán a él y realizarán todo lo realizable para evitar lo que consideran un atropello. En Estados Unidos los ciudadanos son muy individualistas en el sentido de que no esperan que la administración pública vaya a sacarles las castañas del fuego por su propia iniciativa; de hecho, desconfían bastante de ella y la ven como un peligro para su propia libertad, de modo que si quieren que  algo ocurra, lo que hacen en constituirse como sociedad civil organizada y presionar de esta manera a los poderes públicos para que les tomen en consideración. Toda esta manera de actuar se encuentra en el origen mismo de esta nación, la conquista del Oeste es la historia de miles de aventureros que han buscado su fortuna en las nuevas tierras y que han tenido que valerse por sí mismos en todos los sentidos, sin esperar -y probablemente sin querer en muchos casos- que un Estado débil actuara como su protector.

"Se trata de una asociación que surge ante el espectáculo de la extremada politización de la Justicia en España"

En España suele decirse que somos también muy individualistas, pero mi impresión es que no es cierto que lo seamos en el mismo sentido que los norteamericanos. Aquí ha existido desde siempre y a lo largo de los siglos una fuerte estructura de poder público. Frente a él, podemos ser rebeldes o beligerantes, pero tendemos a creer que no es posible alterar sus designios salvo por medio de una revolución que lo vuelva todo del revés. Desconfiamos de que los ciudadanos asociados, organizados como sociedad civil fuera del ámbito de influencia del poder -es decir, sin subvenciones, ventajas, trampolines políticos, etc.- sean capaces de influir en las decisiones públicas. Y eso le viene muy bien al propio poder. Asociarse en España para plantear reivindicaciones políticas, sociales o económicas -fuera de la comodidad y el anonimato de los grupos de opinión que se forman en las redes sociales- es algo poco frecuente, y un indicativo de la debilidad de nuestra sociedad civil.  No se trata de mitificar a la sociedad americana, que tiene también sus puntos oscuros, pero esa vitalidad propia que actúa con gran independencia frente al poder político es algo de lo que deberíamos aprender.
Volvamos no obstante a la Plataforma, tema principal de este artículo. Se trata de una asociación que surge ante el espectáculo de la extremada politización de la Justicia en España, en manos de unos partidos que no están en absoluto a la altura de las circunstancias puesto que han utilizado su poder para manipularla en su propio beneficio, y con la meta de alterar este estado de cosas. Los fundadores somos gente de mediana edad y con cierta experiencia vital; con esto quiero decir que no somos ingenuos y sabemos perfectamente nuestras limitaciones; los objetivos son eso, objetivos finales, pero de lo que se trata es de dar pequeños pasos hacia ellos, de crear una institución que actúe al margen e independientemente de los poderes oficiales, y en este sentido asociarse, unirse a un proyecto común es, en sí mismo, un paso adelante.

"Creo firmemente, como digo en el post transcrito, que hay ocasiones en las que una persona está intimada a adoptar una postura ética con más intensidad que otras"

Dice Eduardo Punset¹ y lo suscribo plenamente: "no parece que guste a la mayoría o que conduzca a mejores horizontes la vieja división del país en derechas e izquierdas, que antaño condujo a la horrenda Guerra Civil. Es más importante contar y agruparse en torno a los que están por delante de los problemas más acuciantes -como los sistemas de representación democrática, la reforma educativa, el medio ambiente o la energía- que los que siguen detrás, defendiendo viejos mitos inservibles en el mundo moderno como el control del estamento jurídico por los partidos políticos. Es de sabios aceptar que se cometió un error en la transición política extendiendo el poder de los partidos políticos para controlar a los estamentos judiciales. Se violó el principio sacrosanto de la separación de poderes para dar mayor peso a instrumentos como los partidos políticos, que apenas habían existido durante el franquismo. Fue un error descomunal de cuya importancia no se percataron los políticos procedentes del franquismo, pero que habían aceptado el objetivo de la restauración democrática."
Fue un gran error desde luego, pero la mayor parte del mismo no estriba en mi opinión en el mismo hecho de poner en manos de los partidos políticos el control judicial. Bien utilizada esa atribución, el sistema podría haber funcionado de manera correcta. El problema ha sido que los partidos han utilizado ese enorme poder de manera irresponsable, interesada y antidemocrática. Según el filósofo Javier Gomá Lanzón -a la sazón hermano de quien esto les escribe- todos los seres humanos estamos inmersos en una red de influencias mutuas, todos somos ejemplos para todos, lo queramos o no, lo que significa que somos responsables de la influencia que ejercemos en los demás; pero no todo ejemplo es positivo, sino solamente aquél que es una recomendación de virtud (ejemplo ejemplar o ejemplaridad). Los políticos, sigue diciendo, tienen un poder coactivo sobre sus conciudadanos y su ejemplo despliega un superior impacto moral en su círculo de influencia, lo que conlleva una mayor imperativo de ejemplaridad: no solamente deben hacer leyes ejemplares sino comportarse de manera ejemplar, creando costumbres que son una forma de gobernar incluso más duradera que las propias leyes coactivas, puesto que éstas ejercen compulsión sobre la libertad externa de los ciudadanos, en tanto que las costumbres entran en su corazón y lo reforman (Ejemplaridad Pública, 2009).
Tengo por evidente que en lo que se refiere a la preservación de la independencia de la Justicia, los políticos no han estado a la altura del imperativo moral al que debían someterse: han creado una legislación que podría haber cumplido su función adecuadamente, pero se han comportado ofreciendo un ejemplo nefasto, un antiejemplo, que despliega su influencia negativa por toda la sociedad. En esta situación y como reacción social frente a ella, nace, con toda su modestia, la Plataforma.
En un post que publiqué el pasado día 30 de mayo en el blog de esta revista ("¿Hay Derecho?")², escribí a este respecto: "La Plataforma es una asociación, y obviamente necesita asociados que la hagan crecer y nutrirse de su apoyo y de sus opiniones -en especial las críticas constructivas, que permitan rectificar lo que no se esté haciendo bien-. Si tú, lector, eres un jurista o simplemente un ciudadano preocupado por el estado de la Justicia en España, y sientes la necesidad de hacer algo, de actuar, entonces asociarse es dar un paso adelante, fijar una posición cívica y contribuir a crear una estructura que vaya desde la misma sociedad hacia arriba, cuando aquí estamos tan acostumbrados a que sea al revés.
No se trata por tanto solamente de obtener resultados a corto plazo y desanimarse si se cree irrealizable ese objetivo, sino de actuar éticamente, y con esa actuación crear costumbres éticas que expandan su influencia positiva como contrapeso a los otros ejemplos negativos. Hacer algo como ciudadano para mejorar la calidad de la justicia o apoyar lo que hacen los demás en esa dirección es, en sí mismo, ejemplar, y tiene gran valor.
Pero si tú, lector, eres juez, entonces estamos hablando directamente de lo tuyo. Qué duda cabe que no es perfecta, que podría hacerse de otra manera, que los objetivos básicos podrían ser otros, o que puede no salir nada de todo esto, pero lo cierto es que es algo real, no una mera idea, y que esta realidad, estimado lector juez, te interpela directamente a adoptar una postura ética, sin que el temor pueda ser un elemento que influya en la decisión (en el País Vasco hay concejales amenazados, insultados y vejados, son administrativos, trabajadores o amas de casa que defienden sus ideas pacíficas frente al fanatismo imbécil;  héroes que seguro que sienten temor y tienen derecho a llamarlo así. Nosotros, no).  Catorce jueces han dado el primer gran paso. No es el momento de los matices, no es el momento del silencio, no es el momento del cálculo. Es simplemente el momento de responder a esta interpelación ética con un sí o un no."
Creo firmemente, como digo en el post transcrito, que hay ocasiones en las que una persona está intimada a adoptar una postura ética con más intensidad que otras. El estado de la sanidad es España y su bien funcionamiento o su deterioro es algo que a todos nos incumbe, pero qué duda cabe que un médico está llamado con mayor fuerza a implicarse en los temas que tengan relación con ella. Del mismo modo, la Justicia llama para su regeneración con un carácter más imperativo a los que a ella dedicamos nuestra profesión para ser ejemplos ejemplares en el sentido antes indicado.
La asociación está fundada como se ha dicho por 26 personas, pero obviamente está abierta a la incorporación de nuevos socios, sean o no juristas. Tres semanas después de su puesta en marcha, los socios son ya más de 50, y entre ellos hay jueces desde luego, y también abogados, notarios, catedráticos, profesores, empresarios, estudiantes y abogados del Estado. Ser socio tiene un coste simbólico (15 euros al trimestre), que permita sufragar los gastos, y otorga los derechos habituales en cualquier asociación. Para ello o para solicitar más información, hay una cuenta de correo a la que dirigirse: pcijud@gmail.com.  La Plataforma dispone de página en Facebook y de Twitter; próximamente tendrá su web en funcionamiento.
Todos estáis invitados.

¹ http://www.eduardpunset.es/12917/general/las-infranqueables-murallas-del-mercado-politico
² http://www.hayderecho.es/Articulo248.asp