ANTEPROYECTO DE LEY DE SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO

El final de la legislatura suele ser un periodo especialmente complicado desde el punto de vista de la tarea legislativa. La proximidad de la disolución de las Cámaras y de la consiguiente convocatoria de elecciones exige ponderar con mucho tino el coste de oportunidad de introducir nuevas iniciativas, muchas veces valoradas exclusivamente en función de su impacto mediático y no tanto por su idoneidad técnica. Es algo casi lógico y normal, pero lo que no lo es tanto es la frecuencia con la que ciertos lobbys especialmente bien colocados buscan aprovechar esa marea para introducir, sin luz ni taquígrafos, disposiciones normativas que, tras una apariencia casi anodina, defienden intereses particulares muy concretos. Y cuando resulta que el muñidor de tales arreglos es ya directamente un alto cargo actuando en su propio interés personal o profesional, entonces el asunto adquiere una gravedad extraordinaria.
Pues bien, es posible que un anteproyecto de ley (sobre sostenibilidad del medio urbano e impulso de la seguridad jurídica), tramitado en el Ministerio de Fomento, se esté utilizando estos días como idóneo instrumento al servicio de esos fines. La iniciativa ha sido impulsada por la ahora Secretaria de Estado de Vivienda, antes Ministra del mismo ramo, Beatriz Corredor, que une a esa condición la de ser también registradora de la propiedad e integrante de una de las asociaciones registrales más agresivas contra el notariado. Quizás al lector imparcial -por mucho que estemos ya en esa era que Nietzsche anunciaba como “de la sospecha”- su filiación profesional y asociativa no le parezca determinante. Tiene razón, no debería serlo, especialmente cuando se ocupa un puesto de tal categoría al servicio del Estado. Pero si termina siendo cierto, como se comenta por fuentes bien informadas, que el anteproyecto prevé la supresión de la escritura pública en las obras nuevas y en las hipotecas (por la vía indirecta de creación de un nuevo tipo de garantía bajo la forma del crédito refaccionario) y la libre inscripción en el Registro de la Propiedad, no sólo de los documentos privados que formalicen esos negocios, sino también cualesquiera otros contenidos en un documento extranjero con simples firmas legitimadas, entonces, quizá, el lector imparcial convenga que el asunto merece cierta atención.

"El debate sobre el futuro de la seguridad jurídica preventiva no puede pretender resolverse unilateralmente por la vía indirecta de unas disposiciones aisladas en una ley de sostenibilidad del medio urbano"

Especialmente si tenemos en cuenta que estas medidas van radicalmente en contra de la línea que se ha venido siguiendo en Europa durante estos últimos años. En Francia, Italia, Holanda y Alemania, la tendencia es a fortalecer el documento notarial, tanto desde el punto de vista de su ejecutividad ante los tribunales como desde el punto de vista de su acceso a los registros. En Alemania y Francia no se permite que un documento notarial extranjero (menos aún uno en el que cualquier funcionario se limite a autenticar una identidad) pueda inscribirse si no ha sido validado por un notario nacional como garantía de conformidad al Derecho del lugar. Es más, la reciente reforma aprobada en Francia relativa al estatuto de los registradores de la propiedad (los conservadores de hipotecas), de la que se informa en este mismo número, ha supuesto su completa funcionarización, en la línea seguida antes por otros países europeos.
El problema, efectivamente, esta ahí. A diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, en España contamos con un poderoso cuerpo registral de funcionarios-profesionales con amplias competencias de control de legalidad de los negocios, y cuya estrategia obvia de supervivencia pasa por desvirtuar o eliminar cualquier control previo, especialmente el notarial. Es, desde luego, un problema que un buen día habrá que afrontar, pero pensamos que tras un debate integral, amplio y sereno, sin pretender resolverlo unilateralmente por la vía torticera de unas singulares disposiciones a una ley de sostenibilidad del medio urbano redactadas por alguien personalmente interesado en una concreta solución. La elaboración de normas, especialmente en temas de fondo como este que afectan al sistema hipotecario en su conjunto, exige una reflexión ponderada e imparcial que prime por encima de todo el interés público y eluda el riesgo de una utilización espuria de los órganos del Estado.