RESPETO A LA LEY

Sabido es que hay Estado de Derecho cuando las reglas de la convivencia las marca la ley y solo la ley, y que una democracia esta consolidada cuando la ley se respeta y cumple, o al menos se reconoce como única regla vinculante. Tan lejos quedan de los parámetros democráticos los sistemas dictatoriales revestidos de legalidad cuando ésta es manejada a su antojo por el dictador o el teócrata de turno como aquellos en que la ley fundada y estable no se respeta, ni siempre ni por todos.
También los gobernantes y los gestores de asuntos públicos están sujetos a estas reglas. Las potestades que reciben deben ser ejercidas siempre dentro del margen de la ley, sin reconocer más fuente vinculante de derecho que la reconocida constitucionalmente.

"Los últimos representantes del Notariado, refugiados en la seguridad de un asentimiento mayoritario de los miembros del Consejo, han actuado en un ambiente de impunidad y omnipotencia, sin respeto a la legalidad y bajo la aparente convicción de que el voto mayoritario"

Algo tan elemental no ha sido entendido por los últimos representantes del Notariado que, refugiados en la seguridad de un asentimiento mayoritario de los miembros del Consejo, han actuado en un ambiente de impunidad y omnipotencia, sin respeto a la legalidad y bajo la aparente convicción de que el voto mayoritario, aunque en este caso fuera de un cuerpo electoral tan escaso como poco representativo, sanaba todos los males y decidía mejor que el raciocinio la ley o la indagación, cuál era la verdad, cuáles eran los hechos y cuál era o debía ser la norma justa (sic).
Esto ha pasado con la opacidad en la gestión pública, con el oscurantismo de las cuentas del Consejo o con la gravísima decisión solo explicable en una política ciega por acrítica, de alejar del control del Pleno el funcionamiento de la OCP, de Ancert, de Serfides que ahora deberán ser revisadas,  recuperadas para la decisión colectiva y depuradas de responsabilidad llegado el caso.
Y esto ha pasado también con las llamadas compensaciones institucionales que, aún reconocidas como contrarias a la legalidad en los Consejos de años anteriores, fueron votadas en una decisión contra ley a favor del Presidente de entonces, J. Bolás, quien se abstuvo en la votación, pero las percibió desde el 1 de Enero de 2000 hasta 15 de Enero de 2005. Fue un acto de prepotencia frente a la ley, aunque fuera perpetrado con reticencias y se mantuviera en  opacidad.

"Sanaba todos los males y decidía mejor que el raciocinio la ley o la indagación, cuál era la verdad, cuáles eran los hechos y cuál era o debía ser la norma justa (sic)"

El Presidente siguiente, J. Marqueño, en 2005 mantuvo el sistema. De nada valieron las advertencias de que eran ilegales y que para percibirlas debía modificarse previamente el Reglamento. Presidente y Vicepresidente, A. Ojeda, fueron compensados con cantidades fijas, actualizables conforme al IPC. Otro acto de prepotencia frente a la ley que pretendieron subsanar vanamente  en la reforma del Reglamento modificando el texto del art. 344.
La anulación en el 2008 de esta reforma por el Tribunal Supremo y la doctrina que sentó al respecto, imponiendo una interpretación estricta de la prohibición reglamentaria, empeoró la situación. Pero los compensados y sus leales decidieron huir hacia delante. En otro impresentable Consejo de febrero de 2009, la mayoría habitual, a pesar de la advertencia de que el acuerdo sería impugnado de nulidad, acordó con el burdo argumento de que lo que percibían no eran retribuciones sino compensaciones, que la sentencia del Tribunal Supremo no les afectaba y siguieron cobrando. Otro acto de prepotencia, esta vez también frente al Tribunal Supremo de la nación.

"La suma de errores a que le condujo la defensa de unos cobros ilegales que él se vio abocado a defender le habían hundido irremediablemente"

El acuerdo, como se había anunciado fue impugnado y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2009 volvió a insistir: las llamadas compensaciones institucionales tal como las están percibiendo, caen de lleno bajo la prohibición del Reglamento Notarial y son ilegales. Pero también ahora decidieron seguir huyendo hacia delante, otra cosa era dejar al descubierto a sus mentores, que las habían percibido. Y en otro Consejo penoso, el de marzo de este año, la mayoría habitual, ya menos nutrida, insistió en que los pagos a Presidente y Vicepresidente no eran retribuciones, ahora eran  pagos a cuenta del resarcimiento de unos posibles daños futuros que demostrarían después, y tanto uno como otro siguieron cobrando en otro acto de prepotencia esta vez frente al Reglamento, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entrando cada vez más en el barro. Ojeda, cuando se temía el cambio en la forma de  elección de presidente, tuvo que dejar el cargo antes de que venciera el plazo, y Guerrero se apresuró a encaramarse a la presidencia, antes de que los demás pudieran reaccionar proponiendo alternativas,  asegurándose el grupo la presidencia por dos años más.

"En el ambiente del Consejo se iba abriendo camino la doctrina de los Tribunales de que las cantidades que percibían los beneficiados eran de la especie retributiva"

Pero el tema de las compensaciones seguía pendiendo.  Aunque no sin esfuerzos, en el ambiente del Consejo se iba abriendo camino la doctrina de los Tribunales de que las cantidades que percibían los beneficiados eran de la especie retributiva, y para que tuvieran carácter compensatorio o indemnizatorio deberían ser fijado ex-post y con demostración previa de los perjuicios causados e indemnizables. Pero el nuevo Presidente no tuvo el coraje suficiente para volver para atrás. Esclavo de sus mentores, se sintió incapaz de reconocer un error que dejaría al pairo a los que le habían precedido,  y continuó la huída hacia delante.
Llegó el día en que tenía que presentar ante el Pleno el memorial de perjuicios que justificarían las  compensaciones que habían percibido él y el presidente dimitido y para ello nada le importó recurrir a una pobre estrategia.  Redactó un documento que presentó por sorpresa en el acto del Pleno. Estaba redactado por personas sobre quienes tiene jerarquía. Y lo que es más grave, que no recogía la verdad, pues en ambos casos olvidaba la estadística de los notarios con lo que ambos preceptores estaban  asociados. Impuso que este documento no se votara por separado como se había hecho siempre sino juntamente con  las cuentas del Consejo (porque lo digo yo que soy el Presidente dio como argumento-base) para que computara su voto y el de Ojeda, ambos interesados directos, lo que le valió una moción de censura que aprobaron la mayoría de los presentes, con lo que conforme al Reglamento Notarial, quedó destituido. De nada le valió empecinarse en continuar con maniobras y torpes estrategias.  La suma de errores a que le condujo la defensa de unos cobros  ilegales que él se vio abocado a defender le habían enfangado irremediablemente. El asunto de las compensaciones le había estallado en las manos. No había más salida que la dimisión y esta por fin se produjo, bien que sin la nobleza exigible, pues fue forzada por una moción de censura mayoritaria que estaba presentada oficialmente al Libro Registro del Consejo y figuraba en el Orden del Día,  y que se hubiera activado si Presidente y Vicepresidente no hubieran dimitido  incondicionalmente. Lo hicieron, pero ya sin grandeza.
Se extingue aquí la dinastía de los compensados. Estamos seguros de que los nuevos dirigentes no percibirán, así lo han acordado,  compensaciones ilegales mientras no se reforme el Reglamento. La lección es clara: todos debemos respeto a la Ley. La mesa del Consejo no es fuente del Derecho.